Los usos y abusos de “el campo”

Por Juan Abal Medina *

Después de casi 90 días del conflicto del campo resulta central tratar de comprender sus causas y –especialmente– aquellas que explican su radicalidad.

Creo que no existe ninguna causa objetiva que explique la desmesura que ha alcanzado este conflicto. La Argentina promedia hoy su sexto año consecutivo de crecimiento, período en el cual han mejorado, como nunca en la historia reciente, todos los indicadores sociales importantes. A su vez, el grupo que protagoniza la disputa no está en una situación límite; basta verles sus ropas, sus autos y la disponibilidad temporal que tienen para dedicarse a estos menesteres para estar seguros de que les va mucho mejor que a la mayoría de sus compatriotas. Por lo tanto, es necesario dejar de lado los factores “objetivos” y adentrarnos en la lógica detrás del comportamiento de los actores que pretenden usar (abusar) de este conflicto para otros fines.

La principal causa se encuentra en el propio accionar de las entidades patronales del sector, que podemos calificar como vergonzante y maximalista. Vergonzante porque se negaron permanentemente a reconocer lo que constituye el verdadero tema en conflicto: su pretensión de ganar aún más de lo que vienen ganando. Probablemente avergonzados por un reclamo tan claramente egoísta y poco solidario, desde el principio las entidades disimularon su reclamo central con otras temáticas (la leche, la carne) que no tenían que ver con el origen del conflicto. Pero, más aún, cuando desde el Gobierno empezamos a dar respuestas a estos reclamos, optaron por seguir su política de encubrimiento y continuaron ampliando aún más su abanico de demandas: empezaron a plantear temas como el federalismo o el rol del Congreso. Así el conflicto fue puesto por fuera de la disputa sectorial, e inscripto claramente en la arena que la democracia reserva a la política partidaria, donde las diferencias no se negocian en mesas sectoriales, sino que se resuelven mediante el voto popular. Esta operación discursiva fue acompañada con el creciente maximalismo de los reclamos que los condujo una dinámica de todo o nada.

La segunda causa importante ha sido el tratamiento sesgado e irresponsable que buena parte de los referentes mediáticos dio al conflicto. Muchos de los “formadores” de la opinión pública presentaron desde el primer día los métodos y reclamos de las entidades patronales como “correctos” y “justos”, y la política del Gobierno como absolutamente equivocada. Las motivaciones sin duda fueron diversas, pero lo cierto es que llamó la atención cómo los mismos que se escandalizaban cuando grupos de desocupados cortaban una avenida por escasas horas hayan sido tan benévolos con quienes cortaron por decenas de días las principales rutas del país y se arrogaban poderes para revisar los camiones, requisar mercaderías e incluso destruirlas. Este accionar, además de influir en la opinión pública, confundió a los miembros de las entidades, que se sintieron tentados en su vanidad y puestos casi en el lugar de héroes mediáticos que peleaban por el campo o la patria y no –como es en realidad– por plata.

La tercera causa se encuentra en el accionar abusivo y antisistémico que asumió parte de la oposición. En las democracias maduras, donde los opositores son alternativas de gobierno, se cuidan mucho en sus dichos, ya que saben que en poco tiempo pueden ser ellos los que deban responder por sus palabras. Por el contrario, los que saben que jamás llegarán al Gobierno toman actitudes “antisistémicas”, porque nunca deberán dar cuenta de ellas. En este conflicto el espacio mediático fue ocupado por aquellos que –sin ningún tipo de escrúpulos– vieron su oportunidad para recuperar protagonismo llenando el espacio con frases tremendistas. El punto cúlmine fue cuando un conocido conductor le preguntó a una dirigente opositora, en referencia a Kirchner, “¿pero este hombre qué es, demoníaco?”, y la respuesta fue positiva.

En cuarto lugar se encuentra la formación objetiva de una coalición “destituyente”. Esta coalición surge –casi tácitamente– por sus objetivos compartidos, sin necesidad de un pacto formal o una reunión al respecto. Muchos que detestan algunos de los puntos centrales de la política de nuestro gobierno (la redistribución del ingreso, el alineamiento internacional o las políticas de derechos humanos) vieron en este conflicto la oportunidad para desestabilizarlo. Generando miedo, haciendo correr versiones sobre la estabilidad económica, el precio del dólar y la inflación, la intencionalidad es evidente. Es indudable que la mayoría de los productores que participan del conflicto no son golpistas en ningún sentido del término, pero lo cierto es que su reclamo está siendo usado por quienes objetivamente sí lo son.

