El ministro de Salud bonaerense, Claudio Mate, señaló a Página/12 que está a favor de la despenalización del aborto y reveló que el desenlace del caso de L. M. R. lo defraudó. “Ahora no sé qué recomendarle a la gente: que haga como esta familia o que vaya por izquierda, porque la van a traicionar las instituciones públicas”, confesó Mate en una entrevista. Además, el funcionario denunció que no existe en la provincia de Buenos Aires seguridad jurídica para que los médicos realicen abortos “no punibles”. “Si algo saqué en limpio de este caso es que cualquier magistrado puede meterlos presos más allá de lo que diga el Código Penal”, afirmó.

–¿Vio la ecografía que le hicieron a la chica en el Hospital San Martín y que fue determinante para que los médicos desistieran de interrumpir el embarazo?

–No, no la vi, pero no hubiera tenido sentido porque no soy médico.

–A la chica le hicieron otra ecografía la semana pasada y determinó, según dijo la familia, que el embarazo está menos avanzado que el diagnóstico que dio el Comité de Bioética...

–El 2 de agosto a mí me comunicaron que según los cálculos el embarazo llevaba entre 19,5 y 20,5 semanas. Me dijeron que un feto de veinte semanas es inviable, pero que puede bajar con vida y hasta gemir por unos minutos. Y con asistencia podría llegar a vivir hasta un día. A no ser que por medio de inyecciones lo hicieran morir antes y no estaban dispuestos a hacerlo.

–¿Le dijeron que un feto de veinte semanas era inviable?

–Sí.

–Qué curioso, no es lo que transmitieron a la prensa. En realidad, argumentaron que no iban a interrumpir el embarazo porque ese feto podía tener sobrevida. ¿Recibieron presiones en el hospital?

–Las presiones existieron. El martes 1º, el conjuez Federico Domínguez, en una actitud inusual para un miembro de la Corte, salió a decirle a los médicos: “Miren muchachos que ustedes son los responsables” (de hacer el aborto sin el consentimiento del padre de la chica). Fue un mensaje intimidatorio. Al día siguiente a la mañana el director del hospital me comunicó que (Ricardo) De la Torre, el rector de la UCA, había ido hasta ahí y había presentado una carta, del mismo tenor que lo que había dicho Domínguez. En ese contexto se reúne el Comité de Bioética. Entonces, decido que es el momento de intervenir en el caso. Les planteo a los médicos que tomaran la decisión bajo el amparo del Ministerio de Salud y de todo el gobierno provincial y no bajo presión. Les digo que decidan teniendo en cuenta sólo el punto de vista de la Medicina y la Etica.

–¿Cree que las declaraciones del conjuez Domínguez y la carta del rector de la UCA influyeron en la decisión que tomaron?

–Ellos me aseguraron que no. Fíjese que la comunidad médica no cuestionó la decisión. Algunos, muy poquitos, la cuestionaron. Pero ninguno salió a decir: “Vengan, que yo lo hago” (al aborto).

–Hay que tener en cuenta que usted salió a decir que después de la decisión del Comité de Bioética del San Martín ningún médico de la provincia iba a interrumpir el embarazo de la chica...

–Lo que dije yo fue que la decisión de un hospital era la de todos los hospitales. La mamá con toda libertad puede ir a otro lado pero, insisto, ningún médico en toda la Argentina salió a decir: “Yo se lo hago”. Ninguno se va a arriesgar a hacerlo.

–Pero la interrupción del embarazo de L. M. R. tiene el aval de un fallo de la Suprema Corte bonaerense. ¿Eso no vale?

–En los zapatos de los médicos están los médicos. Si algo saqué en limpio de este caso es que cualquier magistrado puede meterlos presos más allá de lo que diga el Código Penal.

–¿Qué debería hacerse para que los médicos se sientan seguros?

–Un miembro de la Corte me dijo que el fallo sienta un precedente para que no haya judicialización de casos semejantes. Yo disiento con esa posición, porque algún juez puede considerar que hay que criminalizar al médico. Personalmente no tengo la certeza de que no vaya a ocurrir, porque conozco personalmente al Poder Judicial. Para cada ciudadano hay una ley distinta. Yo no puedo dar garantía de que algún médico no termine preso.

–Si algún médico estuviera dispuesto a interrumpir el embarazo de L. M. R., ¿usted ofrecería el quirófano de un hospital público bonaerense para que se realice el inducción al parto?

–Un médico de la provincia no está coaccionado para no hacer la interrupción del embarazo. Pero no sé si es legal ceder las instalaciones hospitalarias si es un médico del sector privado.

–¿Cuál es su posición con respecto al aborto?

–La criminalización de esta práctica no modifica la cantidad de abortos que se producen. Cada año se mueren 20 mujeres por abortos clandestinos en la provincia. Si no estuviera penalizado esas mujeres no se morirían.

–Entonces, ¿está a favor de la despenalización?

–No defiendo la legalización completa. Debería haber alguna regulación. La mujer no puede entrar al hospital como si fuese a hacerse las tetas o los labios. Una mujer o una pareja no resuelve realizar o no un aborto en función de que se trate de una práctica legal o ilegal. Esta es la última consideración que tienen, si es que la tienen. En el año 2005 en la provincia de Buenos Aires hubo 35 mil egresos en los hospitales por atención de abortos. Alrededor del 70 por ciento son interrupciones voluntarias. Nuestra hipótesis es que cada vez más abortos se inician en las casas con un medicamento: empiezan con el sangrado en sus casas y terminan el aborto en el hospital. Esto se está generalizando. Pero fíjese que el número de abortos atendidos en el sector público está en una meseta desde 2003. ¿Qué pasó ese año? Comenzó la implementación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Hoy hay 550 mil personas bajo programa. Aunque más del 90 por ciento son mujeres, hay un número creciente de hombres. Este programa es la principal medida contra el aborto.

–Los mismos sectores que se oponen a la despenalización del aborto también están en contra de la entrega masiva de anticonceptivos y principalmente de preservativos ...

–Esa es la mayor contradicción que tienen los sectores antiabortistas. Fíjese otra cosa: yo les quiero poner un DIU a cada una de las mujeres externadas de los hospitales psiquiátricos. Y para hacerlo tengo que pedirle permiso a los jueces que las tutelan. ¿Por qué puedo ponerles una vacuna contra la hepatitis y no un DIU?

–¿Hay alguna normativa que se lo impide?

–No, pero algún magistrado puede considerar que se han avasallado sus derechos.

–Usted estuvo con L. M. R. y su familia. ¿Qué sensación le quedó después de conocer personalmente su drama?

–Me sentí como Verónica, la hermana, defraudado. Ahora no sé qué recomendarle a la gente: que haga como esta familia o que vaya por izquierda porque la van a traicionar las instituciones pública.