La crisis por la toma de tierras, que tiene su epicentro en la ciudad de Buenos Aires, tiene su origen en el bajo nivel de inversión en vivienda social en ese territorio, de acuerdo con un informe de la Legislatura, a partir de datos oficiales. “En los últimos tres años no se ejecutaron 591 millones de pesos, que fueron derivados a otras áreas de gobierno”, dijo a Página/12 Facundo Di Filippo, secretario de Coordinación de la Legislatura y ex presidente de la Comisión de Vivienda del cuerpo. Sólo en los primeros meses de este año se ha ejecutado apenas el 18,6 por ciento de los fondos que la Legislatura destinó al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). “Pero si se descuentan los sueldos del personal, la ejecución es de apenas el 10 por ciento, y si se cuenta sólo lo invertido en obras en construcción, la ejecución llega a un ínfimo uno por ciento”, advirtió el diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social.

“Esta gestión ha bajado el promedio de inversión en vivienda, que históricamente era de un 5 por ciento del presupuesto total de la ciudad, a un 3 por ciento, pero con el alto grado de subejecución, apenas supera el uno por ciento”, graficó Di Filippo.

Los datos forman parte del informe “Buenos Aires sin techo”, realizado por la Comisión de Vivienda de la Legislatura, que preside la diputada Rocío Sánchez Andía (Coalición Cívica), con la participación de Hourest y Di Filippo, a partir de datos oficiales de la Contaduría, que depende del Ministerio de Hacienda.

El problema no radica en que la Ciudad no tenga tierras: en 2009, el Ejecutivo presentó un proyecto para enajenar 33 inmuebles pertenecientes al IVC, en el sur de la ciudad, iniciativa que fue rechazada por los legisladores de la oposición. “Como la ley no salió, el IVC transfirió terrenos mediante resoluciones de directorio, como la cesión de un terreno de ocho millones de pesos, que iba a ser para una cooperativa, al Banco Ciudad; de tierras en Casa Amarilla, que estaban destinados a vivienda, pero que pretendía el club Boca Juniors, a la Corporación del Sur, y de un lote para un precinto de la Policía Metropolitana”, recordó Di Filippo.

En su informe, Hourest sostiene que, según el Observatorio de Resultados del Gobierno de la Ciudad, “en tres años de gestión se finalizaron 81 viviendas. La cifra contrasta con las que aportó Mauricio Macri, quien asegura que ha construido más viviendas que en los últimos diez años, mientras el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, afirma que este año ya llevan terminadas 600 viviendas, una verdadera proeza, con una ínfima ejecución presupuestaria.

El presupuesto para el IVC, tal como lo aprueba la Legislatura, viene subiendo desde 2007, sobre todo porque se nutre del 70 por ciento de las utilidades por la explotación de juegos de apuestas en la Ciudad. De 333,2 millones en 2007 pasó a 478,4 millones en 2008 y 519,6 millones en 2009. “Pero con el gasto, es decir, la ejecución, ocurre lo contrario. Mientras en 2007 (gestión Telerman) se ejecutó el 86 por ciento, en 2008 se gastó el 67 por ciento, y en 2009 el 46 por ciento”, observó Hourest.

El cuadro presupuestario más dramático se dio este año: con 409,4 millones, el presupuesto fue inferior al del año anterior, y la ejecución en nueve meses había sido del 18,6 por ciento, con lo que difícilmente se alcance el porcentaje del año pasado. Aquí podría encontrarse una de las razones más fuertes del estallido.

Para el año próximo, en cambio, se prevé una suma de 814,6 millones para el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, el doble de lo asignado este año. Si bien el IVC es el órgano de aplicación de las políticas habitacionales en la ciudad, el presupuesto 2011 asigna además partidas a la Corporación Buenos Aires Sur (36,8 millones), a la Unidad de Gestión e Intervención Social (Ujis) (51,5 millones), a la Dirección de Atención Inmediata, del Ministerio de Desarrollo Social (123,7 millones), a la Unidad Ejecutora de la Ex AU3, mayormente destinados a subsidios para desalojos (196,7 millones) y al Programa de Mejoramiento de Villas (Ministerio de Ambiente y Espacio Público), 30 millones.

“Buena parte de este dinero, que se destina a subsidios para desalojados, va a parar a los punteros de las villas. que son los que les alquilan una pieza a los desalojados”, relató Di Filippo.