Más temprano que tarde la causa sobre los primeros sobornos en el Senado será archivada y los legisladores involucrados terminarán sobreseídos. En los últimos meses no apareció nada que haya hecho cambiar la posición del actual juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, quien ya había manifestado su intención de cerrarla. “En algún momento tendré que pagar ese costo político”, confió ayer el magistrado a sus colaboradores. Sin embargo, esa instancia aún no llegó. En momentos en que el segundo caso de coimas en la Cámara alta está en plena investigación, la Cámara Federal concedió una nueva prórroga de 60 días al juez para que realice las últimas medidas de prueba que están pendientes.
Según explicó a Página/12 una fuente judicial, se trata de una serie de informes solicitados hace algunos meses a distintos organismos oficiales pero cuyo contenido “no alterarían en lo sustancial” las pruebas recogidas hasta ahora. De todos modos, el plazo establecido por la Cámara “no es perentorio” ya que el magistrado puede solicitar una prórroga si necesita más tiempo para realizar las diligencias, según indicó una fuente de la sala I a la agencia Télam. El expediente está en manos de Canicoba Corral desde agosto de 2001 cuando el entonces juez federal Gabriel Cavallo, que llevó la causa tras la renuncia de Carlos Liporaci, fue ascendido a camarista.
El 29 de diciembre de 2000 Liporaci había dictado la falta de mérito de los senadores Emilio Cantarero, Remo Constanzo, Angel Pardo, Eduardo Bauzá, Ricardo Branda, Ramón Ortega, Alberto Tell, Augusto Alasino, Alcides López, Raúl Galván y Javier Meneghini, y también del ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y del prosecretario Martín Fraga Mancini, porque consideró que no había elementos suficientes para procesarlos por el delito de cohecho, presuntamente cometido durante la aprobación de la Reforma Laboral. En aquella resolución citó a indagatoria al ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y al ex secretario de Inteligencia del Estado Fernando de Santibañes, pero esa medida fue luego dejada sin efecto por Cavallo mientras estuvo al frente de la causa.
Los fiscales Federico Delgado y Eduardo Freiler se oponen al cierre de la causa, por lo tanto apelarían una decisión en tal sentido. Una fuente del caso recordó que el expediente estuvo a punto de ser archivado en más de una oportunidad y especuló con que ahora tampoco sería “una circunstancia política propicia” porque aún está “caliente” el caso de las segundas supuestas coimas en el Senado. Desde la fiscalía explicaron que desde hace más de un año el juez no hizo lugar a ninguna de las medidas solicitadas, entre ellas la ampliación de la indagatoria de Alasino porque una versión periodística indicaba que el dinero de las coimas habría sido guardado en su caja fuerte.