La frontal acusación del gobierno de los Estados Unidos contra la flamante presidente argentina, la muerte por envenenamiento del torturador de la ESMA Héctor Febres, los preparativos empresariales para las discusiones paritarias, la saga sangrienta entre dirigentes de sindicatos de trabajadores y la melancólica reaparición de grupos piqueteros indican que CFK no tendrá el período de gracia que suele concederse a los mandatarios que acaban de asumir. Por supuesto, son cuestiones de orden, magnitud y gravedad distinta, pero se combinan en el mismo espacio y tiempo para indicar que todo el temple y la inteligencia de la nueva presidente deberán ponerse en juego desde ya. Si algo puede decirse a favor de CFK es que ninguna de esas cuestiones la sorprendió, porque todas formaron parte de su discurso inaugural, una pieza brillante que impactó incluso a muchos de quienes no la votaron.

Amigous

Ya había llamado la atención la ausencia en la delegación estadounidense para la asunción presidencial del subsecretario adjunto de la Cancillería de Washington para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon. Es cierto que la secretaria de Trabajo Elaine Chao tiene jerarquía ministerial, dos escalones por encima de Shannon, pero no es experta en la región. El hiperactivo embajador Earl Wayne tampoco anticipó nada al Gobierno argentino. Se trató de un secreto guardado con el celo de quien busca la sorpresa. Y cuando se hizo público, la embajada pretendió que el problema era con Venezuela y no con la Argentina. Como si se tratara de una celebración inocente, justo para el viernes el embajador había invitado a un grupo de periodistas argentinos “para despedir el año”. Allí insistió en que no era su gobierno sino un detenido quien involucraba a la Argentina, todo lo cual es poco respetuoso de la capacidad intelectual de sus interlocutores.

Que fue una operación política es ostensible. Cuál y con qué propósitos es otra cosa. En una columna publicada con gran destaque por el diario La Nación bajo el título “Por fin, ahora se conocerá la verdad”, el antecesor de Shannon en el cargo, Roger Noriega, afirma que “si los funcionarios argentinos hubieran hecho su trabajo, podrían quizás a esta altura haber armado su propio caso y solicitado la extradición de Antonini para que enfrentara a la justicia argentina”. Es una falsedad demasiado alevosa para atribuirla a falta de información de un ex funcionario que ahora dirige el área de lobby gubernativo de un estudio jurídico con oficinas en Washington, Miami y Tallahassee, que trabaja para empresas y gobierno extranjeros. Los funcionarios argentinos hicieron su trabajo mejor que de costumbre: detectaron la valija, retuvieron su contenido y abrieron un proceso contra Guido Antonini, quien se refugió en Miami. La Argentina solicitó su extradición y no encontró ayuda estadounidense. El expediente del fuero penal económico incluye las declaraciones del personal del aeropuerto que escuchó decir a Guido Antonini que era empresario, que había viajado desde Miami hasta Venezuela y que tendría que haber venido el lunes a Buenos Aires en el vuelo presidencial, hasta que durante un almuerzo en Caracas con Hugo Chávez Frías, le indicaron que abordara el avión alquilado por Enarsa. También consta que cuando le informaron que había cometido una infracción de la que quedaría registro escrito, dijo que era un soldado y que moriría con las botas puestas. “No me pregunten de dónde viene ni para qué es ese dinero. Somos ocho, hagamos cien mil dólares cada uno”, propuso. Los funcionarios argentinos rechazaron la oferta y siguieron adelante con el procedimiento. Kirchner exigió que Venezuela se disculpara y sancionara a los funcionarios responsables, como el vicepresidente de Pdvsa, Diego Uzcátegui, quien debió renunciar.

