Con el objetivo de buscar alternativas que permitan acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad, la Unidad Fiscal de Coordinación de la Procuración General de la Nación se presentó ayer ante la Cámara de Casación para pedir la redistribución de causas que están a cargo del Tribunal Oral Federal 5. En la misma línea que los ministros de la Corte Suprema analizaron el martes último la reasignación de jueces priorizando los procesos por terrorismo de Estado, los fiscales advierten que el TOF 5 está realizando el juicio oral a los responsables de los jefes de área del Primer Cuerpo de Ejército y que en agosto se tendrá que abocar a la causa ESMA. En consecuencia sería conveniente dividir la investigación del Primer Cuerpo para que pueda avanzar bajo la guía de otros magistrados.

La presentación fue realizada por el fiscal general Jorge Auat, el coordinador de la Unidad Fiscal Pablo Parenti y Alejandro Alagia –fiscal designado para reforzar el equipo– ante la presidenta de la Cámara de Casación, Liliana Catucci, y remitida a la Corte Suprema. Los fiscales destacan que con el inicio del juicio oral por la represión en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, “quedarían muy postergados otros juicios del Primer Cuerpo, como el de los centros clandestinos Atlético-Banco Olimpo, Vesubio, Hospital Posadas, entre otros”. El juzgamiento de parte de los responsables de la conducción de la Armada podría insumir todo el 2010.

La intención es redistribuir las causas en tribunales que puedan realizar los procesos en un breve plazo. El planteo apunta no sólo a reasignar jueces del interior del país sino a destinar las causas a magistrados de los tribunales orales en lo Criminal de la Capital Federal.

En la Unidad Fiscal recuerdan que el mecanismo no es inédito sino que tiene como precedente una decisión semejante del Tribunal Oral Federal 4 en el juicio por el accidente de Lapa. En ese caso, se decidió escindir la investigación para evitar la prescripción. Los fiscales destacan ese antecedente porque implica que no se recurre a mecanismos excepcionales que, consideran, podrían motivar cuestionamientos por parte de la defensa de los represores.

En junio del 2005, la Corte Suprema dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. A partir de ese fallo se reactivaron los juicios por delitos de lesa humanidad. La cantidad de testigos, la dispersión territorial de la represión y los recursos utilizados por los defensores de militares para dilatar los procesos junto a la “condescendencia”, en muchos casos, de camaristas convalidaron el entramado de indefinición.

El 29 de diciembre pasado, la Corte Suprema acusó recibo de las críticas y, mediante la acordada 42/08, le pidió a Casación que “arbitre las medidas necesarias para lograr la mayor celeridad posible en la realización de los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de 1976-1983”. Los fiscales se fundan en esa resolución y le solicitan a Casación “la reasignación de las causas” por la represión en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que “no cuenten con fecha de inicio de juicio, así como de las causas conexas que se encuentran en etapa de investigación preparatoria y que por razones de conexidad también pudieran quedar radicadas en ese tribunal con posterioridad”.

Auat, Parenti y Alagia señalan que “de no tomarse medidas como las que se solicitan”, los próximos juicios por casos del Primer Cuerpo quedarían “irremediablemente lejanos en el tiempo”. Al fundar su reclamo, los fiscales insisten con la acordada de la Corte que “entre, un conjunto de razones del atraso de los juicios por delitos de lesa humanidad, (destaca) la congestión extraordinaria de procesos ante el TOF 5 así como los graves perjuicios que ello ocasiona para las víctimas y sus familiares como para los derechos de los imputados”.