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Cuando se habla de violencia policial, se piensa en los casos de tortura o gatillo fácil. Queda en segundo plano esa violencia cotidiana, sistemática, que ejerce la policía y que emerge en cada manifestación. Desde el 10 de diciembre de 1983, con el retorno de la democracia, la protesta pública ganó la calle en miles de marchas y concentraciones. Infinitas fueron las represiones violentas, al punto que una estadística parcial indica que desde esa fecha suman 54 los manifestantes asesinados, los heridos –muchos de ellos de gravedad– llegan al menos a 400 y las personas detenidas y maltratadas sólo por manifestar fueron miles. En ese contexto, los políticos de turno, radicales o peronistas, insistieron siempre en cargar las culpas sobre las víctimas, a las que llamaron “infiltrados”, “violentos”, “agitadores”, “trotskistas”, pero siempre que se investigó a fondo se comprobó que los asesinos llevaban uniforme.
Las excusas del poder político parecen primo-hermanas de las que esgrimió en su momento la dictadura, por ejemplo el 1º de abril de 1982. El entonces ministro del Interior Alfredo Saint Jean justificó la violencia policial que impidió el ingreso a la Plaza de Mayo de la marcha de protesta realizada por la CGT el 30 de marzo de ese año. “Fue una verdadera intención de gimnasia, no voy a decir terrorista pero no anda muy lejos: de subversión”. El 16 de diciembre otra brutal represión enlutó la marcha de la Multipartidaria para reclamar el retorno de la democracia. Ese día fue asesinado de un balazo el obrero salteño Dalmiro Flores, quien según la versión oficial “no acató la voz de alto que le impartió” un policía de civil que se bajó, frente al Cabildo, de un Ford Falcon de color verde. Ascencio Flores, el padre de Dalmiro, explicó que su hijo no era terrorista ni subversivo. “No escuchó la voz de alto porque era sordo.” El entonces jefe de la Policía Federal general Juan Bautista Sasiaiñ acusó a “grupos de agitadores” por los disturbios.
Luego del repliegue militar, la violencia siguió bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre de 1983. El mismo Alfonsín había encabezado una de las principales columnas en la marcha de la Multipartidaria, pero en enero de 1986 culpó a “sectores trotskistas” a los cuales “no les interesa la democracia” por los incidentes que terminaron con una violenta represión contra los asistentes a una marcha en repudio al banquero David Rockefeller. Algunos de los “trotskistas” integraban la columna que aportó la Juventud Radical. Un militante comunista recibió una perdigonada de balas de goma disparada “a menos de un metro de distancia”. En noviembre, el jefe de la Federal Juan Angel Pirker, un moderado en la fuerza, acusó a “grupos de ultraizquierda” (el nuevo latiguillo que reemplazó a “subversivos” o “terroristas”) por incidentes en la Facultad de Filosofía y Letras. La Federal tiró gases y balas de goma que hirieron a 26 estudiantes.
Fue durante el gobierno de Alfonsín que se produjo la primera gran matanza en democracia. En los saqueos de mayo de 1989 en Rosario, el Gran Buenos Aires y Tucumán, fueron asesinadas 14 personas y hubo 80 heridos. Una de las víctimas, Roberto Segovia, tenía 9 años. La información oficial dijo que murió “en un enfrentamiento con la policía” ocurrido en San Miguel. El niño tenía “una herida de bala de goma en la cabeza”.
El ex presidente Carlos Menem calificó de “delincuentes, forajidos y facinerosos” a los manifestantes que lo abuchearon durante un acto en Ushuauaia. Dijo que los tenía “perfectamente individualizados con nombre y apellido” y que eran militantes “del PC, el MAS, el Partido Obrero y del Sindicato de (Víctor) De Gennaro”. En junio de 1991, la represión tuvo como blanco a los jubilados que acampaban en la Plaza Lavalle, con Norma Plá a la cabeza. Fue el día de la recordada sesión de llanto del ex ministro Domingo Cavallo. El hoy presidente Eduardo Duhalde, por entonces vice, justificó el desalojo violento de los viejos diciendo que no creía”en una democracia tan permisiva”. Lo que más molestó a Duhalde fue que los jubilados llevaran “una vaca a una plaza pública”. El 12 de marzo de 1992, la policía reprimió a gremialistas y usuarios del servicio ferroviario durante una protesta en los andenes de Constitución. “En los incidentes intervinieron activistas que cumplieron la función de agitadores, como ejemplo el MAS y otras agrupaciones políticas”, dijo el ministro del Interior José Luis Manzano. En julio de 1993, el gobierno de Menem centró el accionar represivo en pobres que ocupaban predios en Belgrano para levantar viviendas precarias. Menem ordenó desalojos sin orden judicial. La Nación, reaccionaria pero legalista, volvió a reprochar: “Menem ordenó desalojar a los usurpadores por la fuerza. Una medida claramente antijurídica”. El ministro del Interior Gustavo Beliz abrió un sumario contra los policías que no habían hecho más que cumplir las órdenes verbales de Menem.