En vez de cooperar concediendo la extradición solicitada, las autoridades del FBI “armaron su propio caso”, según las precisas palabras del propio Noriega, basándose “en una cuestión técnica, que los cinco individuos acusados trabajaban para el gobierno venezolano sin registrarse como agentes extranjeros”. En una completa inversión de los hechos, Noriega afirma que esto demuestra que no hubo plena cooperación de las autoridades argentinas. Noriega fue embajador de su país ante la OEA en 2002, al producirse el golpe militar que por un día alejó a Chávez del gobierno. Antes, trabajó en el Senado con Jesse Helms, el protector de los militares de la dictadura durante su intervención ilegal en Centroamérica. Las reiteradas afirmaciones de que el caso es de aplicación de la ley o policial, y no político o diplomático, no coinciden con las piezas conocidas. Las investigaciones del FBI y sus presentaciones judiciales no incluyen como rutina un comunicado del Ministerio de Justicia, de distribución urgente, como el que emitió el gobierno de los Estados Unidos el miércoles 12, en el segundo día de la presidencia de CFK. No obstante este documento oficial del Ministerio de Justicia, Noriega pretende que el de Relaciones Exteriores del mismo gobierno supo del caso por la prensa.

Expresión de deseos

La declaración del Ministerio de Justicia, realizada por el viceministro de Seguridad Nacional Kenneth Wainstein, sostiene que se trata de un “creciente escándalo internacional”, lenguaje inusual en un informe sobre una causa recién abierta y que revela una fuerte expresión de deseos. Afirma que los venezolanos y el uruguayo acusados buscaron la ayuda de Antonini “para ocultar la fuente de una prevista contribución de 800.000 dólares a la campaña de un candidato en las recientes elecciones presidenciales argentinas”. En aquella madrugada de invierno en el aeropuerto, Antonini fue locuaz sobre el origen del dinero pero nada dijo acerca de su destino. La querella presentada por el agente especial del FBI Michael J. Lasiewicki sugiere más de lo que dice. Estos son sus puntos:

- Su investigación se basó en documentos, conversaciones grabadas y testigos cooperativos. (La única duda es si Antonini fue un agente infiltrado desde el primer día o sólo un mercenario que una vez descubierto cambió de patrón.)

- No incluyó todos y cada uno de los hechos que conoce, sino únicamente los necesarios para acusar a los venezolanos y el uruguayo de actuar como agentes extranjeros sin haberse registrado como manda la ley. (O sea, hay otros elementos documentados que también podrían utilizarse en contra de la Argentina.)

- Según el socio de Antonini, Franklin Duran, el dinero fue subido a bordo del avión por el asistente del director ejecutivo de la petrolera venezolana PDVSA.

- Los venezolanos le dijeron a Antonini que su asunto estaba en manos de la cúspide del gobierno de Caracas y mencionaron la oficina del vicepresidente y los servicios de informaciones Disip.

- Le pidieron que firmara un poder y planearon con Antonini crear una serie de documentos falsos para ocultar la verdadera fuente y propósito del dinero que transportó.

- El 23 de agosto, en Fort Lauderdale, los venezolanos “y otra persona” no identificada en el escrito le revelaron a Antonini “la identidad” del candidato que recibiría el dinero. (Si Antonini fue el valijero a quien en presencia de Chávez se encomendó transportar el dinero ¿qué sentido tiene que varias semanas después le dijeran quién era el destinatario del dinero? Por el contrario, una vez descubierto el maletín habría sido lógico que inventaran un uso menos escandaloso.)

- Le dijeron que las autoridades de la Argentina y de Venezuela lo perseguirían si no decía que los fondos eran suyos.

- El 27 de agosto, durante una nueva reunión en la misma ciudad, los venezolanos fueron acompañados por un argentino, a quien el agente Lasiewicki no identifica. Esta vez le dijeron que si se supiera quién era el destinatario de los fondos capturados podría perder la elección. (¿Qué podría importarle a Antonini el resultado de los comicios argentinos? El nombrar a un argentino pero no identificarlo era una amenaza directa al Gobierno. El diario La Nación llegó a sostener que se trataba de un allegado a Julio De Vido. Pero esa insidia se frustró cuando el ex camarista Guillermo Ledesma reveló que había sido él, contratado como abogado para asistir a Antonini ante la extradición solicitada por la justicia argentina. También dijo que en su presencia nadie había hablado sobre el destino de los fondos).

