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Los jefes de Estado del mundo se reunirán en marzo en Monterrey, México, en una conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo. Considerarán allí cómo alcanzar las Metas del Milenio, aprobadas por los 189 países miembros de las Naciones Unidas, de reducción de la pobreza y progreso social. Un panel de once miembros, encabezado por el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo e integrado por el presidente del Comité Ejecutivo de Citigroup, Robert Rubin someterá esta semana una propuesta durante la reunión preparatoria que comenzó el lunes último en Nueva York. En la inauguración del encuentro, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, mencionó la crisis argentina como una advertencia que no debería ser desatendida. Luego funcionarios de Naciones Unidas, como el administrador del PNUD, Mark Malloch Brown, sesionó con un grupo de representantes de organismos no gubernamentales. Esta es una síntesis de la exposición formulada allí por Horacio Verbitsky:Hasta la década de 1970 la Argentina conoció un aceptable grado de integración social. Pero luego una brutal dictadura militar suprimió todos los derechos políticos, sociales y humanos. El endeudamiento privado creció en forma descomunal y fue asumido por el Estado. Su pago pesa desde entonces sobre el conjunto de la sociedad. La relación entre la deuda pública y los depósitos de personas físicas y jurídicas argentinas en el exterior es de uno a uno. Esto implica que en vez de financiar el desarrollo argentino, la deuda externa financió esta fuga. La responsabilidad de los mayores bancos estadounidenses y europeos es ineludible. En muchos casos esas deudas ni siquiera eran reales, sino meros asientos contables para el blanqueo de dinero malhabido, por medio de créditos back to back: una empresa argentina deposita un millón de dólares en un banco estadounidense y este banco le .presta. un millón de dólares, que luego debe pagar la sociedad. Algunos de esos bancos sirvieron incluso como canal para el lavado de fondos de la corrupción política, asociada con la privatización de empresas públicas, como bien sabemos argentinos y mexicanos.
Integra el panel creado para formular recomendaciones a la cumbre de Monterrey el presidente del comité ejecutivo de uno de esos bancos. Podría tomárselo en serio si implicara alguna forma de autocrítica. Sólo en estos tiempos en que hasta el conservadorismo se llama compasivo, es posible observar sin asombro quién preside ese mismo panel. A dos décadas de concluida la dictadura argentina, los indicadores sociales son peores que nunca. La economía siguió funcionando del mismo modo, como una bomba absorbente y expelente de riqueza. El ahorro interno bastaría para aliviar la situación de los más desprotegidos, siempre que permaneciera en el país. Puede decirse que la Argentina ha financiado el desarrollo de los países donde ese dinero se invirtió. Adivinen cuáles.
Los organismos financieros internacionales ni objetaron esta tendencia ni exigieron que se modificara. Uno de los recién designados representantes personales de Kofi Annan, Michel Camdessus, fue director del FMI. Solía decir que el Fondo reclamaba presupuestos equilibrados pero no exigía que se ajustara sobre los sectores más desprotegidos. Todavía me pregunto por qué, al menos en este punto, los gobiernos nunca lo tomaron en serio.
Para un creciente número de la ilustrada población argentina que cayó por debajo de la línea estadística de la pobreza, en un país exportador de alimentos, el Estado no muestra otro rostro que el de la represión policial y judicial. Pero cuanto más grandes son las manifestaciones mayor es la dificultad para reprimirlas. Esto indica que las cosas deben cambiar, como esta misma conferencia lo sugiere. La desigualdad social no es una cuestión de caridad o de asistencia social sino de distribución del ingreso y de derechos, cuya vigencia debe asegurarse por medio de mecanismos institucionales democráticos. Antes de la actual crisis, el producto bruto per cápita superaba los 8.000 dólares al año, suficiente para impedir que una sola familia quede por debajo de la línea de la pobreza. Fortalecer la democracia significa garantizar el acceso universal a una justicia independiente y la seguridad jurídica para todos, no sólo para las grandes empresas. Incorporadas a los procedimientos para la toma de decisiones, las voces de la sociedad civil pueden contribuir a la fijación de metas y condiciones que impliquen un cambio en las prioridades de los organismos financieros internacionales, que a su vez supervisan a los estados nacionales. Condicionalidad y austeridad no son necesariamente malas palabras. Depende de cuáles sean las condiciones y a quiénes se les imponga la austeridad y las cargas impositivas. Sin tal inversión de alianzas, todo lo que aquí se trata será pura burocracia sin efecto alguno sobre la vida de miles de millones de personas y un nuevo desperdicio de tiempo y recursos escasos.