Como si fuera un designio, la denuncia penal del Gobierno por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Martín Redrado recayó en el juzgado de Norberto Oyarbide. A su vez, el magistrado recibió otra denuncia de un abogado particular que, a la inversa, acusó a la presidenta Cristina Kirchner, por ese mismo delito, con el argumento de que no había ni necesidad ni urgencia para dictar un decreto que desplazara al titular del Banco Central pasando por alto la convocatoria a una comisión bicameral que analizara el tema.

En el mismo decreto que el jueves determinó el desplazamiento de Redrado, la Presidenta le ordenó al procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, “proceder a presentar la denuncia respectiva ante la autoridad judicial” contra Redrado por su “actitud remisa” a liberar las reservas destinadas al Fondo del Bicentenario, creado para pagar vencimientos de la deuda de este año. La presentación del Ejecutivo le imputa “mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según señalaron fuentes judiciales.

“Quien debe preocuparse por el cumplimiento de las normas, se niega a aplicarlas, y además trata de entorpecer o desconocer la acción del Directorio de la entidad, siendo ello inadmisible”, acusaba al funcionario el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 18/2010 que llevó la firma de la Presidenta y de todo el gabinete. También advertía que Redrado había intentado “suspender y evitar” la reunión de Directorio del BCRA “invocando la inexistencia de temas para ser incorporados en el orden del día y que el tratamiento de los incluidos en carpeta no reviste el carácter de urgente”.

Estos y otros elementos deberán ser evaluados por el juez Oyarbide quien, de todos modos, analiza si la medida cautelar que ordenó reponer a Redrado en el cargo tiene o no alguna incidencia sobre los expedientes que quedaron a su cargo. La denuncia que presentó un abogado, que le apunta a la Presidenta, sostiene que no tiene justificación haber echado a Redrado a través de un DNU. No estaban dadas, dijo, las condiciones para una decisión de ese tipo.

Otra de las explicaciones del denunciante coincidiría con los fundamentos que utilizó la jueza María José Sarmiento para reponer al titular del BCRA en su cargo y dejar en suspenso el decreto que lo desplazaba: que los directores del Banco Central pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo por incumplimiento de sus deberes o mala conducta “previo consejo” de una comisión bicameral presidida por el titular del Senado y los jefes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía de esa cámara y de Presupuesto y Hacienda y Finanzas de la Cámara de Diputados.

“Las comisiones cuyos presidentes deben integrar la comisión que debe aconsejar a la Presidenta no se han constituido a la fecha ni elegido sus autoridades ni lo harán conforme es público y notorio hasta el inicio de sus sesiones”, se justificó el cuestionado DNU.

Oyarbide parece tener un imán con las causas que representan alguna inquietud para el gobierno nacional. El fallo con su firma que sobreseyó a Cristina y Néstor Kirchner es la muestra más reciente. Las denuncias vinculadas con el desplazamiento de Redrado quedaron radicadas en su propio juzgado y el que subroga, que quedó vacante cuando renunció Guillermo Montenegro. Ahora les pasó la pelota a los fiscales: Guillermo Marijuán (en reemplazo de Carlos Rívolo) tendrá que decir si corresponde promover una investigación contra el jefe del BCRA, y Patricio Evers deberá evaluar si hay razones para abrir un expediente contra la propia Presidenta.