En la relación entre el Gobierno y los sectores agropecuarios, nada escapa de una interpretación política. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó la gratuidad de las cartas de porte, un documento utilizado para el traslado de granos. A partir de ahora, los productores dejarán de pagar aranceles y comisiones por estos permisos. En total, será un ahorro de 200 millones de pesos. Una parte la dejará de percibir el Estado y otra los intermediarios, como la Federación Agraria, quienes se financiaban a través de estos permisos. De esta manera, la AFIP y la Oncca –entidad que no es del beneplácito de los dirigentes agropecuarios– controlarán el otorgamiento de la documentación, que comenzará a gestionarse vía Internet, donde cada productor recibirá un Código de Trazabilidad de Granos. El objetivo último de esta medida es evitar la comercialización en negro de los granos. Mientras que la Federación Agraria dejará de recibir aproximadamente dos millones de pesos. Por eso Eduardo Buzzi, titular de la FAA, expresó su malestar.

A partir de la promulgación del Decreto 34, los productores se ahorrarán por año 200 millones de pesos, según estimó la AFIP. Hasta el momento, los productores debían comprar las cartas de porte a la Federación Agraria y a la Federación de Acopiadores de Cereales, que desde 1992 son las entidades autorizadas para otorgar estos documentos. El precio de las cartas de porte estaba integrado por aranceles que percibía el Estado y por las comisiones que cobraban las entidades intermedias.

Para Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, esta medida implicará “un cambio de filosofía en el transporte de granos”. El trámite se hará vía Internet, donde se emitirá un Código de Trazabilidad de Granos (CTG), en el que constarán los datos de la carga, del transporte y del destino.

“Esto permitirá superar la existencia de cartas de portes trillizas y cuatrillizas. Además, ya no estarán más los intermediarios que eran necesarios en otras épocas. Hay que tener en claro que esto forma parte de un proyecto estratégico y un cambio fundamental dentro del mercado granario”, señaló Echegaray. El destinatario de esas palabras era uno solo, la Federación Agraria.

Su titular, Eduardo Buzzi, sostuvo que la gratuidad de las cartas de porte es “una burla” para los productores y “un castigo” para la Federación. “Esta medida pretende castigarnos por habernos opuesto a un modelo de concentración económica”, señaló Buzzi, aunque sostuvo que los cerca de dos millones de pesos anuales que dejará de percibir no afectarán el desempeño habitual de la entidad.

Por fuera del castigo que supone esta medida –según la interpretación de Buzzi–, el objetivo de fondo parece ser otro. En el CTG constarán los datos de la carga, del transporte y del destino. “De esta manera se evitará el movimiento de granos en negro o no declarado y al productor le permite confirmar que su mercadería llegó a destino”, aclaró la AFIP a través de un comunicado.