MFC no sabe que su cuerpo fue, durante casi cinco semanas, un campo de batalla. No sabe tampoco que a pocas horas de que finalmente el Estado garantizara que se le realice el aborto que pedía su mamá por el hecho de haber sido violada y sufrir una discapacidad mental severa, el Episcopado Argentino, a través del Secretariado Nacional para la Familia, llamó a “poner el freno al desenfreno abortista”, ya que para este organismo “las muertes maternas no disminuyen con la legalización del aborto como afirma la Academia Nacional de Medicina”. Por más que se lo cuenten, poco sentido tendrá para MFC saber que el miércoles habrá una “marcha de escarpines” en derredor del Congreso Nacional en “desagravio por el reciente homicidio prenatal” a la que convocaron los llamados grupos “pro vida”. Lo que sí sabe la joven, con los cuatro años que se calculan para su edad mental, es que pronto volverá a su casa, a sus hermanos y hermanas, a esa rutina de la que la arrancó la violencia sexual, esa violencia que, como dice el ministro de Salud, Ginés González García (ver aparte), no preocupa a los mismos que se oponen a que “los anticonceptivos y la información lleguen por igual a las mujeres pobres, desinformadas y desprotegidas”.

Este fin de semana terminaron para la joven nacida en Paraná, Entre Ríos, largas semanas de internación. En principio porque una jueza de Familia, Claudia Salomón, ordenó que se separara a MFC de su madre, aceptando el pedido de la defensora de menores Marcela Piterson que se constituyó en defensora del feto pero no de la joven discapacitada que lo gestaba. Contra estas dos funcionarias se estudia un pedido de juicio político que impulsa la diputada entrerriana Lucía Grimalt (ver aparte). Entonces MFC tenía quince semanas de embarazo. Hubo que esperar otras dos semanas hasta que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos –después de un recurso en contra de la realización del aborto interpuesto por el padre de MFC, un hombre que ni siquiera podría reconocerla en la calle– avaló el aborto que ya estaba autorizado por el Código Penal en su artículo 86. Sin embargo, para que esta práctica se realizara de manera segura tuvieron que intervenir el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el de la provincia de Buenos Aires, Claudio Mate. La operación finalmente se llevó a cabo en Mar del Plata, a 900 kilómetros de Paraná, en medio de amenazas a los médicos del Hospital Materno Infantil de la ciudad bonaerense.

“De eso se trata el desenfreno –dijo a este diario González García, refiriéndose irónicamente al “desenfreno abortista” que menciona el documento que dio a conocer ayer el Secretariado para la Familia del Episcopado–, de poner presión sobre la familia y los médicos como lo hace una secta religiosa que por religiosa se cree que puede cuestionar la misma ley.” Las amenazas fueron confirmadas también por el gobernador de Buenos Aires, Felipé Solá: “La intolerancia tiene varias formas de mostrarse y ésta es una de las más graves. Es ir contra la ley y tratar de imponer a una persona el hecho de ser madre porque algunos creen que sus ideas religiosas tienen que ser de todos” (ver aparte). La ley, de todos modos, se cumplió. Marta Gauna, mamá de MFC, consiguió que su hija pudiera volver a su rutina y que se preservaran los restos orgánicos que podrían colaborar para que la Justicia persiga a quien violó a la joven. Pero la polémica no se detiene, aunque por algunos de sus términos pareciera estar estancada en un lodazal.

“Hay que detener esta arremetida contra la vida de los niños por nacer y de las madres mismas que se pretende proteger. Mientras se las entretiene con la ‘panacea del aborto’ se les siguen negando las herramientas básicas para mejorar sus condiciones de vida”, dice el documento del Episcopado que omite toda mención a la violencia sexual y acusa a otro organismo del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), de “encubrir la legalización del aborto” a través de su “Propuesta de Protocolo para la Atención Sanitaria de Abortos Legales”.

“Como parte del Estado Nacional que es el Inadi, lo que hicimos fue tomar la legislación vigente, los acuerdos internacionales que son vinculantes en Argentina y pedir el cumplimiento de leyes a favor de los derechos humanos y en contra de la discriminación”, dijo la titular de ese organismo, María José Lubertino. “Este tipo de protocolo ya existe en provincia de Buenos Aires y en las ciudades de Buenos aires y Rosario. Además se está debatiendo una herramienta así en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Pero es evidente que hay lugares donde se producen casos como el de MFC en Entre Ríos y son claras situaciones de discriminación: por género, como lo dice la Cedaw (el acuerdo internacional para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres), ya que sólo les pasa a mujeres, por discapacitada y por pobre, porque quienes se ven obligadas a ventilar su vida en hospitales y organismos públicos son mujeres pobres que necesitan el apoyo de las instituciones”, agregó Lubertino.

El documento del Secretariado Nacional para la Familia también se toma tiempo para calificar de “cuestiones ideológicas” a los “llamados derechos de la mujer” y calificar de “argumentos hitlerianos de perfeccionamiento de la raza” a los fundamentos del inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. “Se trata de dogmas del siglo XVII”, aseguró, no sin ironía, el ministro de Salud de la Nación.