En la carta abierta difundida en La Nación, anunciando la creación de una asociación de abogados del Proceso de Reorganización Nacional, los apellidos de muchos de sus integrantes se mantienen imprescriptiblemente unidos a las “muchas ocasiones en que Justicia y concordia han sido vulneradas entre nosotros” y en lo concreto a los “instrumentos de tortura”, las agravadas “condiciones de encierro”, y los “muertos en cautiverio”.

Y tras la reciente detención de Martínez de Hoz, y la convicción expuesta de que “ahora van por más” en los procesos judiciales por las masivas violaciones de los derechos humanos durante esa última dictadura, reanudados tras la anulación de las leyes de impunidad, el desfile cívico–militar de adherentes reconoce ahora, en esta solicitada, a casi 35 años del inicio de esa larga noche, que “abandonar la legalidad para alcanzar lo que algunos creen que sería justo, significa la destrucción del sistema civilizado de convivencia” y que “ningún ciudadano debería consentirlo y ningún hombre de Derecho dejar de denunciarlo”.

El anuncio de que son “más de trescientos abogados pertenecientes al foro de la Ciudad de Buenos Aires” debería aliviar a la defensa oficial de pobres que hasta ahora se ha venido ocupando, si es que pretenden, como dicen, no ser un grupo de presión “en la vereda de nuestro Palacio de Justicia” y atienden, dentro de los tribunales, la defensa de quienes están siendo juzgados. Y también la de aquellos que serán juzgados en un futuro, como política de Estado, en un sistema judicial orientado también a la protección de sus derechos, por la responsabilidad que les cabe en el exterminio que promovieron.

Pues la única mano seca en las heridas es la de la Verdad, la Memoria y la Justicia.

* Abogado del Colegio Público de la Capital Federal, Tº 92 Fª 514.