Desde un principio se supo que la audiencia pública por la contaminación del Riachuelo a la que convocó la Corte Suprema será multitudinaria, y aun así se siguen sumando protagonistas. El tribunal resolvió aceptar la participación en el caso de cuatro ONG a título de “terceros interesados”. En el plenario de ayer, además, aprobó un reglamento especial para el acontecimiento. “Son tantos temas y tanta la gente que queremos tener todo controlado”, dijo uno de los jueces. Para eso, Sus Señorías están, además, puliendo un largo listado de preguntas. Como adelantó Página/12, le pedirán a los gobiernos nacional, porteño y bonaerense que den precisiones sobre los plazos del plan de saneamiento de la cuenca. Y están decididos a que, si no ofrecen un cronograma de obras y acciones, ellos mismos lo van a establecer en el fallo que firmarán después de la etapa oral.

En una resolución que consensuaron en su reunión semanal, los jueces de la Corte informan que el objetivo “del proceso” es “la prevención, recomposición y el resarcimiento del daño causado al bien colectivo constituido por la cuenca de los ríos Matanza-Riachuelo”. Con esa idea, el 20 de junio último les exigieron a los tres estados involucrados que presenten un plan de saneamiento y a 44 empresas demandadas por la contaminación que brinden “información pública” sobre cómo tratan los desechos que producen y que ofrezcan “medidas concretas de recomposición del daño colectivo”.

Los gobiernos nacional, porteño y bonaerense ya presentaron su propuesta por escrito el jueves pasado. De las empresas, hasta ahora contestaron al menos diez y a varias todavía no les venció el término para hacerlo. Luego de esta etapa escrita vendrá la famosa audiencia pública, que en realidad no será uno sola sino dos o, quizá, también tres. La consigna es que cada uno de los participantes haga una exposición “sucinta”. Nadie podrá superar los veinte minutos de discurso. Para las tres administraciones y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) serán ochenta en total.

-La primera cita es el martes próximo. La inaugurarán los abogados de los 140 vecinos de la zona de Dock Sud –muchos de la Villa Inflamable– que iniciaron la demanda. A continuación, los gobiernos tendrán que explicar su plan de salvataje para la cuenca.

- La segunda parte será el 12 de septiembre. Para esta ocasión están citadas todas las empresas, aunque no tienen obligación de enviar a sus representantes. Después podrá hablar el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, y al final las cuatro ONG cuya inclusión en el juicio fue aprobada ayer: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Asociación de Vecinos de La Boca. En rigor, también habían pedido intervenir Poder Ciudadano, la Fundación Metropolitana y la Fundación Ciudad, pero el planteo fue rechazado por el tribunal, que entendió que sólo pueden ser admitidas las entidades que en sus estatutos incluyan metas ligadas a la protección del medio ambiente.

En el tribunal no descartan hacer una última audiencia el miércoles 13, si en los días previos el tiempo no alcanza. Es que, además de escuchar, harán preguntas y pedirán las aclaraciones que crean necesarias. De hecho, ya están armando el listado en base a los documentos que recibieron.

La Corte apunta a fijar un cronograma de saneamiento. Por eso, como adelantó este diario, a los tres Estados implicados les reclamarán precisiones sobre las etapas que piensan ejecutar y cuánto costaría. “No pretendemos que digan en cuántos años va a estar limpio el Riachuelo, pero podrían pautar fechas para los distintos programas que proponen”, dijo a este diario uno de los jueces. “Lo que presentaron es general, muy general”, cuestionó.

Según lo que hablaron en el acuerdo de ayer, los jueces también podrían indagar en un viejo tema: qué pasó con el préstamo que el BID otorgó –por cerca de 500 millones de dólares– para limpiar el Riachuelo cuando María Julia Alsogaray estaba al frente de la secretaría ambiental, cuánto se usó, cuánto se “redireccionó” y cuánto todavía se podría usar.

El plan oficial presentado a la Corte enumera programas para frenar la contaminación y sanear, cuyo cumplimiento estará a supervisado por una “Autoridad de Cuenca”. Abarca: la extensión de la red cloacal a los 14 municipios de la cuenca, sistemas de cañerías para proveer agua potable, la construcción de dos colectoras cloacales en las márgenes del Riachuelo y de una o más plantas depuradoras, la clausura de basurales, la limpieza de barcos abandonados o hundidos, la fiscalización de las actividades industriales, la reconversión de industrias y la relocalización de las más contaminantes (como las curtiembres y las del Polo Petroquímico).

La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, dijo el lunes último, que “no se puede hablar de plazos exactos”, pero seguro hasta 2015 habría obras de infraestructura. Se prevé, sostuvo, una inversión de 3000 millones de dólares.

Una vez que terminen las audiencias, la Corte analizará todo el material disponible y firmará una resolución. Si el plan con una progresión de fechas no surge de los gobiernos, lo más probable es que termine por definirlo el fallo, que también podría modificar todos los aspectos del plan que considere necesario y disponer medidas en relación a las empresas que contaminan. Deberán decidir, además, si establecen algún modo de reparación por el daño colectivo.

Las sesiones que empiezan la semana próxima serán en la sala principal de la Corte, en el cuarto piso del Palacio de Justicia mientras, en la planta baja, donde se hizo el Juicio a las Juntas, se podrá ver por pantalla gigante, en vivo y en directo, lo que sucede arriba. Los denunciantes tendrán diez asientos fijos, habrá cinco para cada gobierno, tres para cada una de las empresas demandadas y uno para el defensor del Pueblo.