Desde Georgetown

Una vez más, la Unasur concluyó su cumbre de jefes de Estado con saldo positivo, tanto para la región como para la Argentina, que consiguió la aprobación de una serie de puntos de importancia en su agenda internacional, como una limitación al tránsito de barcos con destino a las Islas Malvinas y una declaración contra los fondos buitre. Y, en lo que fue el punto más destacado de la jornada, se suscribió el Protocolo sobre Compromiso con la Democracia, la famosa “cláusula” para prevenir ataques contra el orden institucional en los países miembro. La reunión de ayer también significó la despedida del bloque a Luiz Inácio Lula da Silva (que el 1º de enero del 2011 entregará su lugar en el Palacio de Planalto a manos de Dilma Rousseff) y el paso de manos de la presidencia pro témpore, que dejó Ecuador y recibió Guyana.

La “cláusula” democrática, vedette de esta reunión, fue aprobada bajo el nombre de Protocolo sobre Compromiso con la Democracia, para diferenciarla de mecanismos similares como el de la OEA (que acepta entre sus miembros a Honduras pero excluye a Cuba, por ejemplo), según explicó el presidente venezolano Hugo Chávez a la prensa. El texto, finalmente, se acercó a la propuesta que llevaban los miembros del Mercosur y el ALBA (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador), en el sentido de mantener una apertura de criterios tanto a la hora de decidir una intervención como para tomar medidas al respecto.

El Protocolo, según se acordó, “se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” e implica –tal como sucedió en septiembre ante el intento de golpe de Estado en Ecuador– la convocatoria a un plenario extraordinario de jefes de Estado (o, en su defecto, del Consejo de ministros de Relaciones Exteriores). Esa convocatoria podrá realizarse por parte de la presidencia por témpore “de oficio, a solicitud del Estado afectado o a petición de otro Estado miembro de la Unasur”.

Allí se decidirán “la naturaleza y el alcance de las medidas a ser aplicadas”. El menú comienza por la suspensión dentro del organismo regional y escala hasta llegar al cierre parcial o total de las fronteras, suspensión del tráfico marítimo y aéreo y del comercio, las comunicaciones y la provisión de energía y servicios. En paralelo, se iniciarán “gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado”. Como el Protocolo formará parte del tratado constitutivo (ver aparte), necesita la aprobación parlamentaria de nueve de los doce miembros para entrar en vigencia.

Además, se aprobaron dos ítem prioritarios en la agenda exterior argentina: una declaración de cooperación sobre el tránsito “relevante” de buques con destino en las Islas del Atlántico Sur y una “decisión sobre los fondos de situaciones especiales”, que es un tecnicismo para llamar a los fondos buitre. Ambas fueron aprobadas en forma “unánime”.

A través de la primera, los países miembro se comprometen a adoptar “todas las medidas susceptibles de ser reglamentadas para impedir el ingreso a sus puertos de los buques que enarbolen la bandera ilegal de las Islas Malvinas”, así como aquellos barcos petroleros que tengan el territorio en disputa como parte de su recorrida. La declaración adquiere una mayor importancia simbólica por haberse firmado en Guyana, una ex colonia británica que aún pertenece al Commonwealth.

La decisión sobre los fondos buitre implica “tomar con preocupación el riesgo” que traen a la región, y solicita al flamante Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas (que estará encabezado por el ministro de Economía argentino, Amado Boudou) a elaborar “un conjunto de recomendaciones tendientes a minimizar los efectos adversos de este tipo de fondos”.