El procurador fiscal ante la Corte Suprema Luis González Warcalde opinó que ese tribunal debería pronunciarse a favor de que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti asuma como diputado. Basó su dictamen en la decisión de los propios supremos sobre el caso del dictador Antonio Domingo Bussi. Allí, la mayoría de los ministros aseguró que el Congreso no tiene atribuciones para rechazar la incorporación de un legislador electo. El escrito de Warcalde contradice la opinión de su jefe, el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien hace dos años señaló que la Cámara de Diputados podía impedir el juramento de un legislador electo si éste estaba acusado de participar en crímenes de lesa humanidad. El nuevo dictamen fue criticado por los diputados que frenaron la asunción de Patti y por los organismos de derechos humanos. “Hubiera sido deseable que la Procuración insistiera con su posición para obligar a la Corte a contestar argumentos que fueron ignorados en el fallo anterior”, señaló Gastón Chillier, director del centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

González Warcalde es, de hecho, el segundo de Righi. Fue quien elaboró el dictamen sobre Patti porque el procurador general fue recusado por el ex subcomisario (ver aparte). Con su escrito firmado, la Corte ya está en condiciones de pronunciarse sobre la banca del represor. En el caso de Bussi, la decisión de los supremos quedó abstracta porque al momento del fallo ya había vencido su mandato. Pero Patti se presentó para el período 2005-2009. Si la Corte falla ahora a su favor, seguramente reclamará su incorporación al Congreso. Esto generaría un nuevo conflicto, ya que en su lugar asumió otro legislador de su lista. Por este caso, el oficialismo estudia solicitar una opinión consultiva ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“De acuerdo con la doctrina novísima de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados de la Nación, al juzgar el diploma de Luis Abelardo Patti, ha excedido su potestad constitucional”, señaló González Warcalde. La doctrina a aludida es el fallo sobre Bussi. En junio, el máximo tribunal señaló –por mayoría de cuatro miembros– que el Congreso no podía definir si un diputado electo estaba en condiciones de asumir. El principal argumento de los jueces fue que habilitar a los legisladores para eso podía traer “consecuencias gravísimas”, ya que concedía a la mayoría la potestad de definir quién asumía y quién no. Los magistrados agregaron que el control de los requisitos constitucionales de los candidatos se debe hacer antes de la elección y ante el Poder Judicial pero que, además, el impedimento para ejercer el cargo “deviene, necesariamente, de una condena judicial por un delito”.

En este último fundamento reside la mayor crítica de quienes se oponen a que Patti (y los represores en general) pueda ser diputado o ejercer cualquier otro cargo público. Es que el ex subcomisario no pudo ser condenado, ni siquiera investigado, porque durante veinte años estuvieron vigentes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Y, según la Corte, como no fue condenado, está en condiciones de ser diputado. “Es un argumento circular y perverso. El fallo (sobre Bussi) fue para un país donde funcionó la justicia, donde no hubo interrupción del estado de derecho, ignoró la política de impunidad que hubo en Argentina desde la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida hasta el fallo del juez Gabriel Cavallo”, dijo Chillier a Página/12. El director del CELS agregó que González Warcalde perdió la oportunidad de discutir el fallo de la Corte sobre Bussi, al que consideró “endeble”.

El CELS presentó ante la Corte un amicus curiae (un escrito de terceros con justificado interés en un proceso) en el caso Patti. Allí se recordó que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 1995 y 2000 que la Argentina debía adoptar medidas para evitar separar a funcionarios sospechados de graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. En ese documento se hizo especial hincapié en la “situación excepcional” de los represores de la última dictadura que recién ahora comienzan a ser juzgados. En la resolución sobre Bussi, la Corte no hizo mención a este hecho.

El diploma de Patti fue impugnado por los diputados Miguel Bonasso, Araceli Méndez de Ferreyra, Remo Carlotto, Carlos Tinnirello y Diana Conti por su participación en crímenes de lesa humanidad. La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos hizo una investigación que incluyó la posibilidad de defensa por parte del dirigente del Paufe. La Comisión consideró probado que el ex subcomisario participó, entre otros casos, del fusilamiento de los dirigentes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi, el secuestro de Juan José Fernández, Ricardo Jiménez, el diputado Diego Muñiz Barreto y el periodista Tilo Werner y el secuestro y tortura de Valerio Salvador Ubiedo y Luis Angel Geréz. También se tuvo en cuenta que había sido procesado por encubrir, en 2003, al represor Jorge Granada mientras estaba prófugo. Actualmente, Patti está imputado en por lo menos cuatro causas por su actuación durante la última dictadura, aunque ninguna de ellas registró grandes avances. “Los jueces le tienen temor porque es poderoso y este dictamen es un mal mensaje”, dijo Ana Oberlin, abogada de Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) (ver aparte).

Al manifestar su opinión en el caso de Bussi –que había sido impugnado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos–, Righi dijo que el Congreso podía rechazar la incorporación al cuerpo de un torturador y señaló que “el disvalor que se desprende del hecho de haber formado parte de ese gobierno (de facto) permite razonablemente afirmar un reproche ético incompatible con el requisito de idoneidad necesario para el acceso a la función pública”. González Warcalde no opinó igual.