Impedir hablar al otro es una mala praxis democrática, que cunde demasiado. Se ha convertido, por ejemplo, en un recurso del debate radial o televisado, incentivado por algunos comunicadores. Y en una costumbre cotidiana en otros ámbitos. La convivencia impone la obligación de admitir todas las voces, en el ágora y en el espacio mediático. Degrada la democracia quien acalle a alguien, máxime (esto es, no sólo) si apela al uso de la fuerza física. El ataque que sufrió el senador radical Gerardo Morales es, pues, repudiable. Y preocupa que reedite una mala costumbre que también padecieron dirigentes de otras banderías.

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Las declaraciones de Elisa Carrió sobre la regulación legal para la obtención de ADN desconocen sus antecedentes institucionales: fallos judiciales y la acción encomiable de las Abuelas de Plaza de Mayo. La búsqueda de las Abuelas se caracterizó por su consideración por la subjetividad de las víctimas de apropiación, fuera cual fuere su situación personal. Asociarlas con una supuesta venganza subjetiva ignora la tradición ejemplar de las Abuelas, cuya calidad moral y su respeto por los nietos merecen (muy) otro trato.