En conclusión, lo único cierto es que desde el Gobierno hemos hecho todo lo posible para solucionar el conflicto, explicamos nuestra postura y fuimos respondiendo con políticas públicas concretas a cada uno de los reclamos. Cualquiera que hoy haga el ejercicio de leer lo que las entidades agrarias sostenían a principio de marzo advertirá que todos sus planteos han sido tomados en cuenta. Claro que, como es nuestra tarea trabajar por el interés general, sus reclamos han sido tomados parcialmente: el principal de ellos, las retenciones, ha sido corregido para mejorar la situación de los pequeños y medianos productores (que son la mayoría), pero no la de quienes obtienen ganancias extraordinarias.

Llegó así el momento en que las entidades agrarias deben decidir si continúan peleando por “otro modelo de país”, con lo que no les quedará más remedio que armar un partido político y presentarse en las próximas elecciones, o si vuelven a ser lo que siempre fueron, es decir, representantes de intereses sectoriales. De tomar este último camino deberán sentarse sin imposiciones con el Gobierno a discutir las políticas estratégicas para su sector, que nos permitan aprovechar la nueva situación internacional al mismo tiempo que avanzamos en la distribución más justa del ingreso mediante las medidas que viene impulsando Cristina Fernández de Kirchner desde el primer día de su gestión.

Pero tomen el camino que tomen, deberán deponer definitiva e inmediatamente las medidas de fuerza que están costando mucho a todos los argentinos, o al menos dejar de lado el uso de la violencia: si no quieren vender algo que no lo hagan, pero dejen de impedirle coercitivamente trabajar al resto de los argentinos.

Finalmente, sería conveniente que el resto de los actores involucrados también tome una decisión adecuada, dejando aislados a aquellos que sólo quieren frenar un modelo de crecimiento que, en muy pocos años, logró revertir la historia de impotencia y fracaso que los argentinos veníamos sufriendo desde hacía largo tiempo.

* Secretario de la Gestión Pública de la Nación; doctor en Ciencia Política, profesor de la UBA e investigador del Conicet.

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La construcción de la “patria sojera”

Por Jorge Altamira *

El argumento más reiterado del Gobierno para justificar el incremento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias e incluso convertirlas en móviles es la necesidad de capturar las rentas extraordinarias que estaría obteniendo la patronal del campo, en especial la sojera. Los defensores de este planteo ni siquiera se incomodan cuando se les recuerda que el Gobierno ha usado los ingresos fiscales de esas rentas para subsidiar a otros sectores del capital nacional. Solamente en 2007, los 16 mil millones de pesos recaudados por las retenciones a la exportación granaria fueron girados a “los sectores privados de servicios y transporte” en un ciento por ciento (informe Estudios Bein). Además, tenemos la cuenta de la deuda externa, que crece en la misma medida en que avanza el desendeudamiento. Cuando algún kirchnerista más desinhibido recoge el guante de esta denuncia, su respuesta es que esta circunstancia no cuestiona la necesidad misma de capturar las rentas agropecuarias por medio de retenciones.

El tema de la distribución de las ganancias del campo caracteriza muy bien la naturaleza intercapitalista del conflicto en curso. Pero incluso esto no es lo fundamental. Mucho más importante todavía es la responsabilidad del Gobierno en la creación de la renta agraria extraordinaria que se distribuye entre capitalistas, o sea en el enriquecimiento inusitado de los “piquetes de la abundancia”. Es el punto que evade contestar hasta el más “nacional y popular” de los partidarios del oficialismo.

Ese desarrollo de la “patria sojera” es la consecuencia, en primer lugar, de la devaluación de la moneda y del “dólar alto”. La “patria sojera” y sus beneficios extraordinarios ha sido construida por el Gobierno que invoca la “redistribución de los ingresos”. El establecimiento de las retenciones es un subproducto de la devaluación extraordinaria del peso. El ciclo duhaldo-kirchnerista no inventó nada: desde que fueron establecidos los derechos de exportación en la Constitución nacional su función fue habilitar, en primer lugar, el premio de un “peso competitivo” para las exportaciones agrarias. Fue la condición de la moneda argentina luego de la crisis de 1890 hasta 1914: creó de nuevo una renta agraria extraordinaria y llenó las arcas del Estado para pagar la deuda externa de la época, tal como viene ocurriendo desde la crisis de 2001. Las retenciones fueron establecidas por Federico Pinedo, un típico representante de la oligarquía, cuando devaluó el peso en 1959; por Martínez de Hoz en 1962 y por Krieger Vasena, un representante del pulpo internacional de la carne, Deltec, en 1967. Han sido un instrumento histórico de la oligarquía para “regular” la devaluación de la moneda y usar los mayores ingresos fiscales para pagar la deuda externa.

