El líder de Proyecto Sur y diputado nacional Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ministro de Economía, Amado Boudou, por la intención del Gobierno de usar fondos del Banco Central para el pago de la deuda. La denuncia “por abuso de autoridad y administración fraudulenta de bienes públicos” los consideró responsables de consentir y aplicar el Decreto de Necesidad y Urgencia 2010/09 oficializado el pasado 15 de diciembre “para obtener esos fondos”.

La presentación fue redactada por el abogado Alejandro Olmos, hijo del periodista que radicó la primera denuncia penal por la deuda externa contraída durante la última dictadura militar, sobre la cual el juez federal Jorge Ballestero decretó su inconstitucionalidad. A Solanas lo acompañaron en la denuncia los diputados nacionales Jorge Cardelli, Cecilia Merchán y Liliana Parada, así como los legisladores porteños Julio Raffo y Jorge Selser, del bloque Proyecto Sur.

El recurso, que recayó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, sostuvo que “la decisión oficial no respeta el orden jurídico constitucional, que determina que un gobierno no puede negociar ni pagar una deuda sospechada de ser un fraude contra el Estado”. Y por ello pidió que se investigue a “todos aquellos funcionarios que intervengan en la disposición de utilizar fondos del Banco Central para el pago de una deuda fraudulenta e ilegítima, que el gobierno nacional se niega a someter a una auditoría”, según agregó Solanas, en declaraciones en los tribunales. El diputado y director de cine criticó “la putrefacta deuda externa que arrastramos” y apuntó a “lo curioso del conjunto de fuerzas políticas que le dieron la espalda siempre al tema de la deuda y hoy ponen el acento sobre si (Martín) Redrado sí o Redrado no”.

Por su parte, los diputados opositores Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Ricardo Gil Lavedra también desfilaron por Tribunales. En su caso concurrieron para notificarse de la resolución de la jueza María José Sarmiento a favor del amparo que presentaron contra el decreto de necesidad y urgencia que habilitó la utilización de reservas para el pago de deuda.