El 7 de septiembre fue desalojado en un operativo nocturno el predio de las bodegas Giol, en Palermo. El diario La Razón dijo que en el operativo intervinieron “50 efectivos policiales sin exhibir orden judicial”. El concejal de la UCeDé Julio Crespo Campos, justificó los métodos argumentando que los ocupantes estaban “en falta ante la Justicia”, por lo que “no tienen autoridad legal para reclamar una supuesta usurpación por parte de la policía”. Los jubilados volvieron a ser centro de la represión, esta vez en la marcha de los miércoles frente al Congreso. En los incidentes del 28 de octubre fueron apaleados jubilados, periodistas y algunos diputados, entre ellos Luis Zamora y Alfredo Bravo. El presidente Menem se enojó con los miembros del Congreso: “Los eligió el pueblo para legislar y no para salir a la calle a acompañar o alentar este tipo de hechos”. El entonces ministro del Interior Carlos Ruckauf afirmó que “no se puede juzgar a toda una institución por la actitud de dos o tres de sus integrantes”. Las justificaciones llegaron al ridículo cuando el 29 de octubre Ruckauf se presentó en un programa de ATC para mostrar un video donde un grupo de mujeres policías sugerían a los jubilados que desalojaran la calle: “Ven con qué respeto, con qué amor, con qué dulzura las chicas dijeron que subieran a la vereda”.
En noviembre y diciembre, las movilizaciones y la represión tuvieron como escenario a Santiago del Estero. Los disturbios, como siempre, terminaron con una clara victoria policial: hubo decenas de detenidos, 30 civiles heridos y cinco uniformados con lesiones. “Yo me pregunto si esto es producto de nuestros hermanos o de agitadores profesionales que son los que incitan a la violencia”, fue la reflexión de Menem. El 28 de mayo de 1994, la represión se instaló en el sur, en Río Grande. En la madrugada, 200 policías desalojaron con gases, bastones y balas de goma a 60 metalúrgicos que ocupaban la planta de la empresa Foxman Fueguina. “Mi policía no reprime”, afirmó el entonces gobernador de Tierra del Fuego José Estabillo, quien se encontraba en Buenos Aires. La violencia siguió en Ushuauaia en abril de 1995. Luego de una nueva represión, esta vez para desalojar una planta de productos electrónicos, la policía fueguina detuvo a varios manifestantes. El 12 de abril, los metalúrgicos hicieron una movilización frente a la jefatura de la policía de la provincia. En la represión murió Víctor Choque, un obrero que recibió un balazo en la cabeza. Otros 30 trabajadores resultaron heridos y tuvieron que ser internados. Como ocurre cuando la violencia estalla fuera de los límites de la Capital Federal, fuentes del gobierno central admitieron que los policías fueguinos actuaron con “ferocidad”. El castigo fue mínimo: el comisario Félix Polo, fue condenado a nueve años de prisión.
El 20 de febrero de 1996, en La Plata, se reprimió para evitar la concentración de estudiantes que protestaban contra la Asamblea Universitaria. La policía disparó balas de goma por debajo de la cintura, pegó culatazos y practicó detenciones masivas. Hebe de Bonafini tuvo querecibir dos puntos de sutura. El secretario de Seguridad de la provincia, Alberto Piotti, reflexionó en voz alta frente a la prensa: “Hay que evitar el cuerpo a cuerpo, seguramente también las balas de goma, y encontrar medios que permitan garantizar el orden reduciendo al mínimo el choque directo y la posibilidad de excesos”. Después se supo que el comisario mayor Basilio Holos, jefe de la Unidad Regional de La Plata, ordenó que salieran a patrullar “automóviles no identificables”. Por los hechos de violencia fueron sancionados el comisario inspector Julio Sáenz Saralegui, responsable del operativo, y otros 11 uniformados.
En abril de 1997, en Cutral-Có, fue asesinada de un balazo policial la empleada doméstica Teresa Rodríguez. El gobernador de Neuquén, Felipe Sapag, insistió en culpar por la violencia a los “activistas de izquierda que llegaron armados a la provincia” y también a la “inflexibilidad de sus reclamos por parte de los docentes”, que habían encabezado la protesta. La policía negó toda participación en el crimen. Después se comprobó que “varios policías estaban disparando con armas de fuego, aunque no se descarta que también algún manifestante pueda haber utilizado un revólver. De todos modos, no hubo efectivos policiales heridos de bala”. Desde Buenos Aires, el presidente Menem pontificó sobre los conflictos que se fueron sumando en el sur y en el norte del país: “El desempleo no puede ser cuestión de agitación”. En septiembre de 1998, un escrache de la agrupación H.I.J.O.S. al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, terminó con la policía llenando de gases la Facultad de Ciencias Sociales. En la causa que se abrió por ese caso, quedó demostrado que en cada “escrache” la Policía Federal moviliza “dos grupos de combate, un hidrante, un móvil para traslado de personas y una autobomba liviana”, además de una “Brigada Móvil de Video” que filma a los manifestantes (textual de la causa judicial). El jefe del operativo fue el comisario Oscar Montoreano, quien pasó a retiro y luego fue jefe de Seguridad de la Legislatura porteña.
A solo siete días de asumir el gobierno de la Alianza, en diciembre de 1999, en Corrientes hubo dos muertos, 50 heridos y 28 detenidos por la violencia de los gendarmes. El ministro del Interior de entonces, Federico Storani, consideró que “la responsabilidad principal (de lo ocurrido) es de los gobiernos corruptos”, en alusión a las autoridades correntinas. En abril de 2000, las cámaras de TV captaron en directo otra represión nocturna, esta vez a los camioneros que protestaban frente al Congreso por la reforma laboral. “Todo el país vio por TV cómo la policía atacaba con patadas y golpes de culata a manifestantes tirados en el piso y hasta el uso de navajas (en manos policiales) para amedrentar”. En noviembre de 2000, en Tartagal, fue asesinado de un disparo en la cara el piquetero Aníbal Verón. Así se fue llegando a los 32 homicidios, en todo el país, ocurridos el 20 y 21 de diciembre de 2001, durante las movilizaciones populares que provocaron la caída de Fernando de la Rúa, convertido en el presidente constitucional que más muertes lleva sobre los hombros. Ahora la historia se repitió con Duhalde y nada hace suponer que haya sido la última represión de una democracia.