La devaluación del peso avaló también la extensión de la frontera agraria para la soja, al habilitar la formación de una renta agraria diferencial. Pero aquí el oficialismo fue más lejos todavía, pues favoreció la expulsión de campesinos y la tala de bosques, como se puede comprobar en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. El kirchnerista Urtubey acaba de cesantear a su ministra de Medio Ambiente por haber osado limitar esa tala. En la misma línea, el Gobierno, “nacional y popular”, ha mantenido la legislación laboral de la dictadura para los peones del campo, y ni qué decir de la vista gorda ante el trabajo en negro. En materia impositiva ha conservado la piedra basal del cavallismo: el financiamiento del presupuesto por medio de los impuestos al consumo, mientras el inmobiliario rural es cobrado sobre una tasación fiscal que es ochenta veces inferior al precio venal de la tierra. La “patria sojera” ha sido construida políticamente por el Gobierno actual. Si falta alguna prueba adicional, ahí están los puertos privatizados de la hidrovía, que les otorgan a los pulpos exportadores el control económico del excedente agrario y una capacidad enorme de evasión impositiva (y de retenciones), y el control político de los municipios vecinos. Esto es lo esencial, las condiciones de producción del negocio sojero, porque son estas condiciones las que determinan las de la distribución del excedente económico, no al revés. A los nostálgicos del IAPI, que afirman sin fundamentos que sirvió para distribuir las rentas, habría que recordarles que concluyó su vida con un déficit gigantesco financiado por el Banco Central, y una inflación enorme derivado de ello, debido a los subsidios que se vio obligado a darle al “campo” cuando los precios internacionales del agro cayeron estrepitosamente, a partir de 1948.

El establecimiento de las retenciones móviles no desmiente sino que confirma todo lo anterior. Es notorio para cualquiera que los economistas del kirchnerismo y la “burguesía nacional”, cuya “reconstrucción” fue convertida en su meta estratégica, vienen reclamando un “service” al “modelo productivo”, o sea una nueva devaluación del peso. Lo intentó, en su breve paso por el Gobierno, el ex ministro Lousteau –lo que llevó el dólar a más de 3,20 pesos–. En el marco inflacionario actual –alrededor del 30 por ciento anual–, una nueva devaluación exigiría un nuevo retoque de las retenciones. El mayor ingreso fiscal serviría para hacer frente a la mayor carga de subsidios que reciben los capitalistas del transporte y de la energía.

El régimen sojero, antes que una novedad en la canasta granaria argentina, es un modelo social de concentración del capital financiero en el campo, expulsión de los campesinos, penetración de las multinacionales de los insumos químicos que devastan el suelo, y una mayor superexplotación del obrero rural. La “clase media” capitalista a la que hizo referencia el ex presidente Kirchner es un factor secundario en este proceso, porque opera, como ocurre en la industria, como “tercerizada” de las actividades de los “pool de siembra” o de los monopolios agroquímicos, o sea que no constituyen un factor independiente, como lo fueron, para por ejemplo, los “farmers” norteamericanos en el siglo XIX.

La crisis alimentaria mundial potencia la deformación económica del agro argentino. Los operadores en los mercados de futuros son también los capitales financieros que arman los fideicomisos agrarios. Manejan a su antojo las dos puntas del negocio. La construcción sojera del kirchnerismo ha acentuado la dependencia nacional como ni siquiera lo hubieran soñado los entreguistas del menemismo. En oposición a los dos polos coyunturalmente enfrentados de la patria capitalista sojera, es necesario plantear una revolución agraria, mediante la nacionalización de la gran producción agraria, del comercio exterior, de los puertos privatizados y el desarrollo de una industria nacional de biotecnología. La “maldición” no reside en la soja, sino en el régimen social agrario que han consolidado las fuerzas económicas dominantes y el Estado.

* Dirigente del Partido Obrero (PO).