Bajo la referencia “Deber de reserva de las actuaciones y operaciones del BCRA”, el presidente del Central, Aldo Pignanelli, comunicó a subgerentes generales, gerentes y subgerentes que de aquí en más la divulgación de información relativa a la entidad debe ser autorizada por la presidencia, aun cuando los datos sean solicitados por los otros miembros del directorio o los síndicos. Quienes tomaron conocimiento del contenido de la resolución 179 quedaron alelados: se trata de “un recurso de características autocráticas, inédito en la historia del banco”, dijeron. Al mismo tiempo, la relacionaron con la preocupación que suscitó en Pignanelli y en otro de los directores, el ex senador Ricardo Branda, la publicación de la noticia de que, entre los tantos contratos que el lobbista Carlos Bercún mantiene con organismos públicos, existe uno suscripto con el BCRA.
Lo que la circular ha convertido en secreto riguroso son: las operaciones del BCRA, las decisiones de sus órganos, sus actuaciones administrativas o las tramitadas ante él, los requerimientos que le hacen la autoridades nacionales, provinciales o municipales, las acciones judiciales en que interviene, así como las derivadas de la aplicación de la Carta Orgánica, de la Ley de Entidades Financieras y normas vinculadas a ellas. Tan al margen de esas informaciones como los ciudadanos comunes quedan los integrantes del directorio –pares de Pignanelli– “excepto cuando se relacionen directamente con los asuntos objeto de tratamiento específico por parte de este órgano y/o sus comisiones. También las que requieran los síndicos, a excepción de las que fueren necesarios para el íntegro cumplimiento de los deberes impuestos por el artículo 36 de la Carta Orgánica”. También quedan marginados los miembros de la auditoría interna del banco, en teoría un cuerpo de fiscalización.
La resolución fue transmitida in voce por el propio Pignanelli a la subgerente Alejandra Naughton, quien se encargó de difundir lo único ahora permitido, que es la flamante prohibición de difundir.