Diversos factores sugieren una auténtica determinación del gobierno nacional en el sentido de encarar de una vez por todas los problemas ambientales que –como sostuvo durante años la actual secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Romina Picolotti– vulneran los derechos humanos. Pero también existen cuestiones que suscitan alguna inquietud.

No debe olvidarse que un aspecto central, quizás el aspecto central en todo proyecto de sanear el Riachuelo (o cualquier otro curso de agua), consiste en detener el vertido de efluentes industriales contaminantes, es decir: enfrentar poderosos intereses que sostienen prácticas propias de un capitalismo salvaje y corrupto, vinculado a su vez con sectores políticos y sindicales.

Para este dificilísimo propósito se admite la necesidad de una política de Estado, con sustento amplio. No parece probable que dirigentes como Mauricio Macri adhieran auténticamente a un proyecto de este orden, pero esto no dispensa de la necesidad del más amplio apoyo dentro del espectro político y de la sociedad civil. La recuperación del Támesis, como ejemplo emblemático, no quedó asociada con ninguna figura política en particular, sino con la voluntad y el esfuerzo de una nación.

Seguramente hay tiempo de tejer esta red sociopolítica imprescindible para la recuperación del Riachuelo-Matanza, cuyo próximo acto será la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para el 5 de septiembre; pero hay un aspecto que inquieta desde ya, y es la falta de acceso de la comunidad a información pertinente. El Gobierno no ha hecho público el texto completo del informe que, con miras a esa audiencia, presentó a la Corte (el domingo pasado, Página/12 dio a conocer sus ejes centrales). Una fuente próxima a la Secretaría de Ambiente justificó esta reserva “por respeto a los ministros de la Corte”: nada hace presumir que estos jueces se sintieran menoscabados por la difusión de un documento destinado a la discusión en una audiencia pública convocada por ellos. La falta de información pone en desventaja a las organizaciones y ciudadanos que, deseando participar en esa audiencia, no cuentan con datos que podrían serles necesarios para preparar con tiempo sus intervenciones.

El derecho a la información es parte de los derechos humanos con igual legitimidad que el derecho a un medio ambiente saludable. A veces se olvida que el derecho a la información es la herramienta que permite a las comunidades protagonizar el conjunto de sus derechos, sin quedar sometidas a las peligrosas bondades del paternalismo.