Un pulpo va por la avenida, en medio de la manifestación. Cada uno de sus brazos es sostenido por un marchante y en todos lleva una consigna, por ejemplo “organización y lucha” o “basta de contaminación”. A pocos metros, un cincuentón de camisa y pantalón de vestir lleva una tapa de inodoro que a modo de cartel anuncia sin metáfora “Nos están cagando”. Otro va vestido de hormiga, y muchos más de calavera. En la segunda marcha nacional por el medio ambiente, Gualeguaychú fue acompañada por más de doscientas asambleas y asociaciones vecinales de todo el país. En un documento consensuado, los manifestantes criticaron “los acuerdos entre los gobiernos y las corporaciones empresarias” y pidieron “medidas concretas” para tener “una vida digna”.

La protesta anterior se había hecho hace exactamente un año, con la novedad de lo inaugural. En ésta lo distintivo fue la variedad de grupos que se reunieron. Los problemas: minería a cielo abierto, contaminación del Riachuelo y el Reconquista, basurales del Ceamse, construcción de torres, compañías sojeras que fumigan todo, municipios que rematan plazas, falta de cloacas, falta de tierras, desmonte, inundados.

La movilización fue el primer reclamo contra el nuevo gobierno de Cristina Kirchner. Salió del Congreso para llegar a la Plaza de Mayo, donde hubo un acto y un festival. Una de las exigencias centrales fue que se declarara la emergencia ambiental para que los problemas de contaminación puedan ser enfrentados con más presupuesto.

La mayoría de los grupos, que funcionan como autoconvocados o bajo la forma de una ong, habían llegado a la plaza después de organizarse para la movida por Internet. “Usamos mucho los grupos de correo”, resumió Sara Maresca, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, convocante a la marcha. Un dato fue que casi todos repartieron volantes contando su historia, las acciones que están haciendo a nivel barrial y un teléfono o mail de contacto. Más que a los medios, parecían dirigidos a quedar en contacto entre sí. Otro dato es que buena parte de los vecinos podían contar logros, aunque fuera parciales, como haber logrado que en seis provincias se hayan sancionado leyes que prohíben la minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, haber metido en la Corte Suprema el expediente por la contaminación del Riachuelo, haber colocado en la agenda política el tema de los basureros del Ceamse o, a nivel municipal, estar frenando la construcción de torres.

La asamblea de Gualeguaychú ratificó en la plaza su reclamo por la relocalización de Botnia. Fue, por lejos, la columna más numerosa de la marcha, en la que como el año pasado cedió la cabecera a los otros grupos de vecinos. En la movilización hubo una delegación de tobas que manifestaron por el acceso a la tierra y ong de San Isidro que protestaron por especulación inmobiliaria. Al final se ubicaron las organizaciones sociales, los gremios y finalmente los partidos políticos.

El documento común subrayó que “en un país con el 85 por ciento de la población residiendo en áreas urbanas, resulta lógico que muchos de los problemas estén asociados a las ciudades” y cuestionó la falta de respuestas del Estado. El texto señala que los problemas ambientales afectan “especialmente a los sectores más vulnerables por su condición socioeconómica”. En su párrafo central, se pregunta además “cuánto dinero destina el Gobierno para el tendido de agua potable y cloacas que alivien la situación de los barrios afectados”, cuánto “al saneamiento de la cuenca del Riachuelo-Matanza” y cuánto “al pago de intereses de la deuda externa y a subsidios que constituyen ganancias de empresas privatizadas”.