La reforma propuesta por Daniel Scioli establece que la alternativa a la prisión preventiva sólo se podrá establecer en tres casos que son de carácter humanitario. Entre ellos, enumera específicamente a las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, a los mayores de 70 años o a los enfermos terminales, siempre y cuando, en todos los casos, no haya peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa. Al mismo tiempo, para la excarcelación se establecen criterios objetivos a los que deberán ajustarse los jueces de Garantías al momento de otorgarlas, con lo cual los expertos consideran que la tendencia de los jueces será rechazar la excarcelación.

La reforma modifica unos 25 artículos del remodificado Código de Procedimiento Penal bonaerense. La iniciativa había sido elaborada por el ex asesor legal del SPB y actual ministro de Justicia Ricardo Casal, tras realizar una ronda de consultas en las que los consultados fueron de la propia tropa. La reforma, cuando era proyecto, transitó canales muy cerrados, a los que apenas tuvieron acceso unos pocos.

Pero en términos técnico-jurídicos es una repetición de la exposición manodurista de Ruckauf, con mayor acierto de sutilezas. “La reforma de Ruckauf indicaba que la excarcelación no se podía aplicar en determinados delitos y los enumeraba –sostuvo Paula Litvachky–. Era demasiado burdo. La Suprema Corte sostuvo que no se podía dictar para unos sí y para otros no. Un mamarracho. Ahora lo hicieron en forma más sutil. Pero por eso el resultado será más grave, porque establece más dificultades. Hicieron un mix entre lo que es los límites a las morigeraciones a la prisión preventiva y las situaciones específicas en que se puede aplicar la excarcelación. Los jueces tienen menos espacio para disponer la libertad y, conociendo cómo es la tradición judicial en la provincia, si tienen dudas se van a inclinar por la detención.”

El resultado de la reforma de Ruckauf sumió a la provincia en la peor crisis de seguridad fuera y dentro de las cárceles. Curiosamente, en 2007, el mismo gobierno de Felipe Solá pidió junto al Estado argentino una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para mostrar que estaba intentando cumplir con el fallo Verbitsky y que requería de herramientas técnicas para poder profundizar en la materia.

A la audiencia concurrió el ex ministro de Justicia bonaerense Eduardo di Rocco, que admitió que el hacinamiento en las cárceles y comisarías era un despropósito que no producía soluciones, sino que multiplicaba los problemas. El Estado, de ese modo, se comprometió a resolver la situación, reviendo leyes que habían sido modificadas en el período de reformas de Ruckauf y por los reclamos de Blumberg.

Ahora, otro gobernador bonaerense, Daniel Scioli, con otro ministro de Justicia, Ricardo Casal, deshacen con el codo lo que como representantes del Estado bonaerense se habían comprometido a sostener como compromiso internacional ante la CIDH. La propia comisión envió una nota a Scioli y a Casal pidiendo, con preocupación, un informe sobre el articulado de la re-reforma del ya mutilado Código de Procedimientos Penal de la provincia.