El gobierno porteño, a través del subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, volvió a deslindar responsabilidades respecto del derrumbe ocurrido el martes en una vivienda del barrio de Caballito y aseguró que las autoridades no podían realizar el apuntalamiento de la casa afectada. “El lunes hicimos la inspección, detectamos irregularidades y ordenamos detener la obra, salvo en lo que respecta a las medidas de seguridad que debían tomarse para evitar, precisamente, lo que pasó”, explicó Peña en diálogo con Página/12. El funcionario aseguró que “la responsabilidad del Estado finaliza una vez que se concede el permiso de construcción a un profesional matriculado e idóneo. En adelante, ese profesional es el único que tiene que responder administrativamente y también ante la Justicia civil y penal, si corresponde”. A pesar de las aclaraciones, ayer se realizó una protesta de vecinos en el barrio de Caballito y una marcha hasta la casa afectada. Los manifestantes exigieron al gobierno porteño “que asuma su responsabilidad y ponga fin a las construcciones truchas o irracionales”, declaró a este diario Gustavo Desplats, de la entidad vecinal Protocomuna Caballito, que desde hace más de un año viene movilizándose junto con otras organizaciones en contra de la construcción de edificios en torre proyectados en diferentes barrios porteños.

“La manifestación que hicimos hoy (por ayer) es la número 24 por el mismo tema y en este caso coincidió con lo sucedido en la casa de Pedro Goyena 1654. Lo que nosotros decimos es que el gobierno recibió la primera denuncia a mediados de febrero y la inspección recién se hizo el lunes pasado”, sostuvo Desplats. El dirigente vecinal sostuvo, además, que el gobierno, “en lugar de haber dejado las medidas de seguridad en manos del mismo arquitecto que había cometido las irregularidades, tenía que haber tomado cartas en el asunto y realizado el trabajo de apuntalamiento de la medianera, para evitar un derrumbe que pudo haber sido una tragedia”. Los vecinos se concentraron ayer en la esquina de Pedro Goyena y Nicolás Videla y luego marcharon hasta llegar al lugar donde ocurrió el derrumbe.

El subsecretario Peña anticipó que el responsable de la obra que se estaba haciendo sobre la calle Thorne, en la medianera de la casa de Pedro Goyena 1654, tiene plazo hasta hoy para presentar su descargo por lo ocurrido. La sanción que le sería aplicada por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc) recién se conocerá mañana y podría llegar al máximo de seis años de suspensión del uso de la matrícula. Esto le impedirá solicitar nuevos permisos para la ejecución de obras, además de estar obligado a abandonar la conducción de las que tuviera a su cargo en este momento. Como se informó, se trata del arquitecto Roberto Oscar Alegre, contratado por la empresa constructora Credil SRL, que también podría recibir sanciones por lo sucedido.

–Los vecinos dicen que el gobierno porteño tendría que haber intervenido en forma directa para garantizar la seguridad de la vivienda de Pedro Goyena –le preguntó Página/12 a Peña.

–Eso no lo podemos hacer. Nuestra actuación fue correcta: ordenamos suspender las obras, salvo lo relativo a la seguridad. La comunicación se le hizo el lunes, en persona, al arquitecto Alegre, que se encontraba en el lugar cuando se hizo la inspección. El gobierno no puede intervenir en forma directa frente a una situación así, salvo que el arquitecto a cargo se declare incapaz y haga entrega de la obra.

Ayer por la tarde, a pedido de la Fiscalía que investiga lo ocurrido, la Guardia de Auxilio porteña realizó un apuntalamiento de la parte de la vivienda que quedó en pie, según informó el titular del organismo, Claudio Pascali. Además de la sanción administrativa que le aplicaría la Dgfoc, el gobierno remitirá las actuaciones del caso al Tribunal de Etica del Colegio Profesional de Arquitectos.

Durante la marcha realizada anoche por los vecinos, Mario Oybin, de la agrupación SOS Caballito, dijo que lo ocurrido se debe “a la falta de planificación urbana” que afecta a la Capital Federal y aseguró que existe “desidia e irresponsabilidad” de parte de los funcionarios que se encuentran al frente de la Dgfoc.