Desde Córdoba

El 20 de diciembre del año pasado la represión policial en Córdoba se cobraba una vida de 13 años, la de David Moreno. Frente al supermercado del barrio Villa 9 de Julio, uno de los tantos escenarios donde la gente se movilizó para reclamar alimentos, David encontró la muerte a manos de la policía. Un año después, la Justicia demora inexplicablemente en imputar a los responsables, pese a que ya están identificados en el expediente. “Presentamos todas las pruebas que nos solicitaron, hoy (por ayer) denunciamos ante el Tribunal Superior la demora en diligenciar los oficios”, declaró la abogada de la familia, María Elba Martínez, para quien es urgente que se procese “desde el policía que disparó hasta el jefe de la fuerza”.
Luis Moreno, el padre de David, estaba en terapia intensiva cuando recibió la peor noticia de su vida. Hoy se lo ve abatido y junto a Rosa, su mujer, claman justicia. Pero tienen pocas esperanzas de que el crimen se esclarezca. La lentitud en los trámites judiciales, el ofrecimiento de operadores del gobierno provincial para que aceptaran un resarcimiento económico y las ofertas de dirigentes inescrupulosos son algunas de las cosas que han tenido que soportar en este año y que hicieron más dolorosa aún la ausencia del hijo.
Para instigar a la movilización y como en otros tantos barrios, el día 19 habían corrido rumores de que frente al supermercado se entregarían alimentos. Cuando en la tarde del 20 David y su hermana se enteraron de que un grupo estaba reclamando en la esquina de Piedra Labrada y Tupac Yupanqui, el joven salió por curiosidad, a ver qué pasaba. Minutos después se desató la represión y recién cuando la multitud se dispersó encontraron su cuerpo sin vida tirado en la calle. Cuatro vecinos más fueron heridos esa tarde en Villa 9 de Julio. Uno de ellos, Norma Bernasconi, puede dar testimonio de la actuación policial porque terminó con su brazo perforado por balas de plomo.
Para la abogada Martínez, los impedimentos de la fiscalía para que acceda a las fotocopias del expediente –que suma cinco cuerpos– y las demoras en el diligenciamiento de pruebas “enturbian el proceso y generan una injuria implícita. Así se lo hicimos saber hoy al Tribunal Superior en nuestra presentación”, afirmó. Martínez ha solicitado, entre otras cosas, que los fiscales Eduardo Soria y Carlos Ferrer, a cargo de la investigación, recuperen el material de video que obra en poder de los canales locales y que “son clave para determinar el lugar” de la represión. La reconstrucción del hecho es otro de los trámites pendientes, para el que todavía no hay fecha determinada.
Llama la atención la demora judicial si se tiene en cuenta que el 27 de diciembre pasado, a la semana del asesinato, se confirmó que David había sido atravesado por balas de plomo disparadas por personal policial. En la autopsia se le extrajo un proyectil de Itaka alojado en el cerebro que había entrado por la nuca y se determinó que tenía cuatro impactos más en su cuerpo, algunos con orificios de entrada y salida.
Además, un agente de la guardia de Prevención y Antidisturbios testimonió, en abril, que los proyectiles de plomo secuestrados dentro de un bolso en un móvil policial eran de las que había repartido la Guardia de Infantería para los episodios del 19 y 20 de diciembre. “Eso fue producto del allanamiento de varios móviles de la policía, lo que se hizo cuatro meses después de los hechos”, relató Martínez. A pocos días del crimen, el jefe de la Policía de la provincia, Jorge Rodríguez, había admitido que “pudo haber errores cuando se recargaban las armas” y consintió la posibilidad de que los efectivos terminaran usando “balas de procedimiento general en lugar de balas de goma”. El fiscal Soria determinó que fueron 37 los policías que participaron de la violenta represión, la mayoría de la Patrulla Preventiva Norte. Todos están identificados en la causa.