El debate por el Presupuesto Nacional de gastos e ingresos para el año 2011 se vició este año, más que nunca, de la especulación política y electoral. En forma inusual, la oposición presentó sus propios proyectos, con modificaciones de fondo a la asignación de gastos y origen del financiamiento de los mismos sobre los cálculos propuestos por el Ejecutivo Nacional. Inusual, porque no se trata de objeciones o rechazos al criterio o al cálculo oficial, sino directamente de su sustitución por una formulación diferente. Y así le cambia el sentido a la consideración del anteproyecto de Presupuesto Nacional. En vez de considerar su aceptación o rechazo, lo que se plantea es que el gobierno nacional adopte el presupuesto confeccionado por la oposición.

Según resume el economista Horacio Rovelli (Fetyp), en un trabajo del año 2008, los presupuestos de la administración nacional se formulan y ejecutan en función de tres cuestiones:

- Cumplir con las funciones básicas del Estado.

- Administrar el sector público nacional acorde con un modelo de crecimiento basado en el mercado interno y un tipo de cambio alto.

- Lograr el superávit fiscal necesario, año tras año, para afrontar el pago de los intereses de la deuda pública e ir amortizando una parte del capital, conformando un sendero de disminución de la deuda como porcentaje del PBI, de las exportaciones y del gasto público (en relación con cada uno de ellos).

Si se observa la ejecución presupuestaria, pero fundamentalmente los resultados económicos y sociales, cabe evaluar que dichos objetivos se han ido cumpliendo en los últimos siete años, inclusive con una crisis financiera internacional mediante. Por otra parte, en particular en función de esta crisis y sus secuelas –lejos de haber sido superada, la crisis amenaza prolongarse y hasta reeditarse en forma expandida, según basta ver en el debate instalado en la actual cumbre del Grupo de los 20–, está visto que el camino adoptado por la Argentina ha fortalecido sus condiciones para defenderse y protegerse del impacto o de eventuales golpes externos.

Son cuestiones conceptuales, que dirimen decisiones estratégicas y también el modelo de desarrollo elegido. En vez de aprobar o rechazar esta propuesta, al menos dos expresiones de la oposición han optado por formular sus propios esquemas presupuestarios. Uno es de Proyecto Sur, con la autoría del diputado Claudio Lozano. El otro es del denominado Grupo A, conglomerado de partidos y alianzas que Proyecto Sur define como “oposición conservadora”, buscando tomar distancia de la misma. Otros grupos con representación parlamentaria (Movimiento Popular Neuquino y bloque de la Concertación, entre ellos) han optado por respaldar el proyecto oficial marcando diferencias parciales, para buscar el compromiso del Gobierno de su tratamiento posterior. Como podría ser un nuevo esquema de coparticipación federal de impuestos.

En el concepto de estos últimos se preserva la consideración del Presupuesto Nacional como “herramienta esencial” de la gestión de gobierno y, por lo tanto, se privilegia su respaldo, mientras no se oponga al interés general de la población. En los otros dos casos, al hacer formulación propia del Presupuesto, pareciera en cambio entenderse que el gobierno nacional necesita contar con dicha herramienta, pero debería aplicarla “a la manera” que la oposición resuelva, en caso de verse favorecida por una mayoría circunstancial. Es decir, no acorde con el modelo elegido por el Gobierno, sino con el de la oposición.

Aunque con diferencias entre ambas, las propuestas de Proyecto Sur y el Grupo A coinciden, entre varios puntos, en objetar el cálculo de gastos e ingresos del Gobierno, porque señalan que las pautas macroeconómicas utilizadas son incorrectas. Un aspecto llamativo es que se objeta la inflación estimada por muy baja, señalando que su proyección sería no inferior al 25 por ciento y que, por tanto, se trata de “un presupuesto mentiroso” (Pino Solanas) o un mecanismo “perverso de financiación” (Ernesto Sanz, radicalismo). Ambos se quedan ahí en el cuestionamiento y recalculan los ingresos previstos en base a sus propias estimaciones. De esta forma, lo que hacen es convalidar, ellos mismos, que la inflación de 2011 será la que señalan sus elevados cálculos.

¿No sería más lógico plantear un debate sobre el origen de esa inflación y hacer propuestas para combatirla, de modo que la pauta oficial se cumpla, en vez de dinamitar el Presupuesto Nacional? Incluso avanzando un poco más, el “debate inflacionario” debería llevar a discutir cómo dotar al Estado de nuevos instrumentos para combatir el abuso de grupos monopólicos (stocks de intervención, normas regulatorias) y otras distorsiones, en lugar de la anacrónica e ineficaz Ley de Abastecimiento. Pero no pasa por ahí el interés de los contendientes, al menos en esta oportunidad.