Al cierre de esta columna, cerca de la medianoche del miércoles, los diputados discutían con furor el Presupuesto 2011. Faltaba mucho para la votación en general, cuyo final se percibía parejo y abierto, lo que incluía la posibilidad de que no se aprobara ni el dictamen de mayoría oficialista ni el de minoría del Grupo A. Un desenlace sin precedentes cercanos, de pésima calidad institucional.

La paridad entre oficialismo y oposición, las duras acusaciones al interior de ésta coincidieron con el cuadro general de un año parlamentario extraño.

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Con el inicio de las sesiones ordinarias de este año florecieron lecturas entusiastas sobre las perspectivas del “nuevo Congreso”. Vaticinaban grandes debates, urdimbre de consensos, resurrección de la República. Esas versiones eran erróneas e interesadas. Erróneas porque la relativa paridad tiraba más para el lado del empate paralizante, bobo, que para la construcción de una gran agenda superadora. Interesada porque los grandes medios y “la oposición” no imaginaban de veras una articulación democrática sino torcerle el brazo al oficialismo. Algunos usaban metáforas orgánicas más chabacanas que se ahorran al lector.

Las primeras escaramuzas mostraron al aguerrido, soñado Grupo A (bautizado así por la diputada cívica Patricia Bullrich, quien a menudo desenchufa su superyó). Entró a ambas Cámaras como Atila en Roma, arrasó con tradiciones añejas, copó comisiones. Los grandes medios (la real vanguardia “A”) y los opositores se entusiasmaron.

Pronto se advirtió que golear no sería tan simple. La extrema paridad en Senadores, la cohesión del Frente para la Victoria (FpV) –que sufrió muchas menos bajas que las anunciadas–, más el ausentismo y el internismo de los opositores coadyuvaron a frenar la primera ofensiva. En las jornadas iniciales el FpV “hizo tiempo” en Senadores, retaceó el quórum (que por entonces se escribía con “q”). Los repúblicos se indignaron, el vicepresidente Julio Cobos se puso firme: anunció sanciones a los faltadores, publicó solicitadas para demostrar su tesón. El discurrir del año llevó al Grupo A a replicar esas costumbres, también especuló con dar o negar quórum. Cobos, por usar otra imagen delicada, debió enfundar su espada de Damocles.

La costumbre persistió desde entonces. Ayer mismo, Proyecto Sur y la Coalición Cívica, dos fuerzas que alardean de purismo, se negaron a bajar al recinto de Diputados hasta que el FpV consiguiera quórum o cuórum, como usted prefiera.

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Todo se hizo enmarañado y difícil. Se disiparon los presagios de una seguidilla de leyes “A” vetadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el consiguiente desgaste político. Solo en una ley relevante, la del 82 por ciento móvil, se apeló a esa herramienta constitucional.

De cualquier modo, es exagerado despreciar el producido del Congreso hasta ayer, considerando sin fantasías las endémicas dificultades de un Parlamento tan parejo, con una oposición fragmentada para colmo.

En general, cuando se deplora la decadencia del Congreso se alude a un pasado incorroborable y se subestima un fenómeno interesante, recurrente durante el mandato de Cristina Kirchner. Como nunca antes, ha habido debates seguidos por cantidades apreciables de ciudadanos, en vivo y con pasión. Claro que la comunicación ayuda pero primaron el interés, la politización, la movilización. La 125, la reforma jubilatoria, la ley de medios, el 82 por ciento, el matrimonio igualitario imantaron a la ciudadanía. Y atrajeron, quizá por primera vez a los sub 30 o sub 40.

Más allá de lo que se piense sobre cada una (que el cronista expresó en cada oportunidad) se trata de cambios institucionales importantes, impensables hace siete, diez o veinte años.

Las dos leyes no vetadas, la que amplía derechos ciudadanos y la que protege el medio ambiente, se lograron merced a mayorías transversales. En ambas fue central la presencia unificada del centroizquierda. Y a la hora de contar votos, el apoyo del FpV. Los ejemplos ilustran, por contraste, que el centroizquierda dejó pasar (hasta ahora) la oportunidad de jugar como bisagra forzando una agenda progresista. Se privilegió la interna en especial entre la fuerza de Fernando “Pino” Solanas y Martín Sabbatella. El horizonte electoral los indujo a quedar, mayormente, orbitando en torno del Grupo A o del oficialismo. Esa opción, lo electoral sobre lo institucional, no debe ser juzgada con desdén, al menos hasta que hablen las urnas. Pero puede opinarse, como lo hace el cronista, que no fue la mejor.

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El Presupuesto ingresó al final de un período tormentoso, cuando la irritación a veces hace perder timing, allende las diferencias.

Las partes extremaron posiciones. El oficialismo tiene razón al reclamar que se le apruebe, como ha ocurrido siempre. La oposición abusa de un obstruccionismo que ninguna fuerza que gobierne provincias o intendencias soporta de local.

A la vez, es cierto, como arguyen el Grupo A y Proyecto Sur, que el oficialismo subestima ingresos, crecimiento e inflación para disponer de más plata para disponer a su arbitrio.

Y, nuevamente, yerran quienes, como la líder cívica Elisa Carrió, despotrican contra acuerdos parciales, que incluyen reciprocidad en otorgar cuórum en legislaturas de provincias gobernadas por la oposición. O ventajas económicas para los territorios. Esos pactos no son espurios por naturaleza, antes bien hacen a la esencia del sistema federal. La idea de que el sistema político es una guerra de trincheras place a varios editorialistas, que siempre se ahorran comparar con realidades de otros países.

En promedio, el FpV tiene mejores argumentos que el conglomerado opositor.

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Si no hay Presupuesto 2011, el oficialismo queda con el de 2010 prorrogado, “ficto” en jerga. Eso le concedería aún mayor discrecionalidad, a cambio de un retroceso institucional que todos deberían ahorrar.

El FpV optó por jugarse a cara o ceca, sí que con varias alternativas abiertas. Si la “ley de leyes” contenía modificaciones indigestas (ni qué decir si se votaba un dictamen opositor), podía ralentar su tránsito por el Senado, incluso hasta el período ordinario del año próximo. También activar cambios en la Cámara alta o, en última instancia, vetar.

Si la norma fuera aprobada por una Cámara conservaría estado parlamentario, eso sí.

Cerrar una crónica ignorando su final es fastidioso para el cronista, pero a veces ineludible. Solo cabe reiterar que la falta de presupuesto aprobado para el 2011 sería un mal antecedente. La mayor (ir)responsable sería la oposición, que tenía el recurso (clásico y sistémico) de aprobar en general y corregir en la votación en particular. Aunque, desde luego, para emitir conclusiones certeras hay que esperar a que se conozca qué y cómo se votó.

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