“La ley que reforma el Código de Procedimientos bonaerense es un retroceso grave”, sostiene Alcira Daroqui, investigadora de la UBA, donde dicta la materia Sociología del Sistema Penal. Sería un retroceso porque “hará crecer exponencialmente la cantidad de personas privadas de su libertad, sin lograr por ello bajar los índices del delito, como ya sucedió con la reforma que impulsó Carlos Ruckauf en 2001”. Pero el retroceso consistiría también en que, a juicio de la investigadora, la nueva normativa vendría a consolidar e incrementar un poder discrecional que la policía bonaerense ya ejercería de hecho. Esto es grave porque “los delitos más importantes que suceden en la provincia se efectúan bajo el amparo de sectores de la policía, de la política y del Poder Judicial”.

–La reforma se inscribe en el propósito de garantizar la seguridad, o disminuir la denominada “sensación de inseguridad”, mediante el endurecimiento del sistema penal, que incluye también aspectos como la baja en la edad de imputabilidad –sostiene Daroqui–. Pero esto ya se intentó. La reforma Ruckauf hizo subir la población carcelaria, que era de 12 mil personas en 2001, a 28 mil en 2005; es una población muy joven, mayoritariamente de 18 a 30 años: ¿eso logró mejorar la seguridad? Una primera consecuencia de la nueva ley será el aumento exponencial de la población carcelaria, que se hará evidente de aquí a un año. Y sólo el que visitó cárceles bonaerenses tiene idea de lo que significan en términos de condiciones de vida y violación a los derechos humanos. La ley que limita las excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires es sin duda un retroceso grave.

–¿Qué porcentaje de los detenidos están todavía bajo proceso, es decir, son técnicamente inocentes?

–Casi el 75 por ciento de las personas privadas de su libertad no tiene condena. Hace dos años eran todavía más, llegaban al 82 por ciento: la proporción bajó gracias a los “juicios abreviados”, que por lo demás reciben fuertes cuestionamientos en términos de su constitucionalidad: si uno entrevista, como lo hemos hecho nosotros, a personas alojadas en cárceles luego de juicios abreviados, la mayoría no tiene claro qué fue lo que pasó en ese juicio ni qué es lo que el defensor les ofreció.

–¿Qué consecuencias tendrá el incremento de los detenidos sin condena?

–Ya una parte muy importante de los detenidos en esas condiciones terminan siendo absueltos: hace un par de años, el Departamento Judicial de Quilmes dio a conocer una cifra del 30 por ciento de absoluciones en el juicio oral. Los absueltos habían pasado años en prisión. Y no hay por qué suponer que en otros departamentos, que no informan, los valores sean mejores. El porcentaje de absoluciones debería ser mínimo, ya que privar a alguien de su libertad debería requerir una cantidad importante de pruebas.

–¿Por qué se mantiene detenidas a tantas personas sin pruebas?

–Muchas veces hay deficiencias gravísimas en la instrucción de la causa. A menudo, el sumario se hace sólo con las pruebas que toma la policía en el momento de la detención: a partir de eso se determina la prisión preventiva, prácticamente no hay instrucción de sumario por los fiscales; esto pasa sobre todo en los delitos más leves, como robo simple o tentativa de robo calificada. Entonces, al no haber una adecuada instrucción, la prisión preventiva se sostiene con pruebas endebles, y esto recién sale a luz en el juicio oral. Además, de acuerdo con otra reforma que se efectuó hace pocos meses, el ser capturado in fraganti, durante el acto delictivo, acelera el proceso judicial. Pero también es la policía la que determina la flagrancia, y esto forma parte del hecho de que la provincia de Buenos Aires le sigue dando mucha potestad a su policía.

–Esto es todavía anterior a la norma que limita las excarcelaciones...

–Es que no se trata sólo de lo que digan las normas, sino de las prácticas concretas: gran parte de la instrucción continúa estando a cargo de la policía; puede ser que esto no suceda en determinados departamentos judiciales, pero en muchos casos es así. Y con la reforma va a ser peor.

–¿Por qué?

–La reforma misma habilita, en ciertos casos, la detención por parte de la policía sin mediar orden judicial. Se inscribe en una política de incrementar las facultades policiales, pese a la trayectoria que, sabemos, tiene la policía bonaerense. Las detenciones arbitrarias ya se venían produciendo: es mucho más grave que una ley las habilite porque dejarán de ser irregularidades, que eventualmente podrían ser denunciadas: serán legales.

–¿Cuáles son los datos reales sobre el delito? ¿En qué medida hay un aumento de la inseguridad?

–No hay datos ciertos. Hay un problema muy grave de falta de información. Desde hace dos años, Aníbal Fernández, ministro de Justicia de la Nación, no da a conocer las estadísticas sobre el delito, que antes publicaba en su página de Internet. Esta irregularidad no es muy distinta de las que se han denunciado respecto del Indec. Entonces, pasan cosas como que el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salcedo, en el marco de una campaña mediática contra los menores, haya sostenido que el 80 por ciento de los delitos son cometidos por menores de edad, pero nadie pudo citar la fuente de donde había obtenido ese supuesto dato. Lo cierto es que el aumento del delito fue mucho menor que el de la cantidad de personas encarceladas.

–¿Qué otras consecuencias tendrá la reforma?

–Hay que admitir que esta política tiene otros fines, vinculados con el fomento de lo que puede llamarse la industria de la seguridad, en la que hay mucho dinero en juego. Por de pronto, el aumento de la población carcelaria requerirá construir nuevas cárceles, ampliar las instituciones del Poder Judicial y otorgar a las comisarías mayores recursos para sostener a los presos que están alojados en ellas bajo prisión preventiva.

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