Desairado por la ausencia de representantes del Gobierno y del Parlamento en la reunión que ayer protagonizó con los titulares de las entidades del campo, Eduardo Mondino decidió insistir con otra convocatoria para hoy dirigida al jefe de Gabinete y al ministro de Economía. A esto sumó un pedido de audiencia a Cristina Fernández de Kirchner para concurrir junto a los representantes de la mesa de enlace. De ser concedido, ese encuentro implicaría no sólo reabrir la negociación entre el Gobierno y el campo, sino agotar la jugada conciliatoria sentando a la mesa a la interlocutora de máxima jerarquía. Es muy probable que el defensor del Pueblo de la Nación se tope nuevamente con una negativa expresa o de hecho desde las aludidas instancias de poder. Menos claras son las consecuencias para los funcionarios responsables de no acudir a esas citas, ya que la Constitución impone la obligación de “colaborar” con el ombudsman.

La intervención de la Defensoría fue solicitada por las cuatro entidades del campo con el argumento central de que las medidas oficiales vulneraron sus derechos. “Un impuesto confiscatorio puede considerarse violatorio del derecho constitucional de propiedad”, conjeturaba ayer el constitucionalista Daniel Sabsay, aunque sin formular ninguna sentencia acerca de si en este caso existe o no es falta. Sí hay jueces que comenzaron a interpretar que existe tal cargo con juicios adversos a las retenciones.

La supuesta acción dañina del Estado contra un sector de la sociedad es una de las razones que habilita la intervención del ombudsman, que para sus buenos oficios exigió al campo el cese de cualquier medida de fuerza. Otras son su obligación de velar tanto por el mantenimiento de la paz social, alterada por los cortes de ruta, como por el buen desempeño del Estado en su rol administrador. En función de esas atribuciones, reconocidas por la Constitución, Mondino intentó crear un “ámbito de conciliación” convocando a un encuentro con la mesa de enlace ruralista al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, al ministro de Economía, Carlos Fernández, y los titulares de las cámaras parlamentarias. Ninguno acudió a la cita.

Sólo una nota de Julio Cobos dio prueba de que el convite del ombudsman llegó a los destinos deseados. El vicepresidente envió una nota de disculpa en su condición de titular de la Cámara de Senadores, rol por el cual fue invitado, al igual que el titular de Diputados, el justicialista Eduardo Fellner. Pero, según destaca la Defensoría, esa excusa escrita no es la del Gobierno, que oficiosamente habló a través del ministro del Interior y jefe de la bancada oficialista.

“No hay una razón que amerite o justifique que el defensor del Pueblo tenga que actuar sobre políticas públicas definidas por el gobierno. Estamos hablando de un gobierno que toma decisiones políticas que están por encima, desde el punto de vista constitucional, del propio artículo 86 que crea a la Defensoría del Pueblo”, justificó el titular de la cartera política. Para el diputado y jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi, la propuesta de Mondino tendría el defecto de contraponer el Estado, “que representa a todos los ciudadanos” con el agro, es decir, con “un sólo sector” de la sociedad.

Los argumentos oficiales suenan conceptualmente atinados, ya que apuntan a la soberanía de que goza un gobierno legítimo para tomar decisiones en función del bien común, aunque éstas vayan en desmedro de una minoría. Pero la ley 24.284, que regula la creación y funcionamiento de la Defensoría, prevé la obligación del Estado de “colaborar” en la resolución de los trámites que se realizan ante el ombudsman. Hasta dónde llega ese deber, de qué manera puede ser honrado y cuál es la eventual consecuencia de no hacerlo es lo que está en duda.

No se recuerdan antecedentes de un conflicto de esta naturaleza en los quince años de existencia de la Defensoría. El año pasado, cuando un reclamo legal de los trabajadores del subte paralizó el servicio, la viceministro de Trabajo, Noemí Rial, se avino a exponer ante Mondino la visión estatal sobre lo que ocurría en esta prestación privatizada. Algo que recuerdan en las oficinas de Mondino, donde no se computan negativas de este tipo.

“No hay razón legal ni política para que el Poder Ejecutivo no participe” de la reunión que se realizó ayer, sentenciaba Mondino poco antes del encuentro al que acudieron Mario Llambías (CRA), Luciano Miguens (Sociedad Rural), Eduardo Buzzi (Federación Agraria) y Fernando Gioino (Coninagro). Una interpretación que da de bruces con el criterio sustentado por el Gobierno que, previsiblemente, hoy dejaría nuevamente vacante su lugar en la reunión. Una ausencia que los dirigentes ruralistas intentan capitalizar como prueba de que del otro lado no hay vocación de diálogo. Ese que ellos intentan desesperadamente reabrir, ahora de la mano del defensor.