El dato no es nuevo. El conjunto de las privatizadas prestadoras de servicios públicos presiona por aumentar tarifas. El lobby no escatima recursos, además de su poderosa y mediática red local intervienen también los gobiernos europeos y hasta el propio Fondo Monetario Internacional. Pero aunque los actores son muchos, la amenaza fue siempre una: el potencial colapso en la prestación de los servicios. Apretadas contablemente por haberse endeudado con el exterior, pero con resultados operativos positivos, durante el 2002 las empresas sólo invirtieron en mantenimiento de emergencia. Ayer el país tuvo una muestra de su dependencia con las privatizadas. Justo cuando miles de argentinos se aprestaban a disfrutar el Boca-Independiente, un gigantesco apagón frustró el domingo. El resultado no se hará esperar, las tarifas eléctricas serán hoy el tema del día y los coletazos del corte persistirán por semanas.
Fuentes de las transportadoras eléctricas consultadas por Página/12 sintetizaron la raíz del apagón: desde el año pasado no hay inversiones en la red. Voceros de las distribuidoras sostenían hasta hace pocos días que Argentina tenía “un servicio del primer mundo con tarifas del tercero”. La realidad demostró ser otra. Ni el servicio es de primera, ni las tarifas de tercera.
Si bien las tarifas eléctricas suelen ponerse como ejemplo de quienes no ajustaron precios más allá de lo “justo o razonable”, ello no se debió a una particular gestión de las firmas, sino a un dato exógeno normalmente no destacado. Durante los ‘90, debido tanto al ingreso de nuevas plantas hidroeléctricas como a la excelente performance mostrada por las ya existentes (dado el aumento en el régimen medio de lluvias en las zonas de las represas), así como también al ingreso operativo de nuevas plantas de generación de ciclo combinado, se verificó un considerable incremento de la oferta de energía y en consecuencia una fuerte caída del precio mayorista de la electricidad. La nueva estructura de precios relativos no se reflejó de manera homogénea en las tarifas cobradas a los distintos usuarios. De acuerdo con cifras del área de Economía y Tecnología de Flacso, entre marzo de 1991 y julio de 2001, mientras el índice de precios mayoristas se incrementó el 15 por ciento, las tarifas eléctricas se incrementaran el 1,2 por ciento para los usuarios residenciales de bajo consumo, cayeron el 70,7 por ciento para los residenciales de alto consumo, el 75,9 por ciento para las industriales de bajo consumo y el 57,6 para los industriales de alto consumo.
En este punto es necesario destacar el ajuste absoluto de las tarifas si se descuenta el costo de la electricidad, es decir si se considera sólo el costo cobrado a los usuarios por el transporte y la distribución de la energía. Estos valores se ajustaron de manera constante siguiendo la inflación de Estados Unidos. Para muchos analistas, tales ajustes fueron ilegales debido a que no se respetaron dos leyes fundamentales que taxativamente prohíben la indexación tarifaria, la ley de Convertibilidad y la de Emergencia Económica.
Comparadas con el resto de las prestadoras de servicios públicos, a las eléctricas les cabe una excepción. Mientras el conjunto de las privatizadas mostraron en la última década un desempeño económico notable, con tasas de ganancia que cuadruplicaron la media de la economía argentina, las ganancias del sector eléctrico fueron más “moderadas”. La ganancia media entre el 1994 y el 2000 fue del 5,6 por ciento, con picos del 7,5 y el 8,3 en 1997 y 1998, respectivamente. Estas cifras contrastan con las ganancias de las empresas de aguas y cloacas, que llegaron a un promedio del 23,3 por ciento o de los concesionarios viales, que alcanzaron un sideral 25,8 por ciento.
No obstante, las eléctricas no se diferencian de sus pares privatizadas en su generosa política de reparto de dividendos y, en consecuencia, en haber financiado el grueso de las inversiones comprometidas con endeudamiento externo. Además, según reveló un estudio realizado por el investigador del Conicet y de Flacso Martín Schorr, parte de los fondos conseguidos en el exterior se volcaron al mercado financiero local para aprovechar el considerable diferencial de tasas. Un estudio del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina (Cespa) de la UBA mostró también que, producida la devaluación, el actual nivel de tarifas continuó permitiéndoles obtener resultados operativos positivos. En el primer trimestre, por ejemplo, considerando ventas menos costos, Edenor ganó 52,7 millones de pesos y Edesur, 43,8 millones. El problema contable, entonces, está provocado por el endeudamiento externo. El mismo endeudamiento que ahora intentan cargar a la sociedad vía tarifas y que usan para justificar invertir solamente en mantenimiento de emergencia.