Porque adoptaba “‘criterios de acción’ que no condicen con una sociedad democrática y republicana plasmados en la Constitución de los porteños”, la jueza Elena Liberatori ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “dejar sin efecto” el memorándum contra la toma de colegios. El texto oficial, que ordenaba identificar a los alumnos que participan de las tomas y denunciarlos a la policía, aseguró la titular del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Tributario 4, constituye una “decisión gravísima” que contraría “los valores democráticos”. Ayer al mediodía Ruanova acercó una copia del fallo al Ministerio de Educación porteño.

En su respuesta a la acción de amparo solicitada el miércoles pasado por el legislador porteño Gonzalo Ruanova, Liberatori consideró que “asentar en un acta los nombres de los estudiantes (...) tiende a conformar una verdadera ‘lista negra’ cuyos propósitos no eran difíciles de imaginar entonces, y que hoy se corroboran con el agregado singular de la eventual intervención policial”. La jueza también razonó que el documento en cuestión, emitido el 19 de agosto por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, “no expresa la causa de derecho que habilite la potestad de denunciar a alumnos y padres ante la Policía Federal Argentina”. Se trata de un texto, continuó, que compendia una serie de indicaciones carentes de “análisis de legitimidad y aun de ponderación de las razones de oportunidad, mérito o conveniencia ante otras alternativas para la solución del conflicto”.