“Si hubiera tenido plata no hubiera tenido que divulgar toda mi intimidad. Espero que otra mujer no pase por todo lo que tuve que pasar yo”, dice Mariza Reinoso. Tiene 35 años y hace diez, al poco tiempo de dar a luz a su único hijo, le detectaron cáncer de páncreas. En el último mes, en un hospital provincial en San Juan, donde vive, la sometieron a un manoseo sin igual y finalmente le negaron el acceso a una ligadura de trompas, por decisión de las autoridades sanitarias de la provincia, a pesar de que desde el 7 de septiembre está vigente la Ley Nacional 26.130, que legalizó la anticoncepción quirúrgica en todo el país. Insólitamente, la tuvieron diez días internada, le dieron dos fechas de operación que nunca concretaron y una vez llegaron a llevarla hasta el quirófano y la devolvieron a su habitación sin intervernirla.

Mariza vive en un barrio humilde, fue jugadora de fútbol, es árbitro y DT y enseña este deporte gratuitamente a chicos de la calle. En diálogo con Página/12, contó su peregrinar en busca de una ligadura prescripta por sus oncólogos, porque un nuevo embarazo podría poner en riesgo su vida. “Supuestamente el hospital público está para ayudar a los pobres. Todo el mundo se enteró en San Juan que tengo cáncer y que no puedo tomar pastillas”, se lamenta Mariza. La mujer decidió dar a conocer su historia para que ninguna otra mujer sufra el mismo manoseo. “Espero que nunca más se pasen la pelota y cumplan con la ley”, señaló, en diálogo telefónico desde San Juan. Mariza vive con su esposo y su hijo en una casa alquilada en Villa Italia, departamento de Rawson, a pocos kilómetros de la capital.

Por el cáncer de páncreas, se atiende en el Hospital Marcial Quiroga, en las afueras de la ciudad de San Juan, donde recibió quimioterapia y otros tratamientos. Cuando se enteraron de que quería tener otro hijo, pusieron el grito en el cielo. Un embarazo podría poner en peligro su vida. “Las pastillas me caían mal. El látex del preservativo me da prurito. Expulsé tres DIU. Así que me dicen que tenía que ligarme las trompas. Yo ni siquiera sabía que había una ley que me amparaba”, cuenta Mariza. Con la orden de una anticoncepción quirúrgica se presentó en el Servicio de Ginecología del Hospital Rawson, en la capital provincial. Después de varias consultas, se acordó la intervención para el 17 de octubre. “Me dicen que me tengo que internar el viernes 13. El lunes 16 me preparan para la operación. Y el martes a las 8 me llevan al quirófano. Se imagina los nervios que tenía. Esa noche no había podido dormir. Me están por poner la anestesia y siento que los médicos están discutiendo. Hasta que uno de los médicos le dice al anestesista: ‘No le coloques la anestesia, porque la operación no está autorizada’. Un residente viene y me pide disculpas, me dice que la operación se había suspendido y me dan distintas excusas. Me sacan del quirófano y me llevan de nuevo a la habitación. Al final me dicen que no estaba la firma del director del hospital”, recordó. El director se llama Ernesto González Macías.

Los días pasaban y Mariza seguía internada, sin recibir explicaciones, y con el riesgo de contagiarse alguna infección hospitalaria. “Me volvieron a dar otra fecha de operación, pero el 23 me dicen que no me la iban a hacer, que consiguiera una orden de un juez. El director tendría que haber dado la cara pero nunca me vino a ver ni me dieron una explicación por escrito”, contó. Mariza estaba indignada. Contó su historia en el Concejo Deliberante de San Juan, donde hace algunos años colabora voluntariamente en el bloque del Frente para el Cambio (radical no kirchnerista). Allí el edil Marcelo Arancibia decidió asesorarla legalmente. “Mandamos una carta documento al hospital para que dijeran qué pasaba. Nos contestan que el problema era que no tenían formularios para el consentimiento informado. Pero la ley nacional no exige ese requisito, sólo dice que es necesario dejar asentado el consentimiento en la historia clínica. Además, personal del Rawson nos proveyó de un consentimiento informado y Mariza salió en el Diario de Cuyo mostrándolo”, agregó Arancibia.

El caso tomó estado público en la provincia en las últimas semanas. En agosto, cuando se sancionó la ley que legalizó la anticoncepción quirúrgica, el ministro de Salud, Roberto Correa, expresó a la prensa que no estaba de acuerdo con la normativa. Cuando a Mariza le negaron la ligadura, Correa fue consultado por el Diario de Cuyo en relación a por qué había tanta demora en la implementación de la ley nacional. El ministro respondió: “No es fácil su aplicación. Hay que seguir pasos administrativos. El formulario que se exige tuvo que ser diseñado por una comisión. Luego se elaboró un anteproyecto que tuvimos que analizar y corregir minuciosamente. Es un proceso delicado que lleva su tiempo. Ahora tiene que pasar por el departamento Jurídico de Salud Pública, que es donde se dirá si reúne todos los requisitos legales. Una vez aprobado el formulario, le daremos el visto bueno al hospital”. Sobre el caso de Mariza Reinoso, Correa contestó: “Un gabinete que se conformó en el Rawson deberá chequear si se trata de un caso de urgencia, como ella y sus médicos (N. de la R: los médicos son de un hospital público) lo plantean. Si es así, se la someterá a la intervención ni bien den el visto bueno los médicos del hospital”.

Mariza no quiso escuchar más excusas. El viernes 3 fue operada en una clínica privada. Para pagar la intervención tuvo que endeudarse. La operación le costó 1200 pesos. “Me ayudaron familiares y amigos. Los médicos no cobraron honorarios. Pero en cuanto me recupere del postoperatorio voy a tener que ponerme a trabajar para poder devolver la plata”, dijo, con la indignación que genera la injusticia.

“En San Juan se ponen trabas burocráticas para no cumplir con las políticas en salud reproductiva. El ministro de Salud y el gobernador confunden cuestiones terapéuticas con confesionales”, consideró el concejal Arancibia.