Los puntos de la historia que se refieren a Venezuela son congruentes con lo que ya está registrado por la Justicia argentina a partir del charloteo nervioso de Antonini mientras se contaba el dinero. Tendría lógica que alguien en los servicios secretos de Caracas buscara desviar las sospechas en otra dirección. En cambio el punto referido a la Argentina no goza de la misma verosimilitud, ya que nadie mejor que el dueño de la valija sabía para quién la acarreaba. Por si con todos estos elementos no fuera suficiente, el fiscal federal Thomas Mulvihill dijo que, según Durán, la destinataria del regalo era CFK. Igual que Kirchner en su primera semana de gobierno, la reacción presidencial fija reglas y estilos y sirve como advertencia urbi et orbe. La Coalición Cívica Libertadora tampoco cuenta sus cartuchos: para Elisa Carrió los gobernantes argentinos son “ladrones” y la justicia estadounidense es independiente y confiable. El caso recién se inicia y los documentos estadounidenses, con su implícita promesa de continuará, son amenazadores.

La inseguridad

Hace tres años, entrevisté a Febres en el edificio de la Prefectura de Tigre donde cumplía su detención, porque participó en el traslado de sesenta presos desde la Escuela de Mecánica de la Armada hacia la quinta El Silencio, tema del libro que estaba escribiendo. En esa propiedad comía sus asados y dormía su siesta de fin de semana el arzobispo de Buenos Aires y allí celebraban su egreso todos los años quienes terminaban sus estudios en el seminario metropolitano. Los prisioneros fueron escondidos en esa isla del Tigre durante dos meses de 1979. Mientras, las instalaciones de la ESMA fueron remodeladas para que los visitantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no encontraran las cosas tal como las había dibujado un preso que logró huir, Domingo Maggio (quien luego fue vuelto a detener y asesinado). Estaban encadenados, dormían sobre la tierra húmeda, realizaban trabajos forzados talando álamos y sauces y cosechando formio, aunque también iban de pesca y jugaban al fútbol y al voley con los prefectos y los marinos. Varios fueron torturados allí, la mayoría volvió a la ESMA una vez concluida la inspección, momento en el que algunos fueron puestos en libertad y otros asesinados. El encuentro con Febres duró pocos minutos, porque negó todo lo que las víctimas habían contado, dijo que su vida estaba destruida y que no podía decir nada que me fuera útil. No me sorprendió que mintiera, porque ésa es una estrategia previsible de defensa, pero sí la forma en que vivía. Su habitación, con vista al apostadero, estaba en el primer piso de esa construcción de la década de 1950, a la que se llegaba por una escalera de mármol. La llave estaba del lado interno de la puerta. Usaba un calentador para prepararse un té, disponía de un baño en suite, el director de la dependencia le prestó un grabador para registrar la entrevista y los jóvenes oficiales y suboficiales que revistaban en el lugar lo trataban con el respeto debido a un superior en desgracia, no a un delincuente juzgado por graves crímenes. Desde que asumió en el Ministerio de Defensa, hace dos años, Nilda Garré enfrentó a jueces y colegas de gabinete para trasladar a los procesados por esta clase de delitos a unidades penitenciarias, donde cumplieran un régimen acorde con la gravedad de sus crímenes y además estuviera asegurada su vida. El juez federal Sergio Torres y los miembros del Tribunal Oral Federal 5 fueron indiferentes a estos reclamos. La Cámara Federal en cambio comunicó a cada juez que debía efectuar los traslados pedidos por Defensa, pero el ex ministro de Justicia, Alberto Iribarne, se negó, aduciendo que no tenía bastante personal penitenciario. El ex presidente Néstor Kirchner le ordenó que de ser necesario reclutara más agentes y los capacitara. De este modo recién hace pocos meses fue posible que todos los marinos y los militares de la región bonaerense-metropolitana dejaran las unidades de sus respectivas fuerzas, donde corrompían a las nuevas generaciones y perturbaban la tarea cotidiana y fueran alojados en el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en Campo de Mayo. Hasta entonces tenían, como Febres, todo tipo de privilegios y ninguna seguridad. Ahora reclaman por vía judicial el derecho humano a la banda ancha, el teléfono celular, el personal de servicio y el club de campo.

