En la víspera de cumplir el primer semestre en el cargo, y después de gastar la mitad de ese tiempo en la confrontación con la Sociedad Rural y sus tres aliadas, la presidenta Cristina retomó la iniciativa política sobre la redistribución de la riqueza a favor de los más pobres. El compromiso, al traspasar los límites de la pura retórica, otorga a la sociedad el derecho a reclamar nuevas medidas en la misma dirección y vincula las políticas públicas con un contenido que requerirá ciertos grados de coherencia y continuidad en el futuro. Los que adjudican la decisión anunciada una mera vía de escape, ingeniosa pero de corte alcance, para salir del pleito rural y de sus consecuencias dañinas, dejan de lado la dinámica social, la voluntad de la ciudadanía de reclamar por los intereses colectivos, para otorgarle al Gobierno poderes absolutos y únicos, como si nada pudiera suceder si no es por iniciativa o voluntad del máximo nivel institucional. Como lo demuestra la experiencia de estos últimos noventa días, a medida que transcurrían fueron modificando los criterios del Poder Ejecutivo, desde la primera resolución del 11 de marzo hasta la decisión conocida ayer, que fue precedida por varias correcciones que hizo el mismo Gobierno sobre la decisión del ex ministro Martín Lousteau. Es posible que el nuevo anuncio no alcance para apagar los fuegos campestres, pero la ofensiva ahora está en manos gubernamentales.

“¿Por qué no lo anunciaron hace tres meses?”, preguntaban anoche los dirigentes agropecuarios. Es una chicana, que sólo desmerece el esfuerzo de movilización y lucha de los productores y también de los vecinos de los pueblos del interior, lo mismo que de algunas franjas medias de los mayores centros urbanos. En la protesta, un derecho incuestionable de todos, hay que distinguir los matices: una cosa era el desconsuelo de los pequeños productores y otra muy distinta la avaricia del puñado de exportadores que controla el bocado del león de las exportaciones de granos y oleaginosas. También es preciso diferenciar a los ciudadanos solidarios, por una variedad de motivos, con los núcleos políticos de la oposición, sobre todo del antiperonismo latente, que trataron de aprovechar el conflicto para llevar agua a su propio molino, incapaces como han demostrado ser para generar corrientes por cuenta propia.

Con su anuncio, la presidenta Cristina clausuró de una vez la polémica sobre las retenciones móviles, en principio sobre la exportación de soja, porque esa recaudación ya no irá a una caja vaga del oficialismo sino que se dedicará a obras públicas con fines y porcentajes precisos: hospitales y centros de salud (60%), caminos rurales (20%) y vivienda popular (20%), administrados con la participación de los gobernadores. El anuncio formó parte de un mensaje, en cadena nacional, dedicado a desmontar los principales argumentos de los caciques rurales y de la oposición política. Aclaró, entre otros vicios discursivos, que ningún sector económico-social, aun de la importancia del bloque rebelde, puede emparejarse con la representación del Poder Ejecutivo, elegido en comicios libres y legales por una contundente mayoría. Es decir, “el Gobierno y el campo” no son pares y, por lo tanto, no corresponde ningún tipo de mediación, por más que el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, siga insistiendo en citar al Poder Ejecutivo a un encuentro con los ruralistas. Si las entidades del agro quieren audiencia no tienen más que pedirla de manera directa, como lo haría cualquier hijo de vecina, sin necesidad de intermediarios de buena voluntad o ansias de notoriedad.

Del mismo modo que la presidenta Cristina modificó sus actos y planes, los miembros de la llamada “comisión de enlace” deberían reflexionar sobre su actitud: la teoría de amigo-enemigo, desde ayer, perdió el valor que pudo tener hasta anteayer. Ese es el valor de la iniciativa política que recuperó el Poder Ejecutivo, para lo cual abandonó la respuesta crispada a la medida de fuerza, reemplazándola con propuestas concretas. En las primeras reacciones a ese mensaje, los ruralistas no pudieron menos que adherir a los objetivos anunciados por la presidenta Cristina, pero a continuación las razones que aducían en su favor eran las mismas de siempre, la mayoría sobredimensionadas y sobreactuadas, pero ahora sonaban como la insistencia de caprichosos insatisfechos. “¿Por qué siempre nos sacan al campo y no a los demás exportadores del país?” Tiene razón Buzzi, de la Federación Agraria, cuando hace esta pregunta: la renta financiera está esperando su turno, por citar un caso, y los operadores del mercado de valores ya saben a quién le tienen que agradecer, entre otros, si el Gobierno se decide a avanzar en “la opción por los pobres”, una definición que los obispos olvidaron de mencionar en su última declaración en la que pedían un gesto de grandeza al Poder Ejecutivo. Habrá que desear que el Gobierno no cometa el mismo olvido, cuando este tiempo presente ya forme parte de la memoria colectiva.