“Los abortistas, en una sociedad que tiene centenares de miles de abortos por año, son los que quieren que nada cambie y se oponen a todo sin tener soluciones.” El ministro de Salud de la Nación fue categórico. Frente a la arremetida del organismo episcopal para la familia que ayer dio a conocer un comunicado en el que llamaba a “poner freno al desenfreno abortista”, Ginés González García se mostró extrañado: “No logro entender cómo pueden decir que están en contra del aborto cuando se oponen tenazmente a que los anticonceptivos y la información que las argentinas de clases medias tienen a disposición en sus hogares, escuelas y farmacias les lleguen también a las mujeres pobres, desprotegidas y desinformadas. No conozco ningún otro gobierno que haya hecho una política tan antiabortista como éste”.

–Evidentemente, los grupos católicos más tradicionalistas no están de acuerdo con su valoración.

–Abortistas son quienes se oponen a todo, no quieren que nada cambie y tampoco aportan soluciones. Nuestros programas tienden a evitar los embarazos no deseados y a la vez sostenemos otros de protección de la madre y el recién nacido como el Nacer o el Niño. Promovimos una ley de Educación Sexual y otra de Salud Sexual y Reproductiva a través de la cual brindamos protección para no tener que llegar a la situación del aborto. Yo soy ministro de Salud, no de religión, y por eso lo que hicimos el pasado fin de semana junto con la provincia de Buenos Aires y la de Entre Ríos fue garantizar que se aplicara la ley que especifica que corresponde la interrupción del embarazo cuando, como en este caso, se trata de una joven discapacitada y violada. Es lo que dice el Código Penal y es lo que ratificó el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

–La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y la de Rosario tienen protocolos que evitan que los abortos no punibles se judicialicen, ¿no puede conseguirse esto a nivel nacional?

–Nosotros estamos evaluando esta posibilidad y es inminente, pero desde el ministerio existe la voluntad de consenso con el resto de los actores. Lo que indigna es que en estos casos, como los que ya conocimos en Mendoza y en La Plata, los fundamentalistas sigan ensañándose con nenitas violadas y discapacitadas. Esta nena de Entre Ríos a la que acompañamos tiene una edad mental de cuatro años y le hicieron la vida imposible. Pero no dicen nada de los violadores ni tampoco llevan adelante acciones legales contra ellos.

–Ni siquiera dentro de la comunidad católica.

–Los funcionarios estamos para proteger a los más débiles, incluso de quienes usan a los miembros de grupos religiosos para que no se cumpla la ley como lo hicieron en La Plata, en Mendoza y ahora en Paraná. Hablan de “desenfreno abortista”, el único desenfreno que existe hoy en Argentina es de estos grupos contra las instituciones y contras las familias de las propias niñas y jóvenes afectadas.

–¿Se refiere a las amenazas que recibieron tanto los médicos que realizaron la interrupción del embarazo como la familia de MFC?

–Eso es desenfreno y con el único objetivo de llevarnos a un falso debate: pretenden llevarnos para atrás a revisar el Código Penal que es ley hace cien años. El aborto no punible no tiene discusión, pero estos actores fundamentalistas quieren que afrontemos el desafío del siglo XXI con dogmas del siglo XVII.

–Justamente, el documento del Secretariado Nacional para la Familia llama “cuestiones ideológicas” a los “llamados derechos de la mujer”.

–Pretenden negarles a las mujeres cuestiones universales que ya están saldadas para las democracias. Es cierto que algunas teocracias no las tienen, o no las quieren tener, por algo en Arabia Saudita se discute si las mujeres pueden manejar o no.

–En definitiva, discutiendo sobre el aborto no punible se obstruye la discusión sobre la despenalización del aborto en general.

–Como ciudadano, yo estoy a favor de la ampliación de la despenalización del aborto, pero como funcionario mi deber es que se cumpla la ley. Y en este caso, que se cumpla la ley es una cuestión de derechos humanos.