El defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, afirmó que en la zona del Bajo Flores, en todo el sur y también en el oeste de la Capital Federal “los abusos policiales, aunque no tan graves como el sufrido por Ezequiel (Demonty), son prácticas que sabemos que existen, pero es muy difícil conseguir que esos casos sean denunciados”. Lesbegueris recalcó que esos abusos “merecen el repudio de todos y que los sectores de la sociedad se movilicen para garantizar que nunca más se cometan este tipo de actos que son similares a los ocurridos durante la dictadura militar”.
Lesbegueris, que durante todos estos días acompañó a la familia de Ezequiel en su reclamo de justicia, sostuvo que ante hechos como el ocurrido “nadie se puede resignar a vivir en una sociedad que convive con la muerte, la impunidad, el abuso y que juega con el dolor de la gente, como en este caso”. El defensor adjunto recalcó que el maltrato a los jóvenes “agrede a la civilidad, al mínimo sentimiento de convivencia que se pretende en una democracia”. Sostuvo que los abusos policiales “son prácticas propias de la dictadura militar que se creían desterradas, pero que lamentablemente siguen vigentes”.
En los últimos tiempos se registraron muchas denuncias sobre casos de gatillo fácil y maltrato policial a jóvenes en los barrios de Villa Lugano, Soldati y en la zona del Bajo Flores. Tres de esos casos fueron denunciados por Página/12 en abril de este año. Las víctimas fueron Daniel Barbosa y Marcelo Acosta, ambos de 17 años, y Omar Alvarez, de 21. En los tres casos los familiares responsabilizaron al sargento de la Federal Rubén Solanes, quien cumplía funciones en la Brigada de Investigaciones de la comisaría 52ª. Ninguna de las denuncias pudo avanzar, en parte porque la etapa sustancial de la instrucción estuvo en manos de policías de la misma seccional. En los últimos tiempos, la mamá de Barbosa sigue recibiendo llamadas nocturnas con amenazas contra su vida.