Cuatro días después de que el ex ministro provincial Daniel Varizat atropellara con su camioneta 4x4 a 17 manifestantes –una de las heridas, Marta Guillermaz, sigue internada en terapia intensiva con respiración asistida–, los trabajadores estatales marcharon ayer junto a la multisectorial opositora de Santa Cruz para exigir castigo. Varizat está detenido en la escuela de policía, a diez kilómetros fuera de la ciudad. El principal orador fue el obispo Juan Carlos Romanín, que pidió un fin a la violencia y reclamó a las autoridades “que asuman la responsabilidad de gobernar”.

“Hace cinco meses me dirigí por primera vez en esta tribuna por un reclamo justo”, dijo después el religioso en referencia a las protestas que desembocaron en la renuncia del ex gobernador Carlos Sancho y en su reemplazo por Daniel Peralta. “Hoy nos convoca la indignación, la impotencia y la bronca”, afirmó. Tras el discurso del obispo, los manifestantes leyeron sus reclamos. Pidieron la renuncia inmediata del Tribunal Superior de Justicia, la reclusión de Varizat en una cárcel común, un aumento salarial de emergencia en toda la provincia y la anulación de las últimas concesiones a la petrolera Pan American Energy.

La marcha contó con la adhesión de la CTA, que anunció una jornada nacional de movilización para mañana, en la que pedirá la convocatoria a paritarias para todos los gremios de la provincia. También, con el aval del Episcopado que encabeza Jorge Bergoglio. “Seguimos su trabajo a favor de la paz social, el diálogo, la reconciliación y la democracia en Santa Cruz”, dijo desde Buenos Aires el vocero eclesial Jorge Oesterheld.

El día amaneció movido en la ventosa Río Gallegos. No se trataba del movimiento de una típica jornada laboral. Docentes, estatales, judiciales y municipales habían decretado un paro de 24 horas para acompañar las protestas por la agresión de Varizat (cuando terminó la movilización, los trabajadores del hospital de Río Gallegos decidieron seguir con el paro hasta el viernes; los docentes lo descartaron). Con el apoyo de comerciantes y vecinos, los manifestantes se reunieron en la Carpa de la Dignidad para empezar la movilización. Entre la multitud se vieron pancartas que decían “Basta de impunidad” y “paz, dignidad y justicia”. También muchos abrigos para sobrellevar el frío. El obispo llevaba camperón y sombrero oscuro, tipo boina.

La marcha desembocó en la esquina de avenida Roca y San Martín. El viernes a la noche, a pocas cuadras de ese lugar, Varizat aceleró su camioneta y atropelló a 17 personas. De los afectados por la agresión la mayoría ya pudo volver a su casa. Ayer quedaban cinco internados en el hospital, la más grave era la profesora Guillermaz (según el parte médico, tenía “respiración asistida” y estaba “compensada hemodinámicamente”).

La movilización se encolumnó detrás de una bandera grande que decía “Basta de impunidad, sí a la vida” y que era llevada por Romanín y los dirigentes de los gremios. En primera fila se la vio a Vilma Ripoll, precandidata presidencial del MST-Nueva Izquierda.

Al paso de la marcha, muchos comerciantes bajaban las cortinas en señal de adhesión. La movilización siguió el mismo itinerario que aquellas que en su momento realizó el sindicato docente, Adosac. Aunque los organizadores están agrupados en la Multisectorial (reúne a la mayoría de los gremios y a todos los partidos opositores, como el radicalismo, el PO, el MST y el peronismo disidente que responde al ex gobernador Sergio Acevedo y al ex kirchnerista Eduardo Arnold), el punto de mayor convergencia volvió a estar representado por el obispo Romanín. “Hago un llamado a las autoridades para que asuman la responsabilidad de gobernar en esta etapa de transición”, dijo el religioso desde el micrófono. “No puede haber ni un herido más entre nosotros”, apeló. Enseguida contó que había visitado a las cinco personas que seguían internadas.

Con el tono pausado de una homilía pero sin resignar golpes de efecto, Romanín tomó en su discurso la lista de reclamos de la oposición local. “Desde hace unos meses nuestro pueblo pide el cuidado de las personas, la libertad de expresión, transparencia del manejo de los fondos públicos, la independencia de los tres poderes del Estado”, enumeró el obispo. “Ante los hechos del viernes, la gente respondió con racionalidad ante la irracionalidad, con justicia ante la criminalidad. La vida de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, amigos y compañeros, esperemos que sea reconocida, respetada y querida. No queremos violencia. Le decimos no a las agresiones, sí a la justicia, a la paz”, subrayó.

Cuando el obispo terminó su discurso, los organizadores leyeron un documento que había sido consensuado en la Multisectorial. Haciéndose eco del obispo, los manifestantes pidieron al gobierno de Peralta “que administre la crisis” y garantice “el respeto por la vida y la independencia del Poder Judicial”. Entre los reclamos también se coló la denuncia por la concesión a Pan American Energy de nuevos contratos para la explotación de yacimientos. Se trata de los yacimientos de Piedra Clavada, Koluel Kaike y Cerro Dragón. Hace un mes, Peralta extendió la concesión de esas áreas hasta el año 2027. Como la Legislatura aún debe ratificar esas decisiones, la oposición sigue con interés lo que hace la cámara: ayer se supo que la titular del cuerpo, Judith Fortsmann, desplazó a tres peronistas disidentes de las comisiones donde se tratará el tema.