Un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) describe que seis personas perdieron la vida en diciembre de 2001 y que la mayoría de ellas eran reconocidos líderes sociales vinculados con el trabajo en zonas carenciadas y a la militancia en organismos de derechos humanos. Ninguno de estos casos se produjo en el marco de enfrentamientos armados con las víctimas ni hubo personas armadas entre los manifestantes. En esa ciudad se organizó una comisión investigadora no gubernamental integrada por diversos actores sociales, que elaboró un documento que consigna irregularidades, omisiones y falencias de los procesos por los homicidios de Juan Delgado, Yanina García, Walter Campos, Rubén Pereyra, Graciela Acosta y Claudio Lepratti. Algunas de ellas son: alteración y/o modificación del escenario de los hechos, aparente falsificación de pruebas, amenazas e intimidación a familiares de las víctimas y testigos, y fabricación de una causa penal a una de las víctimas. Las prácticas judiciales también han sido puestas en tela de juicio por el informe de la comisión.