No resulta extraño que el último escalón de una investigación judicial finalice en el autor intelectual. A veintitrés años del fin de la dictadura militar, el mentor del plan económico que dio sustento al golpe militar del 24 de marzo de 1976 podría terminar sus días en prisión. Aficionado a la caza mayor, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz probablemente termine cazado. El juez federal Norberto Oyarbide declaró ayer la inconstitucionalidad del indulto con el que lo había beneficiado Carlos Menem en 1990. De esta manera podría ser procesado por su responsabilidad en el secuestro extorsivo que sufrió el empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto. Detenidos durante cinco meses a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, los Gutheim fueron presionados para concretar una exportación a Hong Kong. Esto le facilitaba a Martínez de Hoz el acceso a créditos millonarios. El magistrado también declaró la inconstitucionalidad del compañero de cacería de Martínez Hoz, el por entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy.

De esta manera quedaron sin efecto los sobreseimientos que ambos habían conseguido en diciembre del ’90, cuando Menem firmó los decretos que los beneficiaron con los indultos. Sobre ambos ya había sido dictada la prisión preventiva. Una medida que también había alcanzado a Jorge Rafael Videla. En los tribunales se repetía ayer que el indulto que benefició a Videla es un tema sobre el que Oyarbide decidirá en los próximos días.

Tanto Martínez de Hoz como Harguindeguy continuarán libres. La medida será apelada por los defensores y de esta manera comenzarán el lento camino que los llevará primero a la Cámara Federal, posteriormente a la Cámara de Casación y por último a la Corte Suprema de Justicia. En Comodoro Py se afirmaba ayer que los fundamentos a los que recurrió Oyarbide son similares a los que emplearon sus colegas Rodolfo Canicoba Corral, Sergio Torres y la Cámara Federal porteña en los casos de violaciones a los derechos humanos investigados en las causas del Primer Cuerpo y de la ESMA.

Basándose en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esos casos se afirmó que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto no pasibles de ser indultados por la voluntad presidencial. Dos salas de la Cámara Federal porteña confirmaron esa declaración de inconstitucionalidad en dos de los diez decretos de indulto firmados por Carlos Menem. En esos casos, los camaristas sostuvieron que los indultos son inconstitucionales porque son contrarios a los tratados internacionales ratificados por la Argentina. Tratados que obligan a perseguir y sancionar los delitos de lesa humanidad.

“El Poder Ejecutivo se arrogó en la dictadura la potestad sobre la fortuna y vida de los ciudadanos, que según el artículo 29 de la Constitución no pueden quedar a merced de un solo poder del Estado”, fue uno de los argumentos a los que llegó Oyarbide al desmenuzar el caso y que fueron repetidos ayer en los pasillos de Comodoro Py.

En noviembre de 1976 los Gu-theim fueron arrestados y puestos a disposición del PEN por un decreto que llevaba la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. La apelación a consolidar la paz interior, asegurar la tranquilidad y el orden público, así como preservar los permanentes intereses de la República formaron parte de los considerandos del decreto con el que se justificó la detención de los dueños de la algodonera Sadeco SA. Eran otros, los intereses que se pretendían garantizar detrás de esa detención. La dictadura culpaba a los empresarios por el incumplimiento con contratos de exportación algodonera a Hong Kong. El gobierno militar buscaba acceder a ese mercado para obtener millonarios créditos.

Los Gutheim habían sido detenidos el 5 de noviembre de 1976. Recuperaron su libertad cinco meses después: el 6 de abril de 1977. En ese tiempo deambularon por el Departamento de Policía y por la cárcel de Caseros. Aun estando detenidos, fueron entrevistados en varias ocasiones por funcionarios de la dictadura militar que trataron de convencerlos para que cerraran el acuerdo comercial con Hong Kong.

Cuando fueron indultados, tanto Martínez de Hoz, como Harguindeguy habían recibido prisión preventiva. El ex fiscal Ricardo Molinas había reclamado diez años de prisión para Videla. En todos los casos los cargos eran por privación ilegal de la libertad e intento de extorsión. El caso de los Gutheim salió de archivo luego de que la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Secretaría de Derechos Humanos reclamaran la inconstitucionalidad de los indultos.

En diálogo con este diario, Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga, sostuvo que “van a reclamar la detención de Martínez de Hoz y de Harguindeguy”. Para el abogado “la dictadura no fue sólo militar sino civil. Hay que avanzar sobre las implicancias económicas que ella produjo”. No es el de los Gutheim el primer caso en el que la búsqueda de un lucro económico aparecía encubierto por un hecho represivo. En el caso de los Gutheim también se vislumbra la búsqueda de otro tipo de rédito. Luis Alen, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, aplaudió la inconstitucionalidad firmada ayer por Oyarbide. “Es un paso adelante para terminar con la impunidad. Para avanzar sobre los responsables civiles. Hasta ahora no se había investigado a quienes impulsaron el golpe desde lo intelectual, a quienes se beneficiaron de él. La política neoliberal que subyacía a ese golpe fue responsable del genocidio. Por ello no es casual que la mayoría de los desaparecidos hayan sido trabajadores y militantes que resistían ese modelo”.

Uno de los pilares en la defensa de Martínez de Hoz, la tribuna de doctrina fundada por Bartolomé Mitre, afirmó a principios de julio en uno de sus editoriales que había una persecución contra Martínez de Hoz. Luego de señalar que se violaba el derecho de la cosa juzgada, de la prescripción y otros beneficios legales, La Nación aseguró que se pretendía vincular “la gestión económica con los delitos de lesa humanidad”. Con el paso de los años, todos aquellos que tuvieron roles destacados durante la dictadura se presentan más inocentes de lo que eran. Hace dos años, Martínez de Hoz negó que los grupos económicos y sus economistas buscaran a los militares para aplicar su plan. Incluso aseguró que un gobierno democrático tenía más posibilidades de llevar adelante su plan. Allí calificó a Menem y a Domingo Cavallo como los continuadores de su obra.