La causa sobre las nuevas coimas en el Senado sigue en ebullición. El juez federal Claudio Bonadío prohibió salir del país al banquero Emilio Cárdenas, directivo del HSBC, y lo citó para que el lunes ampliara su declaración testimonial. El magistrado tomó esa decisión tras corroborar que el ex embajador ante la ONU no se encontraba en Sudáfrica como había hecho saber al juzgado. Por otra parte, la senadora Elva Paz y su asesor Juan Carlos Ríos pidieron al juez que les certifique por escrito que no están imputados en la causa. Cuando el escándalo estalló en los pasillos del Senado no fue Carlos Bercún el único nombre que sonó, sino también el del secretario de esta legisladora formoseña.
Bonadío todavía no dio ninguna respuesta al abogado enviado al juzgado con la solicitud porque “no descarta ninguna hipótesis”. Quizás opte por emitir un certificado similar al que firmó hace dos años el entonces juez Gabriel Cavallo cuando el ex secretario de Inteligencia Fernando De Santibañes hizo un pedido similar en la causa Inducuer. “No está imputado por ahora”, fue el texto que se llevó el ex jefe de la SIDE. Ríos trabaja en el despacho de la senadora Paz y mantiene contacto con los banqueros. Este año, la legisladora presentó un proyecto sobre la eliminación de las garantías prendarias por parte de los bancos. Cuando el corresponsal del Financial Times, que destapó el caso, declaró como testigo precisó que el allegado a los banqueros que había transmitido el pedido de soborno podía haber sido un lobbysta. A partir de ahí las miradas se centraron en Bercún, acusado por la senadora Malvina Seguí que a su vez había sido señalada como protagonista de un supuesto video que nunca apareció. Pero algunos también acercaron a oídos de periodistas el nombre de Ríos.
Una empleada del estudio de Oscar Salvi se presentó ayer en el juzgado para informar que Emilio Cárdenas, titular de la AFJP Máxima y directivo del HSBC, no podía concurrir a ampliar su declaración testimonial porque se encontraba en Sudáfrica. Los funcionarios judiciales verificaron que el banquero no había traspasado las fronteras y para asegurar que acuda a la citación judicial Bonadío le prohibió la salida del país.
En su primera declaración, Cárdenas había negado tener conocimiento del asunto de las coimas, al igual que el resto de los banqueros que desfilaron por el juzgado. También dijo desconocer el trámite del proyecto de ley por el que se habrían pedido los sobornos, que crearía un fondo de desempleo para el sector bancario a partir del restablecimiento de una comisión del 2 por ciento en las comisiones a las transacciones bancarias. Cuando le preguntaron sobre el impacto económico que tendría esa iniciativa si se convirtiera en ley, no dudó en afirmar que “sería adverso” porque reintroduciría “un instituto (el de Servicios Sociales Bancarios) que está en discusión en la Corte Suprema y que no satisface el objetivo de proveer al personal bancario cobertura médica adecuada, desde que lleva ya dos fracasos históricos”. El banquero agregó que “en este momento, en el que el sector financiero está débil, le agrega un sobrecosto que, a modo de ejemplo, para el HSBC que tiene ingresos por intereses y comisiones del orden de los 400 millones de dólares supondría un costo adicional del orden de los 8 millones”. Cárdenas recordó que ése no era el único proyecto de ley que causa inquietud en el sector financiero.