El Ministerio de Defensa confirmó que a principios del mes próximo estará acondicionado un pabellón del Regimiento 7 de Infantería Coronel Conde, en Arana –cerca de La Plata–, como cárcel para militares procesados por violaciones a los derechos humanos. La cartera que conduce Nilda Garré sostuvo que no corresponde tener detenidos en los cuarteles, en función de que representa “una violación a la igualdad de derechos” y porque “la presencia de los militares detenidos constituye un elemento de perturbación en la vida de un cuartel”.

La ministra ya había anunciado que tomaría una medida de estas características a principios de marzo, y es consecuencia del reclamo de los organismos de derechos humanos que impulsan causas contra los represores y sostienen que estos imputados deben cumplir su detención en las mismas condiciones que cualquier preso.

La aceptación del ofrecimiento depende ahora de los magistrados que tienen a su cargo las investigaciones de crímenes aberrantes cometidos durante la dictadura. Fuentes de Defensa explicaron que el lugar estará separado de las instalaciones del regimiento precisamente para evitar el contacto de los procesados con la tropa. “Tiene entrada independiente y estará a cargo de personal del Servicio Penitenciario Federal”, aclaró la fuente. Sin embargo, podría generarse alguna objeción, dado que a pocos metros del ingreso a ese regimiento funcionó el centro clandestino conocido como Pozo de Arana.

Si los jueces acceden a la propuesta, la nueva cárcel estará en condiciones de alojar a unos 30 reos, de los 259 militares, policías, civiles y penitenciarios que están presos. En el penal de Marcos Paz hay 36 de ellos. Pero la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas están detenidos en sus casas o en edificios castrenses.

En la reciente presentación de su informe anual, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su conformidad con la decisión de poner a un grupo de represores en una misma cárcel, a condición de que los custodie el Servicio Penitenciario. Sin embargo, otros organismos, como el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), consideran que habría que enviarlos a diferentes cárceles comunes del interior del país.