La titular del Juzgado de Paz de General Pico, La Pampa, Marta Covella, adelantó su negativa a casar a personas del mismo sexo por considerar a la homosexualidad una “cosa mala” bajo el argumento de su crianza “leyendo la Biblia” y adelantó que los casamientos no se cancelarán, pero los delegará en el juez de Paz suplente. La solitaria voz en respaldo a la jueza fue la de la diputada Elisa Carrió, que se manifestó a favor de respetar la “objeción de conciencia”, figura que aparecía en el descartado proyecto de unión civil que había impulsado la senadora Teresita Negre de Alonso. “La objeción de conciencia no puede aplicarse a ningún caso contra el cumplimiento de una ley civil. Con el mismo criterio, un juez podría oponerse a casar a una persona judía o un afrodescendiente”, resaltó Gustavo López, abogado de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt). Por sus dichos, la jueza fue denunciada ante el Inadi por discriminación. De cumplir con su palabra podría ser sumariada por “incumplimiento del deber de funcionario público”.

“Por una cuestión de principios cristianos, no puedo hacerlo, porque en la Biblia Dios no aprueba esa forma de vivir. No voy a esperar que todo el mundo me aplauda, y hay gente que me va a condenar, pero a mí no me importa, porque lo que yo no quiero es que me condene Dios.” Argumentos de ese tipo fueron los que utilizó la jueza Covella para adelantar que está dispuesta a perder su puesto antes que cumplir con la ley de matrimonio igualitario, tarea que aseguró delegará en el juez de Paz suplente, Marcelo García Mossman.

“Las declaraciones de la jueza son prejuiciosas, discriminatorias e ilegales. Los funcionarios que deben administrar la justicia no pueden decidir alegando argumentos que afecten a sus principios, porque estarían incumpliendo con los deberes de funcionario público”, apuntó Pedro Mouratian, vicepresidente del Inadi.

Covella es conocida en General Pico por su militancia en el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, cercano a la Federación Agraria. De acuerdo con la legislación pampeana, la jueza fue elegida en su cargo durante los comicios de 2007 y, aunque su labor depende del Poder Judicial, se presentó en la lista del intendente Jorge Tebes, electo por el Partido Justicialista y de licencia durante esta semana.

Fuentes de la intendencia aseguraron a este diario “no tener una posición tomada” sobre el matrimonio igualitario y redujeron la posición de Covella al ámbito personal. De todas maneras, la posición de la jueza está en coincidencia con la de los senadores pampeanos del PJ federal Carlos Verna y María Higonet y con el senador por la UCR, Juan Carlos Marino, que votaron en contra del proyecto. “El matrimonio está constituido por una mamá y un papá”, fue uno de los argumentos de la senadora Higonet durante el debate en el Senado.

Tras las declaraciones de Covella, el abogado de la Falgbt aseguró que “las declaraciones ya significan una discriminación en contraposición a la ley de antidiscriminación nacional y los tratados internacionales” y advirtió que de cumplir con su palabra “se le podría iniciar un sumario por incumplir los deberes de funcionario público con el riesgo de perder el cargo”. Además, López adelantó que “iniciaremos sumarios contra todos los jueces que impidan el acceso a los derechos civiles con el argumento de la objeción de conciencia. Bajo ningún punto de vista puede aplicarse”. Por su parte, la comunidad homosexual de La Pampa también anunció que denunciará a la funcionaria si se niega a casar a una pareja del mismo sexo, mientras que la juventud radical de General Pico formalizó una denuncia ante el Inadi de La Pampa. “Son los últimos manotazos de ahogado de sectores que no pueden aceptar que la legitimidad del matrimonio igualitario se ha legalizado”, resumió Mouratian.