El dictador Jorge Rafael Videla permanecerá detenido hasta que vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Así lo estableció la Cámara Federal porteña al confirmar la prórroga de su prisión preventiva en la causa en la que se investiga el denominado Plan Cóndor de las dictaduras latinoamericanas para la persecución de políticos y militantes opositores. En julio un fallo de la Cámara de Casación había abierto el camino de la libertad de este genocida, por caso uno de los más emblemáticos del último gobierno de facto. Pero ahora, con la ratificación de la Cámara de su posición original y la del juez de instrucción, el caso queda en condiciones de ir a juicio oral.

Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani afirmaron que, en caso de ser liberado, Videla podría entorpecer la investigación mediante la destrucción de pruebas. Los magistrados coincidieron con el juez Guillermo Montenegro en cuanto a que el ex general, “al haber resultado máxima autoridad de la dictadura militar”, tendría que saber “el destino de los desaparecidos, si existen documentos o registros y el lugar donde se encuentran”. Por ese motivo, afirmaron que “en caso de recuperar su libertad tales documentos podrían ser destruidos”, al igual que los que estén “en nuestro país o en el extranjero”, ya que, por su función, el dictador “debería conocer otros integrantes de la asociación ilícita que se investiga” y que podrían encargarse de hacer desaparecer esas pruebas. El 21 de julio, el mismo tribunal confirmó los procesamientos de los máximos responsables del Plan Cóndor en Argentina, encabezados por Videla, a quienes se les imputaron los delitos de privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada. La medida alcanzó también a Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Luciano Benjamín Menéndez y Ramón Genaro Díaz Be-ssone, entre otros. En aquella resolución los magistrados realizaron un análisis de aquel operativo que fue “la relación ilegítima establecida entre los gobiernos y servicios de inteligencia” de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. En Casación les había pedido que “señalen las pruebas en peligro y la manera en que el imputado podría afectarlas”. Y así lo hicieron, poniendo el proceso en camino del juicio oral.