Las detenciones producidas ayer se enmarcan en una investigación que saltó a la notoriedad pública el 4 de septiembre de este año, cuando fue detenido por primera vez el droguero Néstor Lorenzo. Esta investigación, a cargo del juez Norberto Oyarbide, se enmarca a su vez en varias investigaciones judiciales, todas las cuales conciernen especialmente a los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE), provenientes de descuentos a los trabajadores, distribuidos por el Ministerio de Salud y destinados a tratamientos y remedios de altísimo precio. Según la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, “la forma de evitar estas maniobras consistiría en que estas compras no fuesen efectuadas por las obras sociales, sino directamente por el Ministerio de Salud de la Nación”.

La causa judicial en la que se produjo la detención de Juan José Zanola y otras seis personas había empezado en 2007 y se enmarca en otras varias investigaciones, especialmente en relación con la provisión de medicamentos por la APE, que se financia con fondos de los trabajadores en actividad. La investigación a cargo de Oyarbide tuvo un punto de inflexión el 4 de septiembre de este año, cuando fue detenido Néstor Lorenzo, dueño de las droguerías San Javier y Multifarma, bajo sospecha de haber vendido a obras sociales remedios obtenidos en forma ilegal, y en algunos casos vencidos o falsificados. Posteriormente fue liberado, bajo prohibición de salir del país.

El 9 de septiembre Oyarbide ordenó 18 allanamientos, y se le prohibió la salida del país a Alberto Costa, ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense. El 10 de ese mes, Oyarbide señaló una posible relación entre la causa y el triple crimen de General Rodríguez, cuyas víctimas participaban en el negocio de las droguerías vinculadas con obras sociales. El 17 de septiembre, el juzgado efectuó un procedimiento en el Policlínico Bancario, en busca de documentación.

El 24 de septiembre, el juez anunció que la investigación se ampliaba a 51 obras sociales sindicales, que habían operado con las droguerías bajo sospecha. El 4 de noviembre, Oyarbide dispuso la detención de diez personas vinculadas con la droguería Del Plata y con la farmacia 8 de Junio. Se efectuaron 60 allanamientos, en los que fueron secuestrados remedios vencidos y troqueles considerados falsos. Entre los detenidos se hallaban un médico oncólogo y directores técnicos de laboratorios.

El 21 de noviembre, Oyarbide dispuso la detención de Pedro Vommaro, empresario farmacéutico salteño. El 26 de noviembre ordenó más de 30 allanamientos y dictó la presión preventiva de Alejandro Martino, Bernardo Hogan y Alexia Bergari, directivos de Droguerías del Plata; los acusó de ser “jefes y organizadores de una asociación ilícita” y de “infringir la ley de Marcas”. También procesó, aunque sin prisión preventiva, a Jorge Moreno, de Droguería del Plata, y a Félix Vinciguerra y Fabio Di Rosso, de la droguería 8 de Junio.

Entre las causas relacionadas con delitos similares, el juez Ariel Lijo tiene a su cargo una investigación que concierne a la obra social del Ministerio de Economía, y el juez Julián Ercolini investiga la adulteración de troqueles de envases de medicamentos. En el juzgado de Claudio Bonadío está radicada una investigación referida a la obra social del sindicato de Camioneros, por presuntos delitos en relación con fondos de la APE.

En notas publicadas el 28 de julio, el 15 de agosto y el 17 de agosto del año pasado en Página/12, varias fuentes explicaron cómo “unas pocas droguerías enquistadas desde hace muchísimos años aprovechan el mercado de los ‘tratamientos especiales’, con precios altísimos”, lo cual implicaría “vinculaciones en las dos puntas de la comercialización: el laboratorio y la obra social” y operaría a partir de “medicamentos robados”, “mercados clandestinos de troqueles”, sobrefacturaciones y omisión de entrega de documentación probatoria de las enfermedades respectivas o aún de la existencia de los enfermos, a veces con la complicidad de médicos oncólogos, y todo ello en perjuicio de la APE.

Varias de las causas judiciales en marcha se originaron en investigaciones y denuncias formuladas por el Ministerio de Salud de la Nación, durante la gestión de Graciela Ocaña. Según explicó ayer a este diario la ex funcionaria, “la forma de resolver estructuralmente estas maniobras, que afectan los fondos de la APE, consistiría en disponer que las obras sociales dejen de comprar estos medicamentos especiales de alto costo: que estas compras queden directamente a cargo de la Superintendencia de Obras Sociales del Ministerio de Salud de la Nación, de la cual depende la APE; las obras sociales presentarían las recetas correspondientes. Este sistema sería similar al que rige en el PAMI o en IOMA, donde no se están registrando este tipo de delitos”.