La demora

El juicio sólo a Febres por apenas cuatro casos de tormentos era otra aberración, consecuencia de la falta de un diseño judicial razonable a partir de la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida. El prefecto que se encargaba del reciclaje de los bebés arrebatados a sus madres en la Escuela de Mecánica de la Armada era sólo uno de los represores en un campo clandestino de concentración en el que actuaron un centenar de marinos, militares, policías y funcionarios de otras fuerzas de seguridad y por el que pasaron miles de prisioneros. La elevación a juicio con cuentagotas, dispuesta por Torres y aceptada por el TOF 5, impide la percepción social del marco en el que ocurrieron los hechos, dilata ad infinitum la realización de justicia, expone a querellantes, testigos, abogados, jueces, fiscales y, ahora se sabe, también perpetradores, a tensiones y riesgos innecesarios y contraproducentes. Por cierto, no tiene la misma gravedad que Febres se haya suicidado o que alguien lo haya matado porque temía que el viernes 14, cuando los jueces le dieran la palabra antes de sentenciarlo, contara algo de lo mucho que siempre calló. Esclarecerlo es imprescindible pero insuficiente.

Terminado en forma abrupta el juicio a Febres, el mismo tribunal tiene en lista de espera otras nueve causas: Rivas, Osvaldo Arturo y otros s/ sustracción de menores; Lapuyole, Juan Carlos y otros, por homicidio con alevosía; Comes, César Miguel y otros, por torturas; Olivera Rovere, Jorge Carlos, por privación ilegal de la libertad; Lobaiza, Humberto José Román y otros, por privación ilegal de la libertad; Barrionuevo, Juan L. (a) Jeringa, por privación ilegal de la libertad; Walsh y monjas, ambas conexas con la causa Escuela de Mecánica de la Armada, y Plan Cóndor. Con un promedio de 60 o 70 testigos por juicio y una duración mínima de tres meses para cada una de las causas, estos procesos no terminarían antes de 2010. En su discurso ante la Asamblea Legislativa la presidente destacó la importancia de estos juicios para reconstruir la institucionalidad del sistema democrático constitucional y expresó la esperanza de que concluyeran durante los cuatro años de su mandato, para satisfacer el reclamo de las víctimas, de sus familiares, de los sobrevivientes y de las propias Fuerzas Armadas, y así separar por el único medio admisible la paja del trigo. Para ello, dijo el Ejecutivo, el Parlamento, y la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales, deberán adoptar y diseñar los instrumentos que garantizando todos los derechos que otros argentinos no tuvieron, permitan enjuiciar y castigar a los responsables del mayor genocidio de nuestra historia. Varios criterios han logrado consenso general, pero deben ser puestos en práctica: los juicios deben repartirse entre varios tribunales en cada jurisdicción, porque el TOF 5 es un tapón que obstaculiza el avance; deben unificarse casos por campo de concentración, que incluyan el mayor número posible de hechos ocurridos en cada uno; es preciso cubrir las vacantes de numerosos juzgados que carecen de titular y robustecer con personal y recursos las secretarías que se encarguen de estos procesos. La muerte forzada de Febres le agrega a esta necesidad dramatismo y urgencia.