Mié 11.12.2002

EL PAíS • SUBNOTA

Intelectuales a favor de la unión civil porteña

Ernesto Sabato, Ricardo Darín, Juan José Sebreli, Mercedes Morán: son apenas algunos nombres entre los artistas e intelectuales que apoyan el proyecto que legaliza la unión de personas del mismo sexo. Se trata mañana en la Legislatura porteña.

Desde Ernesto Sabato hasta Isabel Sarli, desde Litto Nebbia hasta Ricardo Darín son centenares los nombres de artistas e intelectuales que sumaron su adhesión al proyecto de crear en la ciudad de Buenos Aires la figura de unión civil, que legaliza la convivencia de parejas del mismo sexo. Las firmas están al pie de una carta abierta que llegará hoy, multiplicada por sesenta, a los despachos de los diputados porteños que mañana deben tratar la ley. La recolección de firmas fue impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), entidad que presentó el proyecto en la Legislatura hace casi un año y medio.
“Consideramos una forma de desigualdad y de olvido que las uniones de pareja de quienes cada tanto son convocados para la rutina del sufragio igualitario todavía hoy no sean reconocidas en la Argentina por ningún instituto jurídico”, dice la carta abierta, redactada por el presidente de la CHA, César Cigliutti.
Los firmantes expresan su “adhesión para con la comunidad homosexual, a menudo hostilizada, y con el proyecto de Unión Civil, por debatirse, en un país que necesita más que nunca humanizar la convivencia entre sus particulares”.
Además de Ernesto Sabato, adhieren al texto los escritores Juan José Sebreli, Josefina Ludmer y Martín Kohen; los actores Cristina Banegas, Gastón Pauls, Patricio Contreras, Ricardo Darín, Mercedes Morán, Gabriela Acher, Diego Peretti, Isabel Sarli y Diego Capusotto, la cantante Nacha Guevara; el locutor Lalo Mir, la conductora Moria Casán, los periodistas Jaime Bayly, Daniel Link, Andy Kuztnezoff, Ariel Schettini y Marcela Coronel.
También sumaron su apoyo el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, Martín Bhomer; el representante de Onusida para el Cono Sur, Mario Pecheny; la abogada Nelly Minyersky, del Colegio de Abogados de Capital Federal; la defensora adjunta del Pueblo de la Ciudad, Diana Maffía, entre otros. Se agregan además las firmas de Jorge Panesi, Osvaldo Bazán, Coco Sily, Fernando Castets, Mariela Sexer, Marcelo Panozzo, Javier Porta Fouz, Gustavo Noriega y Kiwi Sainz, entre otros.
El proyecto de ley de uniones civiles, presentado por la CHA, fue redactado por la jurista y jueza de Menores de San Isidro Graciela Medina. Cuenta con dictamen favorable de cuatro comisiones legislativas y hace una semana consiguió la preferencia para ser tratado en la sesión de mañana. Ya anticiparon su apoyo los diputados del Frepaso, el ARI, los socialistas y la izquierda; diez de los trece radicales y un número no definido aún de justicialistas. Si todo sale como se prevé, la ley sería sancionada y la ciudad de Buenos Aires se convertiría en la única de América latina en legalizar la convivencia de parejas de gays y lesbianas. Sin embargo, la presión de la Iglesia Católica contra la sanción de la ley, se prevé, se hará sentir hasta el final.
De aprobarse la norma, deberá crearse en el ámbito de la ciudad un registro donde se inscribirán las parejas que convivan bajo un mismo techo, sin estar casadas. Vale tanto para las del mismo sexo como para las heterosexuales. Las primeras pasarán a gozar de los mismos derechos civiles que los concubinos de distinto sexo. Y éstos ya no tendrán que demostrar ante la ley la convivencia que mantuvieron: basta con la inscripción de sus nombres en el registro.
Entre otros beneficios, las parejas podrán contar con la obra social de sus cónyuges y el mismo régimen de licencias por enfermedad que los integrantes de un matrimonio. Eso sí, siempre que trabaje bajo relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad, ya que la norma no es aplicable a las empresas privadas ni a organismos nacionales. El registro de la unión civil, además, allanará el camino en los casos de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja: el sobreviviente no necesitará demostrar la convivencia –como ocurre ahora– para reclamar en un juicio civil una pensión o el derecho a la herencia.

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