Nilda Garré se liberó del peso de 6700 kilos de piezas de fusiles FAL. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky resolvió dejar sin efecto el llamado a indagatoria de la ministra de Defensa en la causa en la que se investiga el contrabando de material bélico a Estados Unidos por parte de Fabricaciones Militares. La citación había sido impulsada por otro juez, Guillermo Tiscornia, que fue suspendido la semana pasada e irá a juicio político por coimas y negligencia. Aguinsky afirmó en una resolución que no encontró en el expediente suficientes pruebas para “sostener”, al menos por ahora, una “imputación” contra Garré. Ordenó dieciséis nuevas medidas para despejar dudas.

Aguinsky comenzó a intervenir en la causa por decisión de la Cámara del fuero el jueves pasado, el mismo día en que el Consejo de la Magistratura le ordenó a Tiscornia que abandonara su despacho, con fuertes acusaciones por “mal desempeño”. El cuestionamiento a la ministra había sido parte de un intento de Tiscornia por frenar el proceso en su contra: la señaló como sospechosa dos días antes de que una comisión de consejeros aprobara el dictamen acusatorio y la convocó a indagatoria el día previo a que lo suspendiera el organismo en pleno.

Garré tenía cita en Tribunales el 7 de septiembre. Aguinsky también resolvió anular “por el momento” los llamados a indagatoria al ex interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares Marcelo Bellesi, al funcionario del mismo organismo Arturo Huergo y a la despachante de aduana Laura Andolfi, que incluso tenían prohibido salir del país. En la resolución que firmó ayer argumentó que no dispone “la mera suspensión” sin plazo de las citaciones porque “sería agraviante para el derecho de defensa”, ya que aún faltarían pruebas para sostener una imputación tan severa como el contrabando agravado, que prevé de cuatro a doce años de prisión (no es excarcelable).

La causa que fogoneó Tiscornia se originó en febrero de este año, cuando la Aduana detuvo un embarque de 6700 kilos de repuestos de fusiles que iban a ser enviados a Estados Unidos por sólo 2664 dólares. La carga de Fabricaciones Militares estaba destinada a la empresa JLD Enterprises INC., del argentino José Luis Díaz, quien al mandar su testimonio dijo que en realidad el valor del envío era de “unos 90 mil dólares”. El juez suspendido alegaba que la última autorización para despachar el envío la dio la cartera de Defensa, en diciembre de 2006.

Entre las nuevas medidas, Aguinsky pidió informes a la Dirección General de Aduanas, a Fabricaciones Militares, la Subsecretaría de Industria, al Renar, al Ministerio de Defensa y a varias armerías. Busca precisar, entre otras cosas, quién autorizó la exportación, cómo lo hizo, cuál es el valor real de la mercadería. Le requirió a su vez al Banco Provincia que confirme si la firma norteamericana JLD realizó una transferencia de 94.998 dólares, que preveía recibir Fabricaciones Militares por sus envíos. También le solicitó al Banco Central información sobre transferencias realizadas desde Estados Unidos. Dispuso mandar un exhorto a ese país para que señale si el exportador argentino cumplía con los requisitos y documentación exigidos allí.

La resolución de Aguinsky deja en claro que todavía hay dos peritajes en plena confección, sobre los que pide un adelanto: uno técnico, sobre las partes de fusiles secuestradas, y otro que apunta a definir si el material a ser exportado servía para “el armado de armas completas”. El juez, además, citó como testigos al jefe del Comando de Arsenales del Ejército, al de la Dirección Técnica Aduanera y a un inspector. “Resulta indispensable contar con el resultado” de estas medidas –concluyó Aguinsky– “para conjeturar más fundadamente la justificación de un estado de sospecha”. Otro juez, Jorge Ballestero, investiga si hubo una subfacturación que perjudicó al Estado. Todavía está por verse qué pasa en este expediente.