La verdadera discusión en torno de la futura policía de la ciudad de Buenos Aires no es la que se planteó en torno de la demora o no de la reforma de la ley Cafiero. Macristas y kirchneristas se enfrentaron esta semana por eso, pero la discusión en serio arrancará una vez que sea eliminada la cláusula legal que reserva a las autoridades nacionales el manejo de la seguridad en el distrito y deban negociar cómo empiezan a moldear la nueva fuerza local. Tanto el Gobierno como Mauricio Macri descartan por inviable crear una estructura policial de la nada y coinciden en que la base de lo nuevo será la Federal. Aun así, un acuerdo no resultará sencillo: la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, a la que siempre se toma como objeto central del traspaso, brinda servicios de índole federal que no podrían quedar bajo control de la ciudad y varias de sus áreas son pretendidas a ambos lados de la Plaza de Mayo, como la Guardia de Infantería y la Montada, dos herramientas eficaces para el propósito macrista de “ordenar” las calles porteñas. El macrismo además pide el pase de 15 mil efectivos y 700 millones de pesos, un monto sensiblemente mayor a los 464 millones calculados en un borrador que circula en el oficialismo y propone una transferencia escalonada. La puja por los recursos también será complicada porque las provincias no parecen dispuestas a ceder un peso y desde la Casa Rosada se advierte que los policías porteños “no pueden ser financiados por todos los argentinos”.

La Ley 24.588, redactada en su momento por Antonio Cafiero y a partir de entonces asociada para siempre con su nombre, limitó los alcances de la autonomía que le fue conferida a la ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994. Su artículo 7 impide a los porteños tener su propia fuerza policial porque reserva al gobierno central “la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes” en el distrito y establece taxativamente que la Federal seguirá “dependiendo orgánica y financieramente del Poder Ejecutivo Nacional”.

La modificación de la Ley Cafiero no implica, por lo tanto, la automática transferencia de la Federal a la órbita de la ciudad ni tampoco la creación de un nuevo cuerpo policial local. Lo que hace es quitar de las manos de las autoridades porteñas la atadura que les impide manejar la seguridad en el distrito.

En ningún despacho oficial donde prime la sensatez se habla en serio de la alternativa de que la ciudad arme de la nada su propia policía. Por más que en el fragor del cruce de esta semana el jefe del bloque de senadores K, Miguel Angel Pichetto, haya recurrido a la chicana de aconsejarle que construya “una nueva fuerza de seguridad” con los recursos de los porteños, en el oficialismo admiten que eso “es imposible no sólo desde el punto de vista financiero, sino técnico”. Explican que “saldría muy caro y se duplicarían servicios que ya existen”.

Un estudioso del tema consultado por este diario precisó que “para armar un servicio de seguridad de cero no se puede pensar en menos de seis mil o siete mil millones de pesos”. La elección de ese camino plantearía, además, una serie de interrogantes que no tienen fácil respuesta. “¿Con qué efectivos se integraría la fuerza? Sería necesario crear primero un instituto para formarlos y la formación de un policía lleva cuatro años. ¿Mientras tanto qué?”, expuso el mismo especialista. Por eso, los que manejan la cuestión –sean kirchneristas o macristas– sostienen que “no hay otra alternativa que el traspaso”.

La verdadera discusión, entonces, empezará una vez que sea reformada la Ley Cafiero. Llegado ese momento, los interesados deberán sentarse a la mesa de negociación y definir qué áreas de la Federal se transfieren a la órbita de la ciudad y con qué fondos. El inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que tanto invoca por estos días el macrismo, obliga a transferir servicios con sus correspondientes partidas presupuestarias. Pero el cálculo, en definitiva, corre por cuenta de quien lo haga y más aún en este caso porque la Federal tiene estructuras que prestan servicios en todo el país y, por lo tanto, no puede se pasada en bloque a los porteños. Encima, la reasignación de recursos a favor de la ciudad de Buenos Aires no le cae nada simpática al resto de las provincias.

Cuando se habla del traspaso de la Federal a la ciudad, se apunta por lo general a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, una de las trece en que se divide esa fuerza policial hoy a cargo del ministro del Interior, Aníbal Fernández. Macri no es la excepción y hasta ahora no ha dado tampoco mayores detalles con relación a lo que pretende que le sea transferido. Las precisiones resultan necesarios porque de Seguridad Metropolitana no sólo dependen las 53 comisarías porteñas, sino también otros servicios con asiento en la Capital pero de índole federal.

La Superintendencia Seguridad Metropolitana tiene cuatro direcciones generales. Además de la Dirección General de Comisarías –a la que reportan las 53 seccionales organizadas en ocho circunscripciones–, cuenta con la Dirección General de Operaciones, dividida a su vez en cuatro áreas: el Departamento de Apoyo Judicial y Protección Social, que brinda custodia a los funcionarios de los tres poderes federales y atención a las víctimas; el Cuerpo General de Aviación, que maneja la flota de aeronaves que la fuerza utiliza en todo el país; el Departamento de Orden Público, que tiene a su cargo la planificación de servicios relativos a las reuniones públicas, como las grandes concentraciones, y el Comando Radioeléctrico, y el Departamento de Prevención de Violencia en el Fútbol.

Las acciones que desarrolla Operaciones son en muchos casos de carácter federal y lo mismo pasa con la Dirección General de Orden Urbano y Federal, que incluye la Guardia de Infantería, la Policía Montada, el Grupo Especial de Operaciones Federal (GEOF), la División Perros y el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM). Son todos servicios que se despliegan frente a determinados eventos puntuales, incluso en el interior del país. La Dirección General de Policía Comunitaria, en cambio, tiene su accionar circunscrito al ámbito local: sólo incluye al Cuerpo de Policía de Tránsito, que ya es financiado por la ciudad en virtud de un convenio que en su momento firmó el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra con las autoridades nacionales.

Las áreas comprendidas por la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y las tareas que realizan están detalladas en un trabajo en manos de varios miembros del bloque kirchnerista en Diputados, que propone un esquema de traspaso en tres etapas. Plantea empezar con las 53 comisarías, la policía comunitaria y también –de ser posible técnicamente– el Comando Radioeléctrico. Deja para más adelante los servicios de mantenimiento del orden público y para el final las unidades de investigación de delitos no federales, como homicidios y defraudaciones, que no dependen siquiera de Seguridad Metropolitana, sino de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

Si la transferencia fuese así, la ciudad recibiría en un primer momento los 12 mil efectivos que cumplen funciones en las comisarías, mil policías comunitarios y otros tantos para desempeñarse en el comando operacional de la fuerza, que tendrá concentrar las tareas de inteligencia preventiva, logística y conducción de las operaciones en función de lo que definan las autoridades porteñas. De mantenerse la actual estructura de remuneraciones –es decir, sin ningún tipo de aumento–, para pagar el sueldo de esos 14 mil efectivos serían necesarios 378 millones de pesos.

El gasto de funcionamiento de los servicios transferidos en esa hipótesis –suponiendo que demandan el 70 por ciento de lo destinado al área de seguridad de la Federal– sería de 75 millones de pesos. A eso habría que sumar otros 11 millones de pesos, equivalentes al 70 por ciento de los actuales gastos de inversión de los servicios de seguridad de la fuerza. Entre una cosa y otra se llega a un total de 464 millones de pesos. La Superintendencia de Bomberos corre por cuenta aparte.

Aun cuando hubiese acuerdo en torno de ese número, hay otras cosas por discutir. Para manejar la policía, la ciudad debería crear una estructura de dirección superior, que debería contar con no menos de 40 funcionarios jerarquizados. Eso es lo que calculan especialistas, quienes advierten también la necesidad de armar una estructura de gestión administrativa para realizar la liquidación de los sueldos, la planificación y ejecución presupuestaria, la administración económica, financiera y contable. Para encargarse de esas tareas –y también de la asistencia jurídica y las relaciones institucionales– se requieren otras mil personas.

Un dato: en actividades centrales –esto es de conducción y administración– la Federal gasta el 9 por ciento de los 1625 millones de pesos que tiene de presupuesto y concentra el 8 por ciento de los 41.622 efectivos que la integran. La ciudad tendría que pensar también en crear un instituto de formación y armar el sistema médico asistencial de la policía local o, eventualmente, celebrar un convenio para utilizar el servicio que ya tiene la Federal.

En cualquier caso, dicen los kirchneristas, los porteños deben hacerse cargo de estos otros gastos, como eventualmente también del aumento del presupuesto en seguridad que Macri prometió en campaña. Y con un ejemplo se adelantan ya a la discusión de verdad que empezará apenas sea derogado el artículo 7 de la ley Cafiero: “Yo doy mi auto con el dinero para pagar el sueldo del chofer que lo maneja; la nafta y el aceite para que funcione; el seguro y hasta algo más de plata para mantenerlo; pero el garaje, el lavadero y todo lo demás, corre por cuenta de quien lo reciba”.