Convencido de desalojar el Club Albariño respetando la integridad física y moral de sus ocupantes, el juez federal Daniel Rafecas se reunió con ellos el fin de semana pasado. El encuentro duró horas, en cuyo transcurrir el magistrado pudo diferenciar dos grupos de intrusos. El ampliamente mayoritario lo componían gentes del común, acuciadas por la necesidad, respetuosas y dispuestas a dialogar sin resignar sus derechos. Una minoría activa, esquiva y diferente, mantenía continuos contactos con el exterior, sumaba abogados y gentes trajeadas de raro pelaje, manejaba celulares y handies, prepoteaba y consiguió levantar la reunión. Rafecas decidió investigar a ese grupo, comidió a la Policía Federal y consiguió pruebas llamativas. Identificó a posibles cabecillas de una presunta asociación ilícita dedicada a tomas de tierras por móviles políticos y de lucro indebido. La vinculación de estas gentes con el PRO es otro dato indiscutible.

El hecho justifica varias entradas, proyectables a situaciones más o menos análogas. La primera: las ocupaciones ilegales son herramienta de muchas familias honradas privadas de su derecho a un hábitat digno. La segunda, la resolución de las tomas debe hacerse con la ley en la mano, lo que no equivale a desidia de las autoridades ni a impunidad. La tercera es que el macrismo no sólo carece de sensibilidad social y desprecia la política de vivienda: también activa echando leña al fuego, sacando provecho de las consecuencias sociales de sus propias falencias.

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El barrio Villa del Parque, en la ciudad bonaerense de Luján, era otro terreno privado abandonado y colonizado por la maleza, la mugre, los insectos, las ratas. Varios meses atrás, fue ocupado por el Movimiento de Trabajadores Comunitarios, vinculado con el Frente popular Darío Santillán. La intención es construir viviendas populares, un jardín maternal y un Centro de Integración Comunitaria. Los ocupantes bregaron por conseguir apoyo institucional, que llegó el pasado 9 de diciembre, en la misma semana en que ocurrió la sangrienta represión en Villa Soldati. El Consejo Deliberante, por unanimidad, decidió regularizar las tierras para legalizar la ocupación y la construcción de un barrio con viviendas populares.

Cuarenta y dos familias protagonizaron la ocupación que despuntó en febrero de este año, hay 3100 inscriptas en la municipalidad de Luján en busca de soluciones a problemas semejantes.

El caso demuestra que las tomas no son una novedad de fin de temporada, sino una estrategia de supervivencia desplegada desde hace décadas. Que hay salidas parciales virtuosas si los poderes democráticos se ponen las pilas. Y que, sin restarle por eso un ápice de culpa a Mauricio Macri, el problema trasciende el espacio de la Ciudad Autónoma.

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En Quilmes, sin ir más lejos, la ocupación de terrenos pertenecientes a la multinacional Cargill es agenda desde hace largo rato. Cargill explotaba un frigorífico, Finexcor, asentado sobre un terreno de notable extensión. Lo desactivó allá por 2006 y no le asignó ningún uso ni cuidado ulterior al inmueble. El terreno, apetecido por grupos de trabajadores acuciados por la necesidad de vivienda, fue ocupado. La cuestión lleva meses. El intendente Francisco Gutiérrez actuó con reflejos propios de su formación política y sindical, en la izquierda peronista. El Barba Gutiérrez dialogó con los ocupantes y se conectó con la empresa. Le transmitió que la falta de destino del inmueble es un incumplimiento de la responsabilidad social empresaria. Dicho sea al pasar, también del Código Civil, que limita la propiedad privada, desautorizando el abuso de ese derecho. La empresa, seguramente, especulaba de taquito: desde 2006 hasta hoy el terreno ha multiplicado varias veces su valor de venta. Gutiérrez negocia la compra del predio con Cargill. El diario La Nación se indigna en nombre de los propietarios, estos (más racionales y defendidos por guardaespaldas mediáticos) miran los números.

El intendente, que revista en el Frente para la Victoria, sabe que desanudar ese intríngulis no resuelve el problema habitacional de Quilmes. Muchas viviendas sociales se han construido en estos años pero adolecen de varias carencias, las más comunes asociadas con el agua potable y las cloacas. No es una cuestión sencilla: el subsuelo provincial está usualmente contaminado por la falta de políticas medioambientales consistentes.

Así como Rafecas se mueve de modo diferente del propugnado por el macrismo y la cadena de medios privada, Gutiérrez elige otra vía política que la de Macri. El buen rumbo no basta para superar el problema.

Un desafío inmenso para construir nuevas viviendas (que el caso Cargill corrobora) es la finitud de tierras públicas disponibles. Otro abordaje interesante es la abundante cantidad de terrenos ocupados de- saprensivamente por propietarios privados, desde las empresas que especulan hasta los countries crecidos de la mano de la de-saprensión noventista.

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Los incidentes de anteayer en la estación Constitución son, como casi todo en una sociedad compleja, multicausados. Su detonante es una medida de fuerza abusiva, un corte de vías en horario central, en días agobiantes. Las reacciones mezclaron usuarios razonablemente enfurecidos, con grupos violentos organizados y jóvenes que bardean ni bien tienen una oportunidad.

La causa de la protesta es la efectivización de los tercerizados de la Unidad de Gestión Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), que hizo llaga con el asesinato del militante popular Mariano Ferreyra.

El corte de vías, una acción cuya lesividad se orienta a usuarios humildes, fue una provocación excesiva, al parecer del cronista. Lo corroboran gremialistas que participan de esa justa lucha. Como señala Pablo Villalba, delegado de los tercerizados en el área de mantenimiento de vías, la mayoría de los reclamantes están siendo efectivizados. Según Villalba, hay alrededor de 1800 que se están formalizando, merced a la movilización sindical y a la cooperación del Ministerio de Trabajo. La negociación avanza, por eso fue un grupo minoritario el que interrumpió las vías en Avellaneda.

Muchos trabajadores reconocidos en sus derechos, más vale, no son todos. Subsisten irresueltos varios, en especial los de aproximadamente 300 trabajadores que se ocupan de los baños de las estaciones de la ex línea Roca. “Desde siempre” esos laburantes carecen de todo vínculo formal con las empresas. Más grave aún: no les pagan nada, ni siquiera “en negro”. Sobreviven de las propinas que les dejan los modestos pasajeros, cuando tienen una moneda de más y se conduelen. Huelga decir que el mantenimiento y la limpieza de los baños es una actividad recontraesencial y habitual de los concesionarios, como sabrá cualquier especialista en materia laboral, entenderá cualquier no iniciado y confirmará cualquier viajero en apuros.

La irregularidad conspira contra los trabajadores. Se ignora su número, no están empadronados en lista alguna, se acusa a algunos de invocar derechos que no poseen o conchabos que no realizan. La patronal alega su propia torpeza, algo inadmisible en materia legal, y saca tajada.

Vayan algunas deducciones veloces, a mano alzada. La protesta gremial y la acción directa suelen ser funcionales para alterar el statu quo a favor de los trabajadores, lo que las legitima social y políticamente. Eventualmente, puede abusarse del recurso.

Otra referencia insoslayable, que reaparece en cualquier conflicto con muchos actores, es la desigualdad al interior de la clase trabajadora.

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La chispa se puede encender por mala fe, como en el Indoamericano o en el Albariños. O por una discutible exorbitancia del derecho a peticionar. Si prende es porque (más allá de los iniciadores) hay gentes de a pie con necesidades o problemas candentes: la vivienda, un transporte digno, trabajo decente, demandas “de segunda generación”.

La malaria disciplina y disuade. Cuando la flexibilización y el desempleo son “la ley” del mercado, ser seudotercerizado (consentir fraude laboral) puede ser una salida y hasta una bendición. Se percibe menos la calidad de los trenes cuando se viaja y se come salteado.

Con el crecimiento y cierto alivio se multiplican y sofistican las demandas, se potencian las reivindicaciones. Construir viviendas es necesario, lo que deriva a la necesidad de encontrar terrenos adecuados, con acceso al agua potable. Todo requiere tiempo, dedicación y muchos recursos económicos.

En esta reseña se ha hablado de particulares dignos que transgreden la ley o que se sacan porque no pueden más o porque intuyen que hay una oportunidad para quien reclama. También hay provocadores, abusadores, políticos ventajeros que hacen negocios espurios.

Sobrevolamos respuestas institucionales adecuadas de un juez, un intendente y un consejo deliberante. Vale la pena contrastarlas con los métodos y modos salvajes de Macri.

El cronista supone que su labor es dar cuenta de cuán polifacéticos e intrincados son los fenómenos, aunque más no sea porque para generar bronca y simplismo hay demasiada competencia.