El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó por “delitos de lesa humanidad” a catorce ex penitenciarios que torturaron y/o asesinaron a prisioneros en la Unidad 9 de esa ciudad durante la dictadura militar. Los principales responsables recibieron condenas a perpetuidad en prisión. No fue juzgado el jefe de todos ellos, el coronel del Ejército Fernando Aníbal Guillén, porque murió el 18 de abril de 1991, durante los años de la impunidad. Además de eludir el castigo, a su muerte Guillén fue homenajeado por las autoridades bonaerenses. En el número 5 de la revista del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires se publicó una alabanza en su memoria. El de los años 1976 a 1983 “fue un período de transformación institucional para el organismo penitenciario provincial, exteriorizado en un crecimiento material cuantitativo, pero fundamentalmente en superación y evolución cualitativa de la institución. Y mucho de ello es mérito del desaparecido ex jefe del Servicio”. El SPB que así homenajeaba al responsable máximo de la represión intramuros dependía en forma directa de la subsecretaría de Justicia, cuyo titular era Joaquín Pedro Da Rocha. Su principal asesor era el actual ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, alcaide mayor Ricardo Blas Casal. Se comprende la gratitud: durante la gestión de Guillén, Casal obtuvo tres ascensos en el escalafón penitenciario, algo tan excepcional como la designación de un miembro del SPB en un cargo de jerarquía ministerial. Da Rocha fue quien introdujo a Casal en el círculo íntimo de Scioli y ambos trabajaban para su candidatura presidencial, frustrada por la muerte de Kirchner. Aún no está decidido quién reemplazará al ex Procurador del Tesoro. Tampoco se sabe si éste volverá a su estudio o se incorporará al gobierno de Scioli.