En San Juan parece imperar una teocracia. Por indicación expresa del ministro de Salud Roberto Correa, reconocido simpatizante del Opus Dei, no se distribuyen en los hospitales de la provincia los dispositivos intrauterinos (DIU) que envía la Nación. Actualmente hay almacenadas 5063 unidades que corren riesgo de vencerse, según pudo saber Página/12. Los kits de colocación de los DIU, que manda el ministro Ginés González García, son desarmados y utilizados sus componentes para otra finalidad. “Estamos en el Medioevo”, describió el médico ginecólogo Jorge Gil, del hospital de Los Berros, localidad minera a unos 80 kilómetros de la capital. Correa se ha manifestado públicamente en contra de la anticoncepción quirúrgica y su postura quedó plasmada como política pública: unos días atrás la provincia le negó a una mujer con cáncer de páncreas, que no puede volver a quedar embarazada porque su vida correría peligro, la realización de una ligadura de trompas aunque está vigente la ley nacional que legalizó esa práctica médica en todo el país (ver aparte). “Están vulnerando los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres”, consideró Valeria Islas, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde se acumulan denuncias de centros de salud sanjuaninos contra la política provincial en materia de salud reproductiva.

La Iglesia Católica está en contra de la entrega de los DIU y se opuso a la legalización de la anticoncepción quirúrgica. También rechaza la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), que recientemente aprobó el Senado y debe tratar la Cámara de Diputados. Los senadores sanjuaninos César Gioja y Roberto Basualdo votaron en contra de ese tratado internacional fundamental para la defensa de los derechos de las mujeres, en coincidencia con la posición de la jerarquía eclesiástica. Un año atrás, la Legislatura sanjuanina se había pronunciado en el mismo sentido, repitiendo los argumentos de los purpurados (ver aparte).

Hija monja

En la provincia se creó en 2003 el Programa de Salud de la Mujer, desde el cual se distribuyen en hospitales y centros de salud los anticonceptivos que manda el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pero Correa –es secretario de Salud pero su cargo tiene rango ministerial– dio la orden de que no entregaran los DIU. “Por indicación expresa del ministro provincial no se distribuyen ni se colocan dispositivos intrauterinos, con lo cual tampoco se distribuyeron los kits de colocación, insumo requerido en los efectores visitados”, confirma un informe interno del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva al que tuvo acceso Página/12. El paper detalla: “Existe una gran cantidad de insumos en stock, particularmente de DIU y kits de colocación”. Hasta el viernes, en el galpón de la farmacia provincial, donde se almacenan los medicamentos, había 5063 DIU, según pudo saber este diario. En los últimos días, el Ministerio de Salud de la Nación envió a la provincia 170 kits de colocación de DIU, pero las cajas son abiertas y desarmadas y sus implementos, como espéculos, se entregan por separado para ser usados para otros fines.

Correa forma parte del gabinete del gobernador kirchnerista José Luis Gioja. Página/12 intentó durante la última semana entrevistar a Correa para consultarlo sobre el tema, pero el funcionario se negó a atender a este diario. Su vocero, Raúl Farrán, argumentó que tenía la agenda demasiado cargada de actividades como para atender a esta periodista. En declaraciones a medios locales, el ministro ha expresado su oposición al uso del DIU por considerarlo abortivo, en sintonía con la postura que emana del Vaticano. Correa suspendió la entrega gratuita de todo tipo de anticonceptivos en la provincia, pero las acciones desarrolladas desde el Movimiento de Mujeres de San Juan lograron restablecer el programa de salud reproductiva. Pero sin DIU.

Varios médicos consultados por este diario confirmaron esta situación. Como el ginecólogo Jorge Farina, del Hospital Marcial Quiroga, en el departamento de Rivadavia, limítrofe con la capital provincial, y uno de los más importantes de San Juan. “El viernes 3 de noviembre nos avisaron al hospital, desde el Programa de Salud de la Mujer, que podíamos ir a retirar insumos para el servicio. Cada hospital se encarga de buscarlos. Fui yo. La lista decía: 1000 anticonceptivos orales, 1000 inyectables y cuatro cajas de 144 preservativos. Cuando pregunto por si había DIU, el empleado me responde que están guardados por orden superior”, relató Farina a este diario. Esta escena se repite desde hace más de un año con los representantes de cada hospital y centros de salud que van a retirar insumos para los servicios de ginecología. En algunos hospitales, los médicos se encargan personalmente de conseguir los DIU por alguna vía alternativa para poder ofrecer ese método anticonceptivo a las pacientes. “Las mujeres tienen el derecho a elegir el método que quieren y tienen que tener entre las opciones el DIU”, consideró Farina.

“El ministro no nos deja colocar DIU porque él está en contra de ese método. Estamos en el Medioevo”, evaluó otro médico, Jorge Gil, del Hospital de la localidad minera de Los Berros, a unos 80 kilómetros de la capital provincial.

En el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable están al tanto de esta situación. “Estamos recibiendo reclamos y demandas de algunos centros de salud para que les enviemos los DIU en forma directa. Por esa razón estamos estudiando modificar a partir del año próximo la forma de entrega para evitar este tipo de problemas”, reconoció Islas, coordinadora del Programa Nacional, desde donde se envían anticonceptivos a todas las provincias. Algunas, además de los métodos que manda Nación, hacen sus propias compras. No es el caso de San Juan. “Vulneran los derechos de las mujeres, especialmente las más pobres. El DIU es un método científicamente probado, efectivo y seguro, que no es abortivo. Como todos los demás anticonceptivos, tiene que estar en los hospitales para que las mujeres de sectores más pobres puedan usarlo igual que las que mujeres de sectores medios y altos, que los pueden comprar por su cuenta”, señaló Islas en diálogo con este diario.

Correa y su par de Santa Fe fueron los únicos ministros provinciales de Salud de todo el país que en agosto no apoyaron la realización de los abortos terapéuticos a dos jóvenes discapacitadas que habían sido violadas, una en Mendoza y otra en Buenos Aires, cuyos casos tuvieron amplia trascendencia nacional.

Gioja, durante su mandato como senador, fue uno de los pocos legisladores que se opuso a la sanción de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en 2002. Además del senador tucumano de Fuerza Republicana Pablo Walter, los únicos que en la Cámara alta votaron en contra de esta norma fundamental fueron los tres sanjuaninos: Gioja, la justicialista Mónica Martín y la de Cruzada Renovadora, Nancy Avelín. En aquel momento Gioja le confesó al ministro Ginés González García, impulsor de la ley y con quien el gobernador sanjuanino comparte la pasión por Racing (hace unos días fueron juntos a la cancha), que no apoyaría la norma porque se lo pedía su hija Flavia, que es monja. Según ha contado a la prensa su esposa Rosita Palacio, todos los domingos a la tarde van juntos a escuchar la misa que se celebra en la parroquia de Don Bosco.

“En San Juan hay un abandono de la salud reproductiva. La situación es muy grave. Cada día recibimos denuncias de mujeres que tienen necesidad de un DIU porque no toleran otros métodos anticonceptivos”, indicó Perla Welner, feminista, integrante del Movimiento de Mujeres de San Juan. Para el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las sanjuaninas están organizando una jornada de reclamo en la Plaza 25 de Mayo, la principal de la capital, y entre los temas que demandarán a las autoridades de la provincia están la regularización de la entrega de los DIU en todos los centros de salud. “Ningún legislador levanta la voz. Esta Legislatura sigue con la postura de que sobre este tema no se habla”, concluyó Welner.