La jueza de Menores platense Inés Siro no regresó a su despacho después de la feria judicial. Afectada por las repercusiones que tuvo su cuestionada actuación en el caso de L.M.R., la magistrada tomó licencia médica. Siro, además, presentó su renuncia a la Asociación de Magistrados bonaerenses por considerar que la entidad no le brindó apoyo luego del pedido de enjuiciamiento en su contra iniciado por dos diputadas que la acusan de impedir la realización oportuna del aborto de la joven con discapacidad mental embarazada por una violación.

Donde sí encontró respaldo fue en el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia. La jueza, que gusta posar como modelo tal como reveló Página/12 el domingo, pidió una reunión a esa entidad para exponer su situación. El encuentro se realizó el viernes. A su término se difundió un comunicado en el Colegio que expresó su respaldo a la magistrada, aunque aclaró que no se pronunciaba sobre “los fundamentos o el contenido de la sentencia”, que derivó en el pedido de jury. “La jueza interviniente actuó en el marco de la legislación vigente”, afirmó la entidad y cuestionó la “intromisión de funcionarios del poder político” en el tema. Además, los responsabilizó por eludir el debate del aborto. “Digámoslo claramente: la zona gris que sustenta el núcleo controversial en el caso del aborto subsiste porque el poder político rehúye la toma clara de posiciones respecto del tema y de la protección de la vida por nacer, trasladando la responsabilidad –y el costo de las decisiones que aquel debería adoptar– a médicos y jueces”, consideró en el comunicado de prensa la organización que agrupa a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial de la provincia.

Mientras Siro suma apoyos, las dos diputadas que impulsan su destitución presentaron ante la Suprema Corte bonaerense las adhesiones de 21 diputados nacionales al pedido de juicio político, entre otros, las radicales Silvana Giudici y Vilma Baragiola; Claudio Lozano (Emancipación y Justicia); la socialista Silvia Augsburger, y los y las kirchneristas Juliana Marino, Mercedes Marcó del Pont, Juliana Di Tullio y Edgardo Depetri, Julio Arriaga y Luis Ilarregui.

La semana pasada, la procuradora de la Corte, María del Carmen Falbo, mantuvo una reunión con legisladoras provinciales y nacionales en torno a la misma causa, en donde se le pidió un impulso al jury contra la jueza Siro. Con este escenario, el drama de L.M.R. (y los obstáculos que encontró en la Justicia para realizarse un aborto considerado no punible por el Código Penal) reabrirá el debate en torno al caso cuando se ponga en discusión la apertura del juicio político.

Lo que se le objeta a Siro es haber intervenido en el caso negando una autorización para abortar que no se le había requerido, cuando todo estaba dispuesto en el Hospital San Martín para llevar a cabo la interrupción del embarazo. En ese momento L.M.R. cursaba 14,4 semanas de gestación. “Pese a su innecesaria intervención, la jueza de Menores Siro dictó sentencia descartando toda duda acerca de la existencia del abuso sexual de la menor y puso de relieve que no es para ella admisible reparar esa agresión injusta ‘con otra agresión injusta contra una nueva víctima inocente como es el bebé’, fundamentándose en normas absolutamente inaplicables al caso”, escribieron las diputadas Conti y Rosso en el pedido de jury. Y agregaron: “La magistrada denunciada obró indebidamente obstaculizando un aborto que por la propia norma del Código Penal estaba contemplado y permitido”.