La Corte Suprema recibió a varios organismos de derechos humanos la semana pasada, para escuchar su preocupación por el lento avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos. Tal como habían hecho días antes en la Casa Rosada, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio Paz y Justicia entregaron un documento al que Página/12 tuvo acceso. “La magnitud de estos hechos encontró a los Poderes del Estado –y a nosotros mismos– sin las armas necesarias para encarar los juicios que para nosotros deben cumplir con una premisa irrenunciable: se debe juzgar a todos los represores por todas las víctimas”, expresaron.

En el documento, solicitaron que “se elabore urgentemente una estrategia estatal para el logro de un procedimiento adecuado para el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”. Y sugirieron una serie de premisas:

- La apertura de los archivos existentes y la reconstrucción de los que hubieran sido destruidos. La elaboración de una nómina del personal que desarrolló tareas en los Servicio de Inteligencia y demás reparticiones y Fuerzas Armadas y de seguridad, incluyendo el Servicio Penitenciario Federal. La prohibición de destrucción de toda la documentación de los registros estatales producida durante el terrorismo de Estado.

Para acelerar los juicios y simplificar el procedimiento propusieron:

- Suspender la asignación de causas a juzgados y tribunales en los que se desarrollen procesos por delitos de lesa humanidad. Ampliar el número de juzgados y tribunales. Arbitrar los medios para que el Consejo de la Magistratura realice con la mayor celeridad los concursos y eleve las ternas, y para que el Poder Ejecutivo concrete las designaciones en todo juzgado vacante. Que el Consejo de la Magistratura participe activamente en la sanción y juicio político a los magistrados, sea por incumplimiento de los plazos, sea por entorpecimiento de los procesos. Simplificar las pruebas testimoniales al extremo. Contener y proteger al testigo. Evitar la repetición de pruebas, incorporarlas por lectura y de otros procesos.

Además, plantearon la necesidad de la máxima acumulación de los procesos, de evitar juicios por casos particulares, de impulsar el criterio de unificación por zona, cadena de mando, circuito y centro clandestino, de evitar el desmembramiento de las causas en el momento de la elevación a juicio oral. A criterio de los organismos de derechos humanos, la unificación ideal debería realizarse bajo los principios de un juicio por cada jurisdicción y en cada jurisdicción un juicio.

En el entendimiento de que en los juicios contra el terrorismo de Estado son necesarias formas de reparación histórica, señalaron que “su publicidad debe ser total y facilitada por el Estado, salvo que los testigos soliciten expresamente que su imagen no sea registrada ni difundida masivamente”, y que “el Estado debe facilitar a las víctimas y sus abogados los documentos reservados”. Luego de afirmar que “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron cometidas con el propósito de desarrollar un proyecto político y económico”, afirmaron que “junto al enjuiciamiento de los autores materiales debe impulsarse la persecución de los civiles que participaron en el gobierno o fueron ideólogos o cómplices de la dictadura, o que, desde sus empresas, actuaron en connivencia (con los militares) en su propio beneficio”.

En el último párrafo sugirieron crear un espacio de desarrollo y monitoreo. Pero, a diferencia de la comisión cuya creación anunció ayer la Corte, la propuesta incluía la participación de los organismos de derechos humanos.