El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expresó su “más enérgico repudio ante la represión que tuvo lugar el martes por la noche en el desalojo de un predio en Villa Soldati”. “Más allá de las responsabilidades penales y administrativas por las muertes y lesiones graves producidas, existe una responsabilidad política que obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se vuelvan a repetir situaciones similares. Es indispensable realizar una reforma estructural que garantice el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Sólo un liderazgo político eficiente sobre el sistema policial permitirá lograr un cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización”, señaló el organismo de derechos humanos. El CELS manifestó que “la represión es inseparable de la política de desalojos compulsivos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa desde 2007 como única respuesta frente al déficit habitacional, sin ofrecer ningún tipo de alternativa para los desalojados”. Finalmente, reclamó al Poder Ejecutivo “avanzar hacia una regulación específica sobre la actuación de las policías que debería funcionar como un piso común de ejercicio de derechos en todo el territorio